Anabella España Reyes, Abelino Salvador Mejía, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo son integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), conformado por más de 18 comunidades del departamento de Retalhuleu, la mayor parte de ellas ubicadas en el municipio de Champerico. La mayoría de la población son personas sobrevivientes de masacres, refugiados durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y reubicados en la Costa Sur, por lo que la población pertenece a los pueblos mayas Mam, Ixil, K’iche’ y mestizo. Su principal objetivo es la defensa del territorio, del derecho de acceso al agua, a la vida y a la agricultura a pequeña escala en la región de la Costa Sur del país.
El Consejo tiene su origen en el año 2015, cuando los efectos de la expansión del monocultivo de extensión y el uso de agroquímicos y pesticidas a gran escala afectó directamente la producción agrícola familiar de las comunidades aledañas, perjudicando la salud de sus habitantes. Asimismo, el altísimo consumo de agua para la producción de caña de azúcar, llevó a una situación de desabastecimiento para las comunidades.
Por este motivo se llevó a cabo la realización de una mesa técnica integrada por Instituciones del Estado y comunidades de Retalhuleu y se llegó a acuerdos que no fueron cumplidos. Este incumplimiento provocó una protesta pacifica, por parte de las comunidades, el 24 de noviembre de 2017. Dicha protesta fue usada como excusa para acusar a las 4 personas defensoras de los delitos de coacción, amenazas y detenciones ilegales. La denunciante fue una ex trabajadora del ingenio azucarero El Pilar, quien funge como querellante adhesiva en la acusación. En diciembre de 2018 las personas defensoras fueron notificadas de la denuncia; el 23 de agosto de 2019 se realizó la audiencia de primera declaración y la jueza asignada resolvió falta de merito y les dejó en libertad. Sin embargo, por un recurso de apelación presentado por la ex-trabajadora de El Pilar, y aceptado por la Corte de Apelación de Retalhuleu, el caso sigue abierto, aunque todas las audiencias programadas desde entonces han sido suspendidas por razones varias.
El 22 de octubre de 2021 ese realizó una audiencia en la Corte Mixta de Retalhuleu. Como anticipado por las y los abogados, las 4 personas defensoras fueron ligadas a proceso y se les otorgó medidas coercitivas.
En la audiencia del 21 de septiembre de 2022, audiencia del acto conclusivo de la fase procesal preparatoria, el MP presentó acusación por los delitos de amenaza, coacción y detención ilegal. El juez decretó el sobreseimiento de las causas relacionadas con los delitos de amenazas y coacción y ligó a los acusados a proceso por la supuesta comisión de un delito de detención ilegal, por lo que se reactivaron las medidas sustitutivas: arresto domiciliario, prohibición de salir del territorio y firma del libro cada 30 días. Los abogados solicitaron la apertura de juicio y se fijó la audiencia de ofrecimiento de prueba para el próximo 9 de febrero de 2023.
En los meses de octubre y noviembre de 2022 las cuatro personas criminalizadas se presentaron al juzgado de paz de Champerico para la firma del libro. En estas dos ocasiones los documentos para la firma del libro no estaban preparados, retrasando así el proceso judicial. En los primero meses de 2023 la firma del libro se pudo realizar el 16 de enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo, respetando de esta forma la medidas sustitutivas.
El 9 de febrero de 2023 se realizó una audiencia de verificación de las pruebas presentadas por ambas partes, las cuales fueron aceptadas en su totalidad. En el curso del mes de mayo se programaron audiencias para realizar la presentación de las pruebas, las cuales fueron programadas para los días 16, 17 y 18 de mayo. El día 30 de mayo de 2023, tras más de cinco años de criminalización, la jueza dictó sentencia y las 4 personas fueron absueltas del delito de detención ilegal al no existir elementos que pudieran establecer hecho delictivo, ni la participación en la manifestación pacífica a raíz de la cual comenzó el proceso. Durante el largo tiempo que duró la criminalización, estas cuatro personas vieron limitada su libertad de movimiento, lo que impactó en el desempeño de su labor como defensoras, así como en su economía familiar y en el acceso a atención sanitaria.