Anabella España Reyes, Abelino Salvador Mejía, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo son integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), conformado por más de 18 comunidades del departamento de Retalhuleu, la mayor parte de ellas ubicadas en el municipio de Champerico. La mayoría de la población son personas sobrevivientes de masacres, refugiados durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y reubicados en la Costa Sur, por lo que la población pertenece a los pueblos mayas Mam, Ixil, K’iche’ y mestizo. Su principal objetivo es la defensa del territorio, del derecho de acceso al agua, a la vida y a la agricultura a pequeña escala en la región de la Costa Sur del país.
El Consejo tiene su origen en el año 2015, cuando los efectos de la expansión del monocultivo de extensión y el uso de agroquímicos y pesticidas a gran escala afectó directamente la producción agrícola familiar de las comunidades aledañas, perjudicando la salud de sus habitantes. Asimismo, el altísimo consumo de agua para la producción de caña de azúcar, llevó a una situación de desabastecimiento para las comunidades.
Por este motivo se llevó a cabo la realización de una mesa técnica integrada por Instituciones del Estado y comunidades de Retalhuleu y se llegó a acuerdos que no fueron cumplidos. Este incumplimiento provocó una protesta pacifica, por parte de las comunidades, el 24 de noviembre de 2017. Dicha protesta fue usada como excusa para acusar a las 4 personas defensoras de los delitos de coacción, amenazas y detenciones ilegales. La denunciante fue una ex trabajadora del ingenio azucarero El Pilar, quien funge como querellante adhesiva en la acusación. En diciembre de 2018 las personas defensoras fueron notificadas de la denuncia; el 23 de agosto de 2019 se realizó la audiencia de primera declaración y la jueza asignada resolvió falta de merito y les dejó en libertad. Sin embargo, por un recurso de apelación presentado por la ex-trabajadora de El Pilar, y aceptado por la Corte de Apelación de Retalhuleu, el caso sigue abierto, aunque todas las audiencias programadas desde entonces han sido suspendidas por razones varias.
El 22 de octubre de 2021 ese realizó una audiencia en la Corte Mixta de Retalhuleu. Como anticipado por las y los abogados, las 4 personas defensoras fueron ligadas a proceso y se les otorgó medidas coercitivas.
El día 21 de septiembre de 2022 tuvo lugar el acto conclusivo de la fase preparatoria del proceso. En la audiencia, el MP presentó acusación contra las 4 personas defensoras por los delitos arriba mencionadas y el juez decretó el sobreseimiento de las causas relacionadas con los delitos de amenazas y coacción. Sin embargo, ligó a la y los defensores a proceso por la supuesta comisión del delito de detención ilegal. Además, reactivó las medidas sustitutivas, del artículo 264 CPP, que esta vez incluyen: arresto domiciliario, prohibición de salir del territorio y firma del libro cada 30 días.
Las dilataciones que se han dado en este proceso judicial se repiten en muchos otros casos de personas defensoras criminalizadas, traduciéndose en un fuerte desgaste físico, económico, emocional y social para ellas, sus familias y sus organizaciones.