[Originalmente publicado en el Informe Anual 2022]
En diciembre de 2018 empezamos a acompañar a la Multisectorial de Chinautla, debido a las amenazas y procesos de criminalización que estaban sufriendo. En ella se agrupan comunidades Poqomán de 7 cantones de la municipalidad de Chinautla, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y otros colectivos como la Asociación de Mujeres Alfareras, asociaciones de jóvenes e Iglesias Católicas y Evangélicas del municipio de Chinautla La Vieja.
En 1997 el Estado comenzó a extender licencias de explotación minera en la zona, sin contar con sus habitantes, y por tanto saltándose el derecho a la consulta previa, libre e informada recogida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por el Congreso de la República el 5 de marzo de 1996.
Frente a la violación de este derecho, la población de Chinautla decidió organizarse para exigir el cese de la explotación minera, por los fuertes impactos negativos que esta tiene sobre la población: contaminación del ambiente que provoca, entre otras, enfermedades respiratorias; deslizamientos de tierra y derrumbes de infraestructuras; grietas en las casas; etc.
Además, la actividad minera está afectando uno de los medios de vida más importante para la población de la zona, la alfarería, que paradójicamente está declarada patrimonio nacional por el Ministerio de Cultura, pues es un trabajo artesanal que utiliza como materia prima el barro de la zona. Las empresas areneras están afectando la calidad del barro y por ende a la actividad económica de estas comunidades.
A parte de la actividad de estas empresas areneras, la población también se está viendo afectada por la contaminación del río Las Vacas que pasa por Chinautla, la cual proviene del basurero de la zona 3 de la Capital. Este problema se agrava profundamente en la época de lluvias. Según Efraín Martínez, autoridad ancestral y defensor de los derechos colectivos del Pueblo Maya Poqomán en Chinautla, “cuando crecen las aguas del río por las lluvias, las toneladas de basura son arrastradas y perjudican al medio ambiente del pueblo Poqomán porque no se ha hecho protección en los meandros y cuando las aguas topan en las riberas deslizan las tierras de los vecinos”. Las crecidas de tres ríos que arrastran basura de la Ciudad de Guatemala ponen en riesgo a 1.550 familias que viven allí, eso, sumado al problema de erosión de la tierra por las fallas geológicas, y a la extracción de arena en el cauce del río, es catastrófico.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha determinado que, tanto la situación de contaminación ambiental, como las actividades extractivas, afectan al entorno y a la salud pública de la zona y dificultan la construcción de viviendas en diversos puntos del municipio, pues no se cuenta con una planificación urbana acorde con la topografía del área. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no actúan frente al desastre.
La ausencia de respuesta frente a estas problemáticas ha hecho que la situación en Santa Cruz de Chinautla sea insoportable, llevando a las autoridades indígenas de Chinautla a iniciar un plantón el 27 de junio del año 2022 para frenar la operación ilegal de las empresas areneras. Según las autoridades indígenas, el 25 de junio venció la licencia de explotación de arena con la que cuenta la empresa Piedrinera “San Luis” para poder operar en el municipio, pero continúan extrayendo el material de forma ilegal.
Con el inicio del plantón, ubicado en la entrada de la empresa Piedrinera San Luis en el km 12 de la carretera hacia Chuarrancho (por donde pasan constantemente los camiones cargando toneladas de piedras y arena destinadas al sector de construcción) se intensificó nuestro acompañamiento a la Multisectorial y nuestras visitas al plantón. Acompañamos a varias reuniones con autoridades encargadas de tomar acciones para mitigar los daños, facilitadas por el diputado Aldo Dávila. En reuniones con el MEM lograron confirmar el vencimiento de las licencias de la arenera La Primavera y la Piedrinera San Luis; sin embargo el MEM no ordena el cese de las actividades extractivistas. Con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) denunciaron los daños ambientales causados por la extracción de materiales y con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) buscaron encontrar acuerdos con transportistas y empresarios en mesas de dialogo, todo ello sin éxito.
En agosto de este año la CONRED constató nuevamente los daños provocados por las empresas areneras. Los resultados fueron presentados en una mesa de seguimiento con presencia del MEM, el MARN, la CONRED y las autoridades ancestrales del pueblo Poqomán. Hasta el momento esto no se ha traducido en ninguna acción para paliar estos daños.
Todos los daños mencionados los hemos podido observar directamente en nuestras visitas a la zona. Además sufren una fuerte escasez de agua potable, la cual solo llega a sus casas cada 3 semanas por un día. Las demandas de la población son la reparación de los daños ocasionados por las empresas y la realización de la consulta sobre las actividades económicas en su territorio. Desde que iniciaron el plantón, la situación de seguridad ha empeorado, aumentando las amenazas contra las personas de la Resistencia. Todo esto mantiene a la población con miedo y preocupación.