Lugar

Municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.

Área de trabajo y derechos defendidos

La Resistencia Pacífica de la Puya inició su activismo en el año 2010. Desde entonces, residentes de 12 aldeas de los municipios de San Pedro Ayampuc (SPA) y San José del Golfo (SJG) manifiestan su desacuerdo con el proyecto minero El Tambor, Progreso VII derivada (oro y plata). Este proyecto de explotación a cielo abierto, forma parte de una serie de planes mineros para explotar al nor-oriente del departamento central de Guatemala.

Reclaman su derecho a la información y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios. Defienden su derecho al agua y a un medio ambiente saludable, y reclaman que se realice un estudio de impacto ambiental independiente, ya que el actual fue elaborado por la propia empresa y contiene muchos fallos técnicos. A criterio de la Resistencia, el proyecto minero tendría enormes impactos negativos en el medio ambiente y la población: aumento de los niveles de arsénico, y otras sustancias, en el agua utilizada para consumo humano, riego de cultivos y otras actividades de subsistencia; la contaminación atmosférica por la dispersión de arsénico y otros químicos, lo que afectaría los cultivos, los acuíferos y la salud de las y los habitantes.

Descripción de la problemática

Desde el año 2010 las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc están llevando a cabo acciones de resistencia pacífica para manifestar su desacuerdo con el proyecto minero "Progreso VII Derivada", que está planificado en la zona con licencia otorgada por las instituciones públicas competentes. Una de las acciones llevadas a cabo por la Resistencia fue el bloqueo de la entrada a la mina en el año 2012, que fue desalojado en mayo de 2014. PBI observó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía durante dicho desalojo. Integrantes de la Resistencia de La Puya han sufrido amenazas, intimidaciones, e incluso un intento de asesinato hacia una de sus integrantes. Asimismo varias personas están haciendo frente a juicios penales basados en acusaciones realizadas por actores vinculados a la empresa, habiendo sido condenadas tres de ellas a nueve años de prisión. En 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó la suspensión de los trabajos de la mina y la realización de una consulta comunitaria.

Acompañamiento de PBI

PBI acompaña el proceso de Resistencia Pacífica y legal de “La Puya” desde noviembre de 2012.

En septiembre de 2012, la organización Guatemalan Human Rights Commission (GHRC) otorgó a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo el Premio Alice Zachmann para Defensores de Derechos Humanos.