El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) es una organización indígena y campesina que lucha desde hace más de 36 años por el acceso a la tierra, la defensa del territorio, el trabajo digno y la justicia agraria. Fue fundada en 1981 en el Altiplano Occidental y después de los Acuerdos de Paz se amplió a la región de Alta Verapaz. Hoy en día trabaja en 20 departamentos del país. Además de ser un movimiento campesino, CCDA tiene una cooperativa de café que vende sus productos en Canadá y Europa, lo cual les ayuda al sostenimiento de la organización.

 

En julio de 2018, tras recibir una petición, desde Brigadas Internacionales de Paz empezamos a acompañar al CCDA - Región las Verapaces, que cubre los departamentos de Alta y Baja Verapaz, además de la región de El Estor en Izabal y parte de Zona Reyna en Quiché, donde sus principales objetivos son la defensa, recuperación y acceso a la tierra. Solo en esta región, el CCDA acompaña a mas de 150 comunidades q’eqchi’ que han sido reprimidas y despojadas de su tierra o que se encuentran inmersas en conflictos por la tenencia de la misma. Debido a las luchas que llevan a cabo, muchos y muchas de sus integrantes enfrentan todo tipo de riesgos: amenazas varias, procesos de criminalización, secuestros e incluso asesinatos.

 

El CCDA - Región las Verapaces esta liderado por dos mujeres: Lesbia Artola en la coordinación e Imelda Teyul en la facilitación organizativa. Ambas lideresas son blanco de amenazas, intimidaciones y difamaciones con claros tintes machistas cuya intención es, entre otras, poner en cuestión su capacidad de liderazgo por el hecho de ser mujeres. Como defensoras tienen que enfrentar los mismo riesgos que sus compañeros hombres y, además, riesgos específicos marcados por el machismo y el sexismo.

 

La organización incorpora el enfoque de género a su trabajo, acompañando a mujeres integrantes de CCDA cuyos derechos han sido violados durante desalojos extrajudiciales violentos, brindándoles apoyo psicológico y asesoría jurídica. Hacen hincapié en la consecución de una mayor equidad entre mujeres y hombres en las comunidades que acompañan, impartiendo talleres sobre nuevas masculinidades, lo que según Lesbia Artola ha logrado que haya una mayor concienciación de los hombres en torno a la equidad de género. Según nos comenta, con este trabajo han conseguido que haya mayor participación de las mujeres a nivel comunitario, siendo un ejemplo de ello la composición paritaria de la junta directiva de la organización, la cual está compuesta a partes iguales por mujeres y hombres: Años atrás no existía un reconocimiento de la lucha de las mujeres. A veces para los desalojos, en primera fila iban las mujeres, pero nunca se les reconocía su rol. Hoy en día sí se reconoce a la mujer defensora del territorio, hay mas participación, las juntas directivas están compuestas por hombres y mujeres, nuestras autoridades ancestrales son hombres y mujeres, hay mas participación de la mujer en todos los espacios. Sin embargo, Lesbia tiene claro que hay que seguir trabajando para lograr aun mayor participación activa de las mujeres indígenas a nivel municipal, departamental y nacional.

 

La lucha por la tierra fue una de las principales causas del conflicto armado interno que sufrió Guatemala durante 36 años (1960-1996), problemática que a día de hoy sigue sin resolverse y es el motor de lucha de muchas organizaciones campesinas e indígenas, como es el caso del CCDA. El reconocimiento de los títulos de tierra, y las disputas sobre ellas, sigue constituyendo un gran problema en muchas regiones del país, incluidas las Verapaces.

 

Con la reforma liberal de finales del siglo XIX, la elite terrateniente toma el poder (Justo Rufino Barrios) y promulga leyes con la fuerza coercitiva del Estado para acaparar las tierras comunales de los indígenas aptas para el cultivo del café y a la vez imponer un régimen de semi esclavitud: el trabajo obligatorio en fincas o en la construcción de infraestructuras para facilitar el desarrollo del nuevo modelo. (...) Riqueza de unos pocos y miseria de muchos. La población indígena q’eqchi’, despojada de sus tierras, fue sometida a un sistema económico feudal que la obligó a trabajar como mozos colonos* en las fincas de café.

 

Según Jorge Santos, coordinador de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), Alta Verapaz fue el último departamento en salir del colonato. A lo largo del tiempo las fincas fueron cambiando de dueños pero los colonos permanecieron. Cuando terminó el colonato las familias campesinas e indígenas que habían trabajado la tierra fueron expulsadas de las fincas y no se las brindo ninguna alternativa de sobrevivencia, por lo que se vieron obligadas a reclamar tierra en la que poder vivir y cultivar sus alimentos. A día de hoy la situación no está resuelta, existiendo innumerables conflictos entorno a la tenencia de la tierra, que en varias ocasiones desembocan en desalojos de familias y comunidades enteras, a las que la mayoría de las veces no se les ofrece una alternativa de vida. La desigualdad en la distribución de la tierra en Guatemala no ha variado en los últimos 50 años y continúa siendo una de las más altas de América Latina.

 

Para Lesbia Artola los conceptos están equivocados, pues se tilda a las y los campesinos de invasores de la tierra, pero bajo su punto de vista los auténticos invasores son los finqueros y las empresas. Sin embargo se acusa al pueblo q´eqchi’ de invadir su propio territorio, del cual ha sido despojado a lo largo de la historia.

 

El CCDA busca vías pacíficas de solución a los conflictos de tierra, participando activamente en procesos de diálogo con diferentes instituciones del estado. En 2017, después de llevar a cabo un plantón a la par del Palacio Nacional, donde participaron más de 400 familias q’eqchi’, lograron que se firmase un acuerdo con el Vicepresidente, Jafeth Ernesto Cabrera Franco, para establecer una mesa de dialogo. En ella se priorizaron 42 comunidades y se establecieron hojas de ruta encaminadas a encontrar soluciones a la conflictividad agraria. En estas mesas de dialogo participan representantes de dichas comunidades y se tratan problemáticas como las de las comunidades desalojadas, el acceso y adjudicación de tierras y las comunidades en áreas protegidas. Las mesas son convocadas por la Comisión Presidencial de Diálogo y por parte del estado participan varias instituciones como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Gobernación (MinGob), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

 

A raíz de estas negociaciones se logró que en diciembre de 2018 FONTIERRAS firmase la compra de una finca para la reubicación de 81 familias de 5 comunidades. Estas comunidades, algunas de las cuales han sufrido desalojos, por fin tendrán sus propias tierras para vivir y cultivar. Sin embargo, Lesbia lamenta que los logros son pocos: son avances, pero imagínense cuantos años llevamos pidiendo justicia, y se trata de 81 familias, pero quedan muchas más en la región que siguen con el mismo problema y sufren la conflictividad agraria. Además, destaca que después de que se estableció la hoja de ruta, en vez de bajar, la conflictividad fue avanzando. Este año ha sido el peor para el CCDA en términos de agresiones contra sus integrantes. Ser un supuesto invasor en su propio territorio, como lo describe Lesbia Artola, se traduce en que líderes y lideresas comunitarias y autoridades ancestrales que forman parte del CCDA sean sujetos de criminalización, encarcelación y asesinatos.

 

Entre 2016 y 2018 han sido asesinados seis defensores e integrantes del CCDA – Región las Verapaces. 2018 ha sido un año especialmente crítico, pues entre mayo y junio se produjeron tres de estos seis asesinatos. A esto hay que añadirle la desaparición, entre 2017 y 2018, de dos miembros de la organización, Abelino Zacarias, quien presentó un amparo en contra de la hidroeléctrica Rocja Pontilá y Manuel Cabnal, que luchaba en contra de los efectos contaminantes de las empresas de aceite de palma en la región. Según Lesbia Artola, todos eran compañeros que participaban mucho, entregados a la lucha por la defensa del territorio. Además, todos los líderes asesinados participaban en las mesas de diálogo, lo cual es un dato preocupante pues parece que esta participación se ha convertido en un factor de alto riesgo. A pesar del sufrimiento que estos asesinatos han provocado en las familias, y del riesgo que supone participar en estas luchas, Lesbia nos comparte que las viudas de estos líderes siguen luchando por sus tierras.

El asesinato es el mayor riesgo al que están expuestas las personas que defienden la tierra y el territorio, pero no es el único. Según los datos que maneja CCDA, actualmente más de 300 integrantes de la organización tienen órdenes de captura. Tan solo en la comunidad de Nueva Libertad (Cobán, Alta Verapaz) constituida por 32 familias, existen 70 órdenes de captura.

 

Muchas de las personas que se encuentran criminalizadas son acusadas del delito de usurpación agravada. Este es el caso de Martin Chu Cajbon y Erwin Haroldo Choc, integrantes de la junta directiva del CCDA, capturados en agosto de 2018 cuando salían de una mesa de diálogo con COPREDEH, donde habían participado en calidad de representantes de la organización. Permanecen en la cárcel hasta la fecha.

 

Otros integrantes del CCDA que se encuentran detenidos desde enero y marzo de 2018 son Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, de la Comunidad Choctun Basilá, acusados del asesinato en 2015 de un empleado de una cooperativa que opera en la comunidad. Esta cooperativa puso la denuncia en 2017 en contra de 16 personas de la comunidad por el mismo hecho. Dos de estas personas, que estuvieron en prisión preventiva durante un año, fueron liberadas en agosto de 2018 por falta de pruebas.

 

Según la coordinación de CCDA - Región las Verapaces, estos ataques obedecen a la voluntad de frenar las luchas por el territorio. Es una reacción al fortalecimiento que se ha dado en las comunidades, que han ido creciendo en preparación para enfrentar estos conflictos. La expresión y presencia de las comunidades en las mesas de diálogo parece que molesta, pues es indicativo de que ya no se someten, resisten. Por ello, explica Lesbia, para frenar toda la lucha, es mejor matar a un dirigente comunitario o capturarlo. Como han visto una lucha clara y que se ha demostrado el derecho histórico de las comunidades, entonces reprimen, asesinan, secuestran, amenazan y persiguen a todos los defensores y defensoras de tierra y territorio.

 

Lesbia expresa que una fortaleza del CCDA es la solidaridad existente dentro de la organización. Tienen una lucha clara y legítima por la defensa de los territorios y los bienes naturales. Uno de los logros que destaca es el hecho de que, desde 2016, no ha habido desalojos violentos, y explica que antes de esta fecha los desalojos se caracterizaban por la quema de viviendas, la destrucción de cultivos, las violaciones de las compañeras y la violencia hacia los niños y las niñas.