El 2018 en Guatemala fue un año que se vio marcado por el incremento de los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, con un total de 392 agresiones según el registro de la UDEFEGUA. Únicamente en los primeros seis meses del año 2019 ya se han producido 327 agresiones contra personas defensoras, lo que evidencia la profundización de la auténtica crisis que experimenta el derecho a defender derechos humanos en Guatemala. En materia de criminalización, la ONU Derechos Humanos y la CIDH han expresado reiteradamente su preocupación por la situación de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, particularmente de campesinos e indígenas que defienden el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades.

Durante el mes de marzo de 2019, PDH y OACNUDH Guatemala publicaron el informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad. Dicho informe se basa en más de 190 entrevistas, realizadas con personas defensoras de derechos humanos, autoridades estatales y otros, así como en misiones de observación en todo el país, durante el período comprendido entre enero de 2017 y abril de 2019.

El informe muestra que durante 2019 se observa el incremento de la criminalización de las personas defensoras de Derechos Humanos. Se documenta el débil sustento jurídico de los casos contra las personas defensoras incluyendo denuncias sustentadas en hechos infundados o no constitutivos de delito, así como la falta de calidad de las pruebas e imparcialidad en las acusaciones presentadas contra las personas defensoras. Este hecho se evidencia en los numerosos casos que han sido sobreseídos, cerrados o en los cuales las personas defensoras fueron absueltas.

El 6 de febrero, José Méndez Torres, Melvin Álvarez, Ignacio Sacarías, Miguel Baudilio Canán, Isaac Cortez y German Torres, de la comunidad Corozal Arriba (Zacapa), recobraron su libertad tras haber permanecido casi un año en prisión. Estos seis comunitarios criminalizados, fueron capturados el 17 de mayo de 2018 al salir de una asamblea en la que se abordó el derecho al agua. Se les acusó del asesinato de tres personas. Tras una sentencia condenatoria en su contra, se presentó una apelación mediante la cual se logró demostrar su inocencia.

En abril, el defensor Abelino Chub fue declarado inocente y absuelto de todos los cargos en su contra. En su fallo, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” resaltó que se pudo constatar que se está haciendo uso del derecho penal para criminalizar la labor del acusado sin existir comisión de ningún delito.

Igualmente, en el informe citado, se constata la demora en los procesos judiciales y periodos extendidos de prisión preventiva, donde las personas son expuestas a riesgos adicionales como extorsiones y violencia, así como malas condiciones de vida y salubridad en los centros de detención, destacando que, en el caso de autoridades indígenas, a pesar de ser absueltas, los largos procesos judiciales producen un serio impacto en las comunidades que lideran.