El territorio guatemalteco y sus bienes naturales han sido fuertemente afectados en el semestre primeros por números y muy intensos incendios que, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (CONRED), afectaron a más de 179 mil hectáreas de bosques, y, después, por fuertes inundaciones. Lo anterior, efectos del cambio climático y del impacto humano, ha provocado fuertes pérdidas en los cultivos locales e impacta en la seguridad alimentaria de la población, especialmente la que tiene menos acceso a recursos financieros.
Uno de los departamentos más afectados ha sido el departamento de El Petén. En el mes de marzo, comunidades de la Laguna del Tigre y la Sierra Lacandón de este departamento presentaron ante el Congreso de la República sus propuestas para reformar dos decretos de la Ley de Áreas Protegidas (LAP) y la Ley que protege la Biosfera Maya. Las comunidades asentadas dentro de la zona han sufrido grandes violaciones de derechos humanos por encontrarse en un contexto territorial en el que se están desarrollando, y continúan planificándose, megaproyectos de explotación de la tierra y bienes naturales. Lo que proponen estas comunidades es su reconocimiento como cuidadoras de las áreas protegidas y como guardianas de esos territorios y se oponen a que el Estado siga dando permisos a proyectos extractivos como el concedido a la empresa petrolera Perenco, que opera dentro de estas áreas protegidas.
En relación a la presencia de proyectos extractivos rechazados a través de consultas a la población local, el 9 de enero de 2024, el entonces gobierno de Alejandro Giammattei emitió la licencia ambiental para operar como una mina a cielo abierto (cambiando el método de extracción de minerales directamente desde la superficie, con consecuente incremento del riesgo de contaminación de agua por el drenaje de ácido y la lixiviación de metales) para el proyecto Cerro Blanco, de la empresa minera canadiense Bluestone Resources. La mina Cerro Blanco se ubica en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, a 15 kilómetros de la frontera con El Salvador y tiene impactos sobre las aguas de tres países fronterizos (Guatemala, El Salvador y Honduras). En el mes de junio de 2024, el actual Gobierno de Guatemala, a través de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, revocó por anomalías la licencia ambiental del proyecto. La ministra de Ambiente Patricia Orantes declaró que «Vamos a trabajar en estos días para poder declarar una moratoria a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto».