La defensa del territorio sigue siendo un reto lleno de riesgos para defensores y defensoras de DDHH, en su mayoría indígenas campesinos y campesinas. Según el informe Raíces de Resistencia de Global Witness publicado este año, Guatemala ocupó en 2024 el segundo lugar a nivel mundial con más asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, solo después de Colombia. Aun no hay datos sistematizados para 2025, pero todo apunta a que esta tendencia tan negativa continua.
Un caso sangrante es el de la minería en Izabal. Durante este semestre, 54 comunidades de Livingston tomaron las calles para manifestarse en contra de 10 licencias mineras otorgadas en la Sierra Santa Cruz, una reserva natural ubicada entre Izabal y Alta Verapaz. Las licencias, solicitadas por la empresa Río Nickel S.A., subsidiaria de una empresa canadiense llamada Central American La defensa del territorio sigue siendo un reto lleno de riesgos para defensores y defensoras de DDHH, en su mayoría indígenas La defensa del territorio sigue siendo un reto lleno de riesgos para defensores y defensoras de DDHH, en su mayoría indígenas campesinos y campesinas. Según el informe Raíces de Resistencia de Global Witness publicado este año, Guatemala ocupó en 2024 el segundo lugar a nivel mundial con más asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, solo después de Colombia. Aun no hay datos sistematizados para 2025, pero todo apunta a que esta tendencia tan negativa continua.
Un caso sangrante es el de la minería en Izabal. Durante este semestre, 54 comunidades de Livingston tomaron las calles para manifestarse en contra de 10 licencias mineras otorgadas en la Sierra Santa Cruz, una reserva natural ubicada entre Izabal y Alta Verapaz. Las licencias, solicitadas por la empresa Río Nickel S.A., subsidiaria de una empresa canadiense llamada Central American Nickel (CAN), fueron aprobadas en 2023, durante el gobierno de Giammattei. Dichas protestas comenzaron el 16 de junio, después de que los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazasen la petición de revocar las 10 licencias. Las comunidades denuncian que las operaciones extractivas afectarían a los nacimientos de agua que abastecen a la población de Livingston. Fue la falta de una clara toma de posición por parte de los Ministerios frente a esta demanda, lo que desencadenó las protestas.
Días antes, en el marco de la iniciativa de dialogo sobre la propuesta de la Ley de Agua, representantes del MARN se habían reunido con pescadores artesanales, la directiva de la Gremial de Pescadores de El Estor y autoridades indígenas de El Estor y del pueblo Garífuna de Livingston, para discutir esta propuesta. Representantes del gobierno afirmaron la voluntad del actual gobierno de crear una ley que garantice agua potable y la protección de los ríos y lagos, mientras que autoridades indígenas y representantes de los pescadores destacaron la importancia de defender y proteger las fuentes de agua de las actividades de las empresas palmeras y mineras que explotan el territorio y las contaminan. Entre estas empresas destaca la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), acusada de contaminar el Lago de Izabal.
Las protestas duraron varios días y fueron reprimidas por la policía antimotines que, la noche del 18 de junio, hirió gravemente al hijo de un periodista que estaba cubriendo las manifestaciones, al dispararle en la cara. Después de este hecho, el MARN, que ya había confirmado que 8 licencias de exploración y 2 de explotación minera tienen irregularidades, se comprometió a realizar inspecciones en el terreno en donde están ubicados los proyectos y a informar a las comunidades, en el mes de julio, sobre los resultados de dichas inspecciones.
Las protestas de estas 54 comunidades se basan en una preocupación totalmente legítima y apegada a la realidad, pues Guatemala enfrenta una grave crisis hídrica debido a la contaminación, la deforestación y la mala gestión del agua. A pesar de ser un país con abundantes fuentes del vital líquido, la falta de regulación y la contaminación de ríos y lagos han puesto en riesgo el acceso al agua potable para muchas comunidades. Y precisamente es la minería, la agroindustria y el crecimiento urbano descontrolado lo que ha intensificado la presión sobre los bienes hídricos, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. PBI empezó a dar seguimiento a esta situación durante el semestre, con el inicio del acompañamiento al periodista comunitario Calos Ernesto Choc, que brinda apoyo a estas comunidades en su lucha por el territorio.
Frente a esta problemática, diversas comunidades como las de Livingston, han tomado la iniciativa de defender y conservar el agua. Otro caso es el del pueblo Xinka de Casillas, que ha desarrollado proyectos para proteger los nacimientos de agua; o el de grupos de mujeres en el Lago Atitlán que han organizado jornadas de limpieza para mitigar la contaminación. Estas acciones contrastan con la inacción de muchas autoridades estatales y empresas, que evaden su responsabilidad en lo que respecta al daño ambiental que se está provocando y que afecta a la calidad y cantidad de agua de la que dispone la población. La gestión sostenible de los bienes naturales y una legislación efectiva, son requisitos esenciales para evitar conflictos sociales y garantizar el acceso equitativo al agua. En este sentido, el debate sobre una Ley de Aguas en Guatemala sigue siendo clave para definir el futuro de la estabilidad ambiental y social del país.
A pesar de la situación de alto riesgo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente en Guatemala, este país aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. “El Acuerdo fue firmado en septiembre de 2018 por el estado de Guatemala, pero aún no ha sido ratificado. Hace falta completar el procedimiento interno, que es la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala y su ratificación por parte del organismo Ejecutivo”. El Acuerdo de Escazú “destaca por ser el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos (DDHH) en asuntos ambientales”. “Con esta herramienta legal se busca garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección para personas defensoras del medio ambiente de América Latina y el Caribe”.campesinos y campesinas. Según el informe Raíces de Resistencia de Global Witness publicado este año, Guatemala ocupó en 2024 el segundo lugar a nivel mundial con más asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, solo después de Colombia. Aun no hay datos sistematizados para 2025, pero todo apunta a que esta tendencia tan negativa continua.
Un caso sangrante es el de la minería en Izabal. Durante este semestre, 54 comunidades de Livingston tomaron las calles para manifestarse en contra de 10 licencias mineras otorgadas en la Sierra Santa Cruz, una reserva natural ubicada entre Izabal y Alta Verapaz. Las licencias, solicitadas por la empresa Río Nickel S.A., subsidiaria de una empresa canadiense llamada Central American Nickel (CAN), fueron aprobadas en 2023, durante el gobierno de Giammattei. Dichas protestas comenzaron el 16 de junio, después de que los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazasen la petición de revocar las 10 licencias. Las comunidades denuncian que las operaciones extractivas afectarían a los nacimientos de agua que abastecen a la población de Livingston. Fue la falta de una clara toma de posición por parte de los Ministerios frente a esta demanda, lo que desencadenó las protestas.
Días antes, en el marco de la iniciativa de dialogo sobre la propuesta de la Ley de Agua, representantes del MARN se habían reunido con pescadores artesanales, la directiva de la Gremial de Pescadores de El Estor y autoridades indígenas de El Estor y del pueblo Garífuna de Livingston, para discutir esta propuesta. Representantes del gobierno afirmaron la voluntad del actual gobierno de crear una ley que garantice agua potable y la protección de los ríos y lagos, mientras que autoridades indígenas y representantes de los pescadores destacaron la importancia de defender y proteger las fuentes de agua de las actividades de las empresas palmeras y mineras que explotan el territorio y las contaminan. Entre estas empresas destaca la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), acusada de contaminar el Lago de Izabal.
Las protestas duraron varios días y fueron reprimidas por la policía antimotines que, la noche del 18 de junio, hirió gravemente al hijo de un periodista que estaba cubriendo las manifestaciones, al dispararle en la cara. Después de este hecho, el MARN, que ya había confirmado que 8 licencias de exploración y 2 de explotación minera tienen irregularidades, se comprometió a realizar inspecciones en el terreno en donde están ubicados los proyectos y a informar a las comunidades, en el mes de julio, sobre los resultados de dichas inspecciones.
Las protestas de estas 54 comunidades se basan en una preocupación totalmente legítima y apegada a la realidad, pues Guatemala enfrenta una grave crisis hídrica debido a la contaminación, la deforestación y la mala gestión del agua. A pesar de ser un país con abundantes fuentes del vital líquido, la falta de regulación y la contaminación de ríos y lagos han puesto en riesgo el acceso al agua potable para muchas comunidades. Y precisamente es la minería, la agroindustria y el crecimiento urbano descontrolado lo que ha intensificado la presión sobre los bienes hídricos, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. PBI empezó a dar seguimiento a esta situación durante el semestre, con el inicio del acompañamiento al periodista comunitario Calos Ernesto Choc, que brinda apoyo a estas comunidades en su lucha por el territorio.
Frente a esta problemática, diversas comunidades como las de Livingston, han tomado la iniciativa de defender y conservar el agua. Otro caso es el del pueblo Xinka de Casillas, que ha desarrollado proyectos para proteger los nacimientos de agua; o el de grupos de mujeres en el Lago Atitlán que han organizado jornadas de limpieza para mitigar la contaminación. Estas acciones contrastan con la inacción de muchas autoridades estatales y empresas, que evaden su responsabilidad en lo que respecta al daño ambiental que se está provocando y que afecta a la calidad y cantidad de agua de la que dispone la población. La gestión sostenible de los bienes naturales y una legislación efectiva, son requisitos esenciales para evitar conflictos sociales y garantizar el acceso equitativo al agua. En este sentido, el debate sobre una Ley de Aguas en Guatemala sigue siendo clave para definir el futuro de la estabilidad ambiental y social del país.
A pesar de la situación de alto riesgo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente en Guatemala, este país aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. “El Acuerdo fue firmado en septiembre de 2018 por el estado de Guatemala, pero aún no ha sido ratificado. Hace falta completar el procedimiento interno, que es la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala y su ratificación por parte del organismo Ejecutivo”. El Acuerdo de Escazú “destaca por ser el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos (DDHH) en asuntos ambientales”. “Con esta herramienta legal se busca garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección para personas defensoras del medio ambiente de América Latina y el Caribe”.Nickel (CAN), fueron aprobadas en 2023, durante el gobierno de Giammattei. Dichas protestas comenzaron el 16 de junio, después de que los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazasen la petición de revocar las 10 licencias. Las comunidades denuncian que las operaciones extractivas afectarían a los nacimientos de agua que abastecen a la población de Livingston. Fue la falta de una clara toma de posición por parte de los Ministerios frente a esta demanda, lo que desencadenó las protestas.
Días antes, en el marco de la iniciativa de dialogo sobre la propuesta de la Ley de Agua, representantes del MARN se habían reunido con pescadores artesanales, la directiva de la Gremial de Pescadores de El Estor y autoridades indígenas de El Estor y del pueblo Garífuna de Livingston, para discutir esta propuesta. Representantes del gobierno afirmaron la voluntad del actual gobierno de crear una ley que garantice agua potable y la protección de los ríos y lagos, mientras que autoridades indígenas y representantes de los pescadores destacaron la importancia de defender y proteger las fuentes de agua de las actividades de las empresas palmeras y mineras que explotan el territorio y las contaminan. Entre estas empresas destaca la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), acusada de contaminar el Lago de Izabal.
Las protestas duraron varios días y fueron reprimidas por la policía antimotines que, la noche del 18 de junio, hirió gravemente al hijo de un periodista que estaba cubriendo las manifestaciones, al dispararle en la cara. Después de este hecho, el MARN, que ya había confirmado que 8 licencias de exploración y 2 de explotación minera tienen irregularidades, se comprometió a realizar inspecciones en el terreno en donde están ubicados los proyectos y a informar a las comunidades, en el mes de julio, sobre los resultados de dichas inspecciones.
Las protestas de estas 54 comunidades se basan en una preocupación totalmente legítima y apegada a la realidad, pues Guatemala enfrenta una grave crisis hídrica debido a la contaminación, la deforestación y la mala gestión del agua. A pesar de ser un país con abundantes fuentes del vital líquido, la falta de regulación y la contaminación de ríos y lagos han puesto en riesgo el acceso al agua potable para muchas comunidades. Y precisamente es la minería, la agroindustria y el crecimiento urbano descontrolado lo que ha intensificado la presión sobre los bienes hídricos, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. PBI empezó a dar seguimiento a esta situación durante el semestre, con el inicio del acompañamiento al periodista comunitario Calos Ernesto Choc, que brinda apoyo a estas comunidades en su lucha por el territorio.
Frente a esta problemática, diversas comunidades como las de Livingston, han tomado la iniciativa de defender y conservar el agua. Otro caso es el del pueblo Xinka de Casillas, que ha desarrollado proyectos para proteger los nacimientos de agua; o el de grupos de mujeres en el Lago Atitlán que han organizado jornadas de limpieza para mitigar la contaminación. Estas acciones contrastan con la inacción de muchas autoridades estatales y empresas, que evaden su responsabilidad en lo que respecta al daño ambiental que se está provocando y que afecta a la calidad y cantidad de agua de la que dispone la población. La gestión sostenible de los bienes naturales y una legislación efectiva, son requisitos esenciales para evitar conflictos sociales y garantizar el acceso equitativo al agua. En este sentido, el debate sobre una Ley de Aguas en Guatemala sigue siendo clave para definir el futuro de la estabilidad ambiental y social del país.
A pesar de la situación de alto riesgo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente en Guatemala, este país aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. “El Acuerdo fue firmado en septiembre de 2018 por el estado de Guatemala, pero aún no ha sido ratificado. Hace falta completar el procedimiento interno, que es la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala y su ratificación por parte del organismo Ejecutivo”. El Acuerdo de Escazú “destaca por ser el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos (DDHH) en asuntos ambientales”. “Con esta herramienta legal se busca garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección para personas defensoras del medio ambiente de América Latina y el Caribe”.