La situación de quienes defienden los derechos humanos se muestra crítica y preocupante. El informe sobre agresiones a activistas en los últimos veinte años, presentado en junio de 2021 por la Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) muestra el incremento continuo de ataques a defensores y defensoras. Concretamente, la UDEFEGUA registró, del 2020 al 2022, durante el gobierno de Giammattei, 2.646 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, el 45% en contra de mujeres. Estos datos los han convertidos en el Gobierno más peligroso para quienes defienden derechos.

Los y las operadoras de justicia y las organizaciones que se dedican a defender el derecho a la justicia son los más atacados en Guatemala, seguidos de aquellas personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano a un ambiente sano (tierra, territorio y bienes naturales), lo mismo que ha podido confirmar PBI a través de su trabajo de acompañamiento, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Asimismo, preocupa el incremento de los asesinatos y la dinámica de criminalización y los procesos de difamación que son los ataques más registrados. Varias organizaciones e instancias nacionales e internacionales han llamado la atención sobre el uso indebido del sistema judicial con el motivo de impedir u obstaculizar la labor en defensa de los derechos humanos. Entre las mujeres defensoras, las más agredidas son operadoras de justicia, periodistas y mujeres que acompañan a otras defensoras a través de difamaciones, hostigamiento y denuncia judiciales sin fundamentos. Los principales agresores son el crimen organizado, los netcenter y las mismas autoridades nacionales.

Para UDEFEGUA, Guatemala está viviendo un retroceso democrático y contradictorio a los derechos humanos que tiene como telón de fondo la captura institucional de los tres poderes del Estado, el desmantelamiento de las instituciones de paz y los derechos humanos y la violencia contra todo aquello que sea considerado oposición política.

En esta lucha desigual los y las defensoras de derechos humanos se encuentran en gran vulnerabilidad por la incapacidad de respuesta del Estado a sus necesidades de seguridad y por la impunidad en que actúan actores poderosos como el crimen organizado. La dificultad del estado para cumplir con su mandato constitucional y la penetración del crimen en todos sus estamentos deja la lucha por la defensa de derechos humanos en Guatemala como una labor de alto riesgo. Frente a este panorama, organizaciones sociales locales e internacionales han realizado un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que desarrollen una Política Pública integral y con amplia participación de quienes defienden derechos humanos, que les proteja y permita desarrollar su labor en un ambiente de libertad y seguridad. La adopción de esta política fue ordenada ya en 2014 por la CIDH en la sentencia “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala” pero aun no se ha cumplido.