Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), desde 2021 alrededor de 80 personas guatemaltecas están en el exilio por ser criminalizadas y perseguidas por el sistema de justicia de Guatemala por defender los derechos humanos. Los actos de criminalización se han dirigido principalmente contra operadores de justicia anticorrupción y abogados independientes, los cuales se enfrentan a juicios sin garantías y donde el debido proceso no está garantizado. Último ejemplo de lo anterior es el caso de la ex Fiscal contra la impunidad, Virginia Laparra, que fue detenida arbitrariamente el 23 de febrero de 2022, y condenada a principio de julio de 2024 a cinco años de prisión conmutable y exiliada ante este contexto de persecución. Según el Observatorio, las personas que se han visto forzadas a salir del país lo hicieron porque ya tenían una orden de captura y un proceso de criminalización en su contra, o dado el temor a sufrir represalias por su labor. Algunas de estas personas que salieron exiliadas sin orden de detención, ni procedimientos penales preexistentes contra ellas, fueron objeto de una orden de captura una vez en el exilio. La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) estima que tan sólo en los primeros seis meses del 2024, 20 personas defensoras se han enfrentado a procesos de detención arbitraria y/o criminalización por su labor.
Por lo anterior, el 5 de junio organizaciones campesinas e intelectuales internacionales presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional [CPI] en contra de los expresidentes Alejandro Giammattei Falla y Jimmy Morales; la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso. El principal cargo por el que se les acusa es la persecución como crimen de lesa humanidad. Esto implica la privación intencional y grave de derechos de manera generalizada y sistemática, no solo contra periodistas y jueces, sino también contra fiscales, abogados, dirigentes comunitarios y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según explicó el abogado y defensor de derechos humanos, Ramón Cadena, el motivo por el cual los y las denunciantes han acudido a un órgano internacional de justicia, es obtener sentencias individuales y no contra el Estado de Guatemala, ya “que en el ámbito nacional no hay garantías de juzgar a estas personas por gozar de un sistema de justicia impune”.