Esta coyuntura, caracterizada por la inestabilidad y la incertidumbre, ha impactado gravemente en los procesos de defensa de los derechos humanos que se están dando en el país, incrementando el riesgo de las personas que los defienden, especialmente de las y los defensores de la tierra y el territorio. Según la Coalición EPU Guatemala, todos los actos de violencia e intolerancia que se están viviendo actualmente siguen siendo producto del reacomodo de los sectores de poder que están rearticulándose y reconstituyendo sus fuerzas en contra del pueblo de Guatemala. Todo esto produce que cualquier actor que se pronuncie ante esta rearticulación sea visto por ese poder y su institucionalidad como el enemigo interno. La intolerancia que expresan ciertos funcionarios del Gobierno es una muestra clara de la existencia de una estrategia sistemática de ataque a los defensores de derechos humanos y a todos aquellos que denuncian los abusos de la actual administración, la corrupción, la impunidad, los privilegios, la no independencia de los poderes y la cooptación del Estado.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala UDEFEGUA registró, entre el enero y septiembre de 2018, 302 agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en Guatemala. Según la UDEFEGUA, los datos confirman la tendencia a un nuevo incremento de agresiones hacia personas defensoras iniciado en 2017, desde que el Estado empezó a implementar una serie de medidas restrictivas y regresivas en materia de derechos humanos, lo cual fue señalado también por el Alto Comisionado de Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein, en su visita a Guatemala en noviembre de 2017. Confirmando la tendencia de los últimos años, casi más de la mitad de todas las agresiones registradas por la UDEFEGUA en el periodo han sido casos de criminalización (difamación, denuncia judicial, detención arbitraria y detención ilegal). Según la UDEFEGUA, la criminalización ha aumentado sin que el Organismo Judicial o el MP realicen acciones efectivas ni en materia de prevención, solución o investigación y los casos de ataque a defensores y defensoras de derechos humanos han tenido muy baja respuesta. En los casos ante el sistema de justicia, la práctica ha sido retardar los procesos por acciones del juez, dar medidas de prisión preventiva –aunque la denuncia no lo amerite- y dilatar la prisión del defensor/a de derechos humanos.

Destaca también el incremento en el número de los asesinatos, 22 entre enero y septiembre de 2018, de los cuales 16 ocurrieron a partir del mayo. Las y los defensores más agredidos han seguido siendo, según los registros de la UDEFEGUA, aquellas personas que defienden el derecho humano a un ambiente sano (tierra, territorio y bienes naturales) y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta situación ha sido señalada por PBI a través de la publicación de una Alerta en el mes de mayo, actualizada en el mes de junio.

Por último, hay que señalar que un cuarto de los ataques se dio en contra de defensoras, por el importante rol que desempeñan en la defensa de los derechos humanos y en la transformación de sus diversas realidades. Como en el caso de los defensores, la criminalización afecta la labor de defensa de derechos humanos de las mujeres, en la medida que son sometidas a campañas de difamación y estigmatización, como denuncias judiciales, detenciones arbitrarias e ilegales. Asimismo, también cuando se dirige hacia los varones, la criminalización se traduce, en la mayoría de los casos, en una carga extra para las mujeres que se suma a la que ya de por sí tienen, pues se convierten en las responsables de sostener económica y moralmente a la familia, la organización y la comunidad. En cuanto al papel del Estado, en mayo 2018 el Ministerio Público aprobó un Protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos que, según la UDEFEGUA y el Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), reconoce el importante papel que los defensores y defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. El protocolo establece la obligación de considerar, como primera hipótesis de investigación, si la violación a los y las defensoras tiene como objetivo limitar su trabajo, a la vez que obliga a que se analice el contexto en el cual se desenvuelve la víctima. Asimismo, establece parámetros específicos de investigación según el tipo de defensor o defensora, por ejemplo, considerando la diversidad de género, orientación sexual, la interculturalidad, entre otros; e incorpora estándares de reparación integral del daño y se prevé que la instrucción sea evaluada.

Aun reconociendo lo positivo de la anterior iniciativa, en su globalidad el Estado de Guatemala ha seguido manteniendo un débil papel de protección hacia defensores y defensoras de derechos humanos. Según la UDEFEGUA, en relación a la Instancia de Análisis de Ataques contra de Defensores de Derechos Humanos, a pesar de que se aprobó finalmente el Acuerdo Ministerial que legaliza la Instancia, no solo se asistió a la profundización de irregularidades de la institucionalidad, sino a la ruptura de su sentido, ya que la instancia tiene más de un año de incorporar dentro de su atención a Policías como operadores de justica y ahora incluye a alcaldes. El número de policías agraviados es muy superior a la de defensores y defensoras lo que le quita atención a los últimos y sólo permite priorizar aquellos casos en donde la presión se ejerce de forma directa. Además, se estableció que la Instancia ya no recibirá denuncias ni requerimiento de apoyo por whatsapp sino que cualquier solicitud de apoyo de investigación o de seguridad debe realizarse con un oficio al Ministro de Gobernación. Esto no solo limita la posibilidad de atención en alto riesgo sino establece controles sobre la acción investigadora.

En cuanto a la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a principio de 2018 el Ministerio de Gobernación señaló, en el proceso de diseño de la política, la necesidad de distinguir defensores de derechos humanos de personas conflictivas. Con esa observación no sólo se retrocede a un discurso de estigmatización, sino que se confirma la política de criminalización. Aunque la dinámica de diseño de la política sigue, la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos perdió su confianza en el proceso. Lo anterior, junto a la complicada coyuntura política, hace imprescindible mantener las actividades de observación y presencia internacional en el país.