Esta coyuntura, caracterizada por la inestabilidad y la incertidumbre, ha impactado gravemente en los procesos de defensa de los derechos humanos que se están dando en el país, incrementando el riesgo de las personas que los defienden, especialmente de las y los defensores de la tierra y el territorio. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró en el año 2018, 391 agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en Guatemala.

Expertos y expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas han alertado sobre el aumento de homicidios, ataques y otros actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos en Guatemala, en el marco de intentos legislativos y políticos de restringir su trabajo. Los y las expertas han señalado en especial la preocupación que la frecuencia y severidad de los ataques pueda tener repercusiones en toda la población, enviando un mensaje de que existen consecuencias peligrosas si se defienden los derechos humanos, especialmente dado que estos crímenes a menudo quedan impunes.

De la misma manera, la International Land Coalition, Front Line Defenders y Civicus señalaron, a conclusión de la misión de observación internacional que realizaron a Guatemala en el mes de agosto, que en el país existe un patrón sistemático de represión que afecta especialmente a los y las defensoras de la tierra. Lo anterior coincide con lo señalado por la UDEFEGUA, que identifica aquellas personas que defienden el derecho humano a un ambiente sano (tierra, territorio y bienes naturales) y los derechos colectivos de los pueblos indígenas como la más atacadas. Esta situación ha sido señalada también por PBI a través de la publicación de una Alerta.

Especialmente preocupante ha sido el número de los asesinatos de defensores y defensoras durante el año, cuya tendencia ha ido en aumento; al final UDEFEGUA registró 26.

Confirmando la tendencia de los últimos años, la mayor parte de las agresiones registradas por la UDEFEGUA entre enero y septiembre han sido casos de criminalización (difamación, denuncia judicial, detención arbitraria y detención ilegal). También según esta organización, la criminalización ha aumentado sin que el Organismo Judicial o el MP realicen acciones efectivas ni en materia de prevención, solución o investigación y los casos de ataque a defensores y defensoras de derechos humanos han tenido muy baja respuesta. En los casos ante el sistema de justicia, la práctica ha sido retardar los procesos por acciones del juez, dar medidas de prisión preventiva –aunque la denuncia no lo amerite- y dilatar la prisión del defensor/a de derechos humanos. Ante la gravedad de esta situación el PDH expresó, en una rueda de prensa, que el Ministerio de Gobernación muestra una falta de acción respecto a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y solicitó al MP que investigue, no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales.

Uno de los casos de criminalización con más relevancia a nivel nacional e internacional ha sido el del defensor q’eqchí’ Bernardo Caal Xol, por su oposición a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que el 9 de noviembre de 2018 fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión. Expertos de la ONU señalaron, en un comunicado del 19 de diciembre de 2018, que la condena del líder q'eqchí' es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena. Añadieron también que no es un caso aislado pues hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales. Así mismo recordaron que las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales e instaron al gobierno de Guatemala a hacer efectiva la protección a las y los defensores de derechos humanos, recordando que las empresas tienen la obligación de respetar dichos derechos. PBI dio seguimiento a este caso a través de los acompañamientos al BDH, que llevó la defensa de Bernardo Caal, y de la Resistencia Pacífica de las comunidades de Cahabón, de la cual el defensor forma parte.

Por último, hay que señalar que el 23% de los ataques registrados por la UDEFEGUA se dio en contra de defensoras, por el importante rol que desempeñan en la defensa de los derechos humanos y en la transformación de sus diversas realidades. Según el Informe Anual Circunstanciado de Actividades y de la Situación de los Derechos Humanos 2018 del PDH, este dato denota el alto índice de vulnerabilidad que sufren las mujeres en un ámbito donde usualmente predomina la participación de hombres. Como en el caso de los defensores, la criminalización afecta la labor de defensa de derechos humanos de las mujeres, en la medida que son sometidas a campañas de difamación y estigmatización, como denuncias judiciales, detenciones arbitrarias e ilegales. Asimismo, también cuando se dirige hacia los varones la criminalización se traduce, en la mayoría de los casos, en una carga extra para las mujeres que se suma a la que ya de por sí tienen, pues se convierten en las responsables de sostener económica y moralmente a la familia, la organización y la comunidad.

En cuanto al papel que corresponde al Estado en la protección de las personas defensoras, éste ha seguido siendo realizado de forma débil. En el mes de abril, Thelma Aldana -antes de salir de su cargo como Fiscal General- firmó un “Protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos”. En el año 2018, la Instancia de Análisis de Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no ha contado con la participación de la sociedad civil y la discusión de la Política Pública para Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se encuentra estancada.

Lo anterior, junto a la complicada coyuntura política, hace imprescindible mantener las actividades de observación y presencia internacional en el país.