La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), hizo público su último informe a finales de julio. En el mismo se registra que operadores y operadoras de justicia, periodistas y pueblos indígenas fueron el principal blanco de agresiones. En 2024 Guatemala vivió una montaña rusa de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos y aunque se iniciaba un gobierno democrático, la tensión y la inestabilidad política permitieron la continuidad de las agresiones sociales.
La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras, que según el Gobierno de Arévalo iba a ser una de sus prioridades, y que según personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) ya estaba lista para ser aprobada a finales del 2024, aún no ha sido aprobada. Actualmente se encuentra “en su fase final de aprobación, consistente en la emisión de dictámenes por parte de los distintos ministerios y secretarías del Ejecutivo relacionadas con su implementación”. Urge la aprobación y puesta en marcha de esta Política.