El 2020 en Guatemala ha sido un año marcado por el cambio de gobierno y por el impacto de la Pandemia COVID19. El Gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado desde su inicio por una deriva autoritarista que ha profundizado la limitación de libertades y el cierre de espacios de participación democrática. En su primer año de gobierno declaró 7 estados de prevención o de sitio, varios de ellos antes del estallido de la pandemia, que afectaron a 22 municipios, dando así continuidad a la tendencia de control del territorio a través de la militarización iniciada por gobiernos anteriores.

Una de las decisiones más criticada y que más preocupan a amplios sectores de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional, ha sido el cierre de instituciones claves creadas a raíz de la Firma de los Acuerdos de Paz (1996), cuyo objetivo era enfrentar las causas estructurales del conflicto armado interno (CAI): la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de la Paz (SEPAZ) que incluye el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). En su lugar se ha creado la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), que asumiría las tareas de la COPREDEH y la SEPAZ, mientras tareas de la SAA y del PNR serán distribuidas entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Particularmente preocupadas ante este hecho se muestran las organizaciones campesinas, indígenas y de víctimas y sobrevivientes del CAI. Manifiestan que la desaparición de estas instituciones deja un gran vacío, pues la misión que cumplían ahora no hay quien la asuma: están sin resolver unos 2mil conflictos agrarios; miles de víctimas y sobrevivientes del CAI no han recibido el reconocimiento necesario; sentencias de la Corte Interamericana de DDHH contra el Estado guatemalteco no se han cumplido; la elaboración y realización de una política pública para la protección de personas defensoras de DDHH, que estaba en manos de la COPREDEH desde 2012, sigue pendiente.

La adopción de medidas para frenar la expansión del SARS-COVID19, cuyo primer caso se detectó en Guatemala en marzo, tuvo impactos especialmente duros en la población campesina e indígena. Esta población, mayoritaria en Guatemala, sufre las tasas más altas de desigualdad, pobreza y negación de derechos básicos a causa de los problemas estructurales que enfrenta el país. Además, los programas promovidos por el Gobierno para hacer frente a los impactos económicos de estas medidas, han sido señalados como excluyentes del área rural, mayoritariamente indígena. La ineficiencia en la ejecución de los programas estatales para apoyar a las familias más necesitadas en el contexto de la pandemia motivó manifestaciones ciudadanas de protesta a partir de finales de agosto, lo que visibilizó la crisis que atraviesa el país.

De igual forma, el Estado de Calamidad decretado con motivo de la pandemia, que contempló la parada del transporte público y la prohibición de reunión y libre locomoción durante el horario del toque de queda, supuso un impedimento para que las comunidades ejerciesen su derecho a resistir frente a los proyectos extractivistas no consultados o rechazados, exacerbando estos conflictos. Al mismo tiempo, ha incrementado el aislamiento de las comunidades, debido a que ni las organizaciones locales, ni las internacionales que las acompañan, han podido mantener la presencia en los territorios.

A principios de noviembre de 2020, el huracán Eta y la tormenta Iota golpearon fuertemente la región norte de Guatemala, dejando 2,4 millones de personas damnificadas, de las cuales 270.000 perdieron sus hogares. La mayoría de estas comunidades, que ya vivían en condiciones de pobreza y extrema pobreza, son campesinas y viven de sus cosechas, las cuales han quedado destruidas. A esto se suma la pérdida de las semillas criollas y el temor de que las tierras cultivables hayan quedado inutilizadas para su uso a corto y mediano plazo. Frente a esta situación, y a la escasa y tardía respuesta del Estado, las organizaciones campesinas alertan de una más que posible deriva hacia una crisis humanitaria de extrema gravedad.