En Guatemala, como en el resto de países con problemas estructurales de desigualdad, pobreza y negación de derechos básicos, la pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas para frenarla, impactaron gravemente. Además, a finales de 2020 el huracán y la tormenta tropical Eta e Iota golpearon fuertemente la región centroamericana, empeorando aun más la situación. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estima que más de 1.236.000 personas se sumarán a los 8,5 millones que vivían en condiciones de pobreza antes de la pandemia, y cerca de 110.000 pasarán de la pobreza a la extrema pobreza. Esta coyuntura tan adversa ha visibilizado condiciones de desigualdad preexistentes, que han hecho que los impactos de esta crisis hayan golpeado de forma diferenciada según factores como el género, la etnia, el área geográfica o el nivel de ingresos.

Dicha situación se ve agravada por los altos índices de corrupción existentes en Guatemala. Según la organización Transparencia Internacional (TI), los países más corruptos son los que peor han respondido ante el Covid-19, con reacciones débiles y caóticas que han dejado mayor margen a las prácticas ilegales. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por esta institución, Guatemala se sitúa entre los 5 países más corruptos de la región latinoamericana. En este contexto, despertó especial preocupación la decisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, de destituir al titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, en el mes de julio. La expulsión de Sandoval provocó una ola de protestas, demandas de renuncia de la fiscal general y del presidente y la realización de un Paro Plurinacional convocado por autoridades indígenas que pidieron cambios estructurales, señalando que los Pueblos Indígenas son los más afectados por la corrupción y la impunidad. En septiembre, en seguimiento al Paro Plurinacional, autoridades indígenas y ancestrales presentaron una denuncia penal en el MP en contra del presidente Alejandro Giammattei, en la que le responsabilizan del mal manejo de la pandemia Covid-19, actos discriminatorios e inconsistencias en la compra de vacunas rusas, entre otras irregularidades cometidas durante su gestión.

En respuesta a la destitución de Sandoval, el 6 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por “acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala”. Para la Comisión, “la destitución ocurre en el contexto de un conjunto de acciones que buscan debilitar la independencia de las y los operadores de justicia”.

También el proceso de elección de nuevos magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad (CC), entidad clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha sido motivo de preocupación y ha representado un retroceso para la lucha por la justicia en Guatemala. Dicho proceso concluyó en marzo de 2021 con la elección de 10 magistrados y magistradas suplentes para el período 2021-2026. En opinión del mismo vicepresidente del Gobierno, Guillermo Castillo, el proceso fue poco transparente y, según el diputado independiente Aldo Dávila, “la designación de los magistrados consolida a las mafias en el país, identificadas como "el pacto de corruptos", nombre con el que se le ha bautizado a un grupo de políticos y jueces que buscan cooptar la Justicia para evitar ser procesados por corrupción”.

Junto a lo anterior, y motivado por la crisis desencadenada a raíz del Covid-19, se ha producido una paulatina remilitarización del país. Según la interpretación generalizada de organizaciones sociales, esto responde a la necesidad de imponer por la fuerza proyectos extractivistas, de infraestructuras, monocultivos, etc. El 14 de julio, el presidente Alejandro Giammattei, decretó un Estado de Prevención durante 15 días argumentando que lo hacía para evitar la propagación del Covid-19. Para las organizaciones de derechos humanos (DDHH), lo que realmente se perseguía con esta medida era limitar las protestas que exigían la renuncia del presidente.

En octubre y noviembre, Giammattei decretó Estado de sitio seguido de Estado de Excepción en la zona de El Estor, en respuesta al conflicto existente desde hace años entre las comunidades indígenas de la zona y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), subsidiaria de la empresa Solway Investment Group, con sede en Suiza. El origen del conflicto es la instalación del proyecto minero Fénix, el cual nunca fue consultado con las comunidades. La Resistencia Maya Q’eqchi’ Antiminera bloqueó el paso a los camiones de la empresa, en protesta por la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la CC en junio de 2020, la cual obliga a la realización de una consulta a la población sobre la instalación de dicho proyecto. En un comunicado publicado el 4 de noviembre, la CIDH repudió el uso excesivo de la fuerza ejercida por la policía contra la población Q´eqchi´ de El Estor cuando fue a reprimir la protesta, así como el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y la violencia y represión ejercida contra periodistas. Por su lado, la Convergencia por los Derechos Humanos, tras su misión de observación y verificación en El Estor, alertó también sobre el uso desproporcionado de la fuerza, las violaciones a la libertad de prensa, los allanamientos a viviendas de personas defensoras, la violencia contra la niñez y la detención ilegal de Eduardo Bin, dirigente comunitario de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor.

A finales de 2021 se celebró el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al Conflicto Armado Interno (CAI). Según la organización Impunity Watch la implementación de estos acuerdos “ha sido un proceso muy difícil, porque los gobiernos posteriores a la firma de la paz no han tenido voluntad política ni interés en la agenda de la paz”. Especialmente en los últimos años se dieron además graves retrocesos, como la finalización obligada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019; el cierre de las instituciones de la paz en 2020; el traslado y paralización del Plan Nacional de Resarcimiento (PNR); la cooptación del sistema de justicia; el desmantelamiento de la FECI y de la Fiscalía de DDHH; la publicación, en agosto de 2021, del decreto 4-2020 (Ley de ONGs, señalada de recortar los derechos de asociación); la propuesta, en junio de 2021, de la Ley 5920 (señalada de buscar la amnistía para todos los procesados por crímenes de guerra). A lo anterior, se suma el debilitamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a través de la demora sistemática del traslado de los recursos aprobados en el Presupuesto General de la Nación que, según su Procurador, dificulta el cumplimiento de su mandato constitucional y la expansión de la presencia de la PDH en partes del país donde hay conflictividad por tierras o proyectos extractivos.