El segundo trimestre de 2019 ha estado fuertemente marcado por la violencia electoral, que se ha producido tanto durante la campaña electoral como en la primera vuelta, celebrada en el mes de junio. Se han reportado casos de violencia electoral, en mayor medida fuera de ciudad de Guatemala (y de estos casos de violencia, las mayores cotas se han dado en Petén).

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que participó en la observación de la jornada electoral en junio, hubo un ambiente que permitió el ejercicio del derecho a elegir y ser electo o electa. Sin embargo, registró 117 incidentes, de los cuales 53 fueron coacciones y amenazas vinculadas al derecho de participación política, 45 estuvieron relacionados con el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación y 19 fueron incidentes violentos o disturbios vinculados al derecho a la vida e integridad física. Se valoran como especialmente preocupantes las amenazas de muerte en contra de integrantes de la junta electoral municipal de San Jorge, Zacapa, que desembocaron en la suspensión de las votaciones en dicha localidad. Además, se recibió información sobre casos de “acarreo” de votantes, lo cual generó tensiones y, en algunos casos, actos de violencia.

Tras varias acusaciones de posible fraude, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó la ratificación de los resultados hasta la realización de un nuevo conteo de la totalidad de las actas electorales (21 mil mesas electorales). Este nuevo proceso de conteo sufrió de varias suspensiones y retrasos debido a los allanamientos que la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) lleva a cabo en la Dirección de Informática de dicha institución, hechos que llevaron a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a hacer un llamado de no interferencia en las gestiones del TSE para la obtención de los resultados finales.

A esta coyuntura hay que sumarle las discusiones que se siguen dando en el congreso, desde el pasado año, de 14 nuevas iniciativas de ley. Entre estas, suscitan especial preocupación la Ley Contra Actos Terroristas (iniciativa 5239), la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (iniciativa 5257), la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas (iniciativa 5416) y la Ley de Reconciliación Nacional (iniciativa 145-96).

En este sentido PDH y OACNUDH expresaron su preocupación por el avance en el Congreso de estas iniciativas restrictivas contra organizaciones de derechos humanos, como la iniciativa de ley No. 5257 que impondría nuevos requisitos y controles legales y administrativos a las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, lo cual podría implicar restricciones a su trabajo, la paralización de operaciones o la cancelación de su personería jurídica.