El 2022 empezó con la presentación, por parte de la coalición Transparencia Internacional, representada en Guatemala por la organización Acción Ciudadana (AC), del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) relativo al año 2021. Guatemala resulta "uno de los países con descensos más significativos y constantes desde el 2012" habiendo bajado de la casilla 91 en el año 2012 hasta la 150 en 2021. Ataques a jueces independientes y oenegés, un Ministerio Público (MP) que obstruye las investigaciones y autoridades cada vez más renuentes a luchar contra la corrupción, son algunos de los factores que han posicionado a Guatemala a la cola de este índice. El documento señala que desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) las condiciones del país han empeorado y que las acciones contra los operadores de justicia independientes también han sido un factor que ha debilitado la lucha contra la corrupción, especialmente durante los últimos dos años. Confirmando esta tendencia, durante el primer semestre de 2022 asistimos a numerosos ataques hacia operadores y operadoras de justicias: en febrero tuvieron lugar la detención de la ex mandataria de la CICIG y de las ex fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), primero retiró la inmunidad al juez Pablo Xitumul (quien fue parte del Tribunal que condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción y a tres militares retirados por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen durante el Conflicto Armado Interno CAI) y luego lo separó del cargo de presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C. Asimismo, la jueza de mayor riesgo Erika Aifán renunció al cargo y salió al exilio y el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso Diario Militar, enfrenta desde el mes de junio una solicitud de antejuicio presentada en su contra por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y tramitada por la CSJ. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) señaló que estas acciones tienen el objetivo claro de “forzar al exilio y castigar” a las y los operadores de justicia independientes. El Procurador de los Derechos Humanos y varios actores de la comunidad internacional (Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la CIDH) han señalado que estas acciones obedecen a un patrón de intimidación y venganza proveniente del MP y de la CSJ.

Además de las y los operadores de justicia también el periodismo comunitario ha recibido diferentes ataques durante el semestre. Especialmente relevante ha sido el caso del periodista del medio Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc Chub, denunciado junto a 11 autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi, por hechos supuestamente ocurridos en octubre de 2021 en El Estor en el marco de la ola de violencia y represión que llevó a cabo el Estado, en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta y realizado protestas contra las actividades de la mina-empresa ruso-suiza Solway Investement Group. Según Front Line Defenders la denuncia contra el periodista y las autoridades ancestrales está directamente relacionada con el trabajo periodístico de Carlos y de Prensa Comunitaria en su conjunto y con la publicación de la investigación “Mining Secrets”, coordinada por la organización francesa Forbidden Stories, y publicada en marzo de 2022 en más de 20 medios periodísticos de todo el mundo. La investigación revela que Solway Investement Group canaliza dinero hacia la PNC para que realicen los desalojos de comunidades Q’eqchi’ que la empresa minera ha identificado como oponentes, “implementando estrategias de vigilancia y sobornos”.

A raíz de la situación descrita, el 7 de abril de 2022 el Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución sobre Guatemala, en la cual se critican las acciones judiciales iniciadas por la CSJ y la Fiscal General de Guatemala contra jueces y juezas, abogados y abogadas, así como fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas. También se denuncia la criminalización, detención y descrédito de los medios de comunicación y las amenazas y los actos de acoso contra personas defensoras de derechos humanos. El gobierno guatemalteco rechazó rotundamente el contenido de esta resolución y lamentó no haber podido compartir su “versión de Guatemala,” afirmando que en el país “hay democracia y Estado de Derecho”.

En este contexto, y pese a los llamados de atención emitidos por la comunidad nacional e internacional con respecto a la falta de respeto al debido proceso a lo largo de la selección, así como a la inclusión de la actual Fiscal General y jefa del MP en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Washington (en septiembre de 2021), el 16 de mayo de 2022, Consuelo Porras fue reelegida por 4 años más para desempeñar el cargo que hoy ostenta. Distintas instancias señalaron el proceso de postulación y elección como “viciado”. Señalamos al respecto la Declaración del Portavoz para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Peter Stano, o el tweet de la europarlamentaria Tilly Metz.

A la reelección de Porras se sumó el descontento popular por el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), que ha sido calificado como fraudulento. Los días posteriores al nombramiento de la fiscal general y del nuevo rector de la USAC, Walter Mazariegos, estuvieron marcados por manifestaciones de distintos sectores de la sociedad civil rechazando ambos hechos y la cooptación general de instancias del Estado.