Según las organizaciones que conforman la coalición EPU Guatemala, el país sigue inmerso en una crisis institucional y está teniendo un retroceso en materia de democracia, a través de la instalación de un Estado fascista, donde un solo poder, el Ejecutivo, coopta el control y poder del Estado, transmite un discurso de odio contra aquellos grupos que se oponen al cierre de los espacios de participación y que señalan las graves violaciones a los derechos humanos, generando un ambiente de confrontación y polarización.

Durante el primer semestre de 2018, hubo intentos por parte del gobierno de revertir la elección del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien se ha mostrado independiente del presidente Jimmy Morales y del Congreso. Asimismo, siguieron también los intentos de demeritar el trabajo del comisionado Iván Velásquez, con el objetivo de buscar su salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Frente a estos ataques, ambas instituciones recibieron amplios apoyos internacionales. Si bien ninguno de estos intentos logró el objetivo del gobierno, representan claros ejemplos de la fuerte resistencia que determinados sectores del país, que desean mantener el statu quo y conservar sus posiciones de privilegio, ponen a los avances logrados en las investigaciones contra la corrupción.

En este contexto, en el mes de abril, la CICIG, junto con el Ministerio Público (MP), presentaron la segunda parte del proceso de investigación del financiamiento electoral ilícito FCN-Nación, en la cual se reveló el financiamiento ilícito para el pago de fiscales y publicidad del partido oficial en la campaña electoral de 2015. En función de lo investigado, el MP solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido FCN-Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual fue ordenado por el tribunal en el mes de junio de 2018.

En el mes de mayo, el presidente Jimmy Morales eligió, de una terna de seis candidatos y candidatas, a María Consuelo Porras Argueta como nueva Fiscal General y jefa del MP. En sus
primeras declaraciones, la nueva fiscal aprobó la gestión de la fiscal saliente, Thelma Aldana, y valoró el trabajo de la CICIG positivo y necesario. Además, afirmó que la lucha contra la corrupción y la impunidad será prioridad en su gestión. Sin embargo, declaró que el presidente Jimmy Morales es un buen aliado contra la corrupción, prefiriendo no expresar su opinión respecto a las acusaciones por corrupción presentadas por el MP y la CICIG contra él.

A esta coyuntura hay que sumarle las discusiones que se están llevando a cabo en el congreso, de 14 nuevas iniciativas de ley. Entre estas, suscitan especial preocupación la Ley Contra Actos Terroristas (iniciativa 5239), la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (iniciativa 5257), la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas (iniciativa 5416) y la Ley de Reconciliación Nacional (iniciativa 145-96).