El año 2018 ha significado para Guatemala un retroceso en materia de democracia y la instalación en una crisis institucional perpetua. El discurso de odio contra aquellos grupos que se oponen al cierre de los espacios de participación y señalan las graves violaciones a los derechos humanos, ha sido parte del panorama político del año, generando un ambiente de confrontación y polarización.

Los hechos sucedidos a nivel político durante el año, muestran la fuerte resistencia que existe por parte de determinados sectores del país, que desean mantener el statu quo y conservar sus posiciones de privilegio, frente a los avances en varios aspectos alcanzados en los últimos años (tales como el fortalecimiento del Ministerio Público (MP), el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, el fortalecimiento de la profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), la creciente independencia del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), entre otros).

En el año 2018 siguieron las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el MP, destapando varios casos de corrupción que involucran a funcionarios e instituciones públicas, partidos políticos e, incluso, miembros de la oligarquía empresarial guatemalteca.

En el mes de abril, CICIG y MP presentaron la segunda parte del proceso de investigación del financiamiento ilícito del partido oficial FCN-Nación en la campaña electoral de 2015. El MP solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si bien la cancelación del partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales fue ordenada por el tribunal en el mes de junio, dos amparos concedidos en el mes de octubre por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendieron su cancelación. Además, a principios de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito, que terminó siendo archivada por el Congreso guatemalteco en octubre.

En reacción a las anteriores acciones, en una escalada de acontecimientos, el Gobierno anunció que no se renovará el mandato de la CICIG en 2019, prohibió al Comisionado de esta institución el ingreso al país, canceló las visas de otros 11 de sus trabajadores y, finalmente, dio por terminado, en los primeros días de enero de 2019 y de forma unilateral, el acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la CICIG en Guatemala. Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió de forma unánime ordenar al mandatario que permitiera el regreso del Comisionado al país y emitió un amparo a favor de las 11 personas colaboradoras de la Comisión a quienes se les habían revocado las visas de cortesía, el Gobierno siguió desobedeciendo a estos mandatos, instaurando de facto una ruptura del orden constitucional “[…] porque no se respeta la palabra de la Corte y supone que el presidente pueda volver a desconocerla o la desintegre y ya no haya ninguna legalidad más que la de las armas. (...) Se trata de un golpe de Estado en cámara lenta porque es difícil de percibir los efectos de este quiebre constitucional de forma inmediata”. Esta posición parece confirmada por el anuncio realizado, a mediados del mes de noviembre por parte de un grupo de diputados del Congreso de la República, de estar preparando una iniciativa de ley para que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en disolver la CC. De momento no parece existir una mayoría a favor de la convocatoria de un referéndum en esta dirección.

Los actos del presidente sobre la CICIG han generado rechazo tanto en Guatemala como a nivel internacional considerándolos duros golpes a los esfuerzos para combatir la corrupción, el abuso y la impunidad en Guatemala.

La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, calificó de deplorable la decisión del presidente contra la CICIG y exhortó al Gobierno de Guatemala a garantizar las libertades democráticas. El Servicio Exterior de la Unión Europea expresó preocupación por el retroceso en la consolidación del estado de derecho que está viviendo el país. El G13, conformado por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala, manifestó su preocupación. Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, así como Noruega y el Reino de los Países Bajos, expresaron su preocupación y resaltaron la importancia de que el Gobierno respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la separación de poderes. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado asegurando que la actitud del gobierno pone en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. A todas estas muestras de rechazo se sumaron manifestaciones ciudadanas en los meses de septiembre de 2018 y enero de 2019 mostrando la indignación por las medidas del gobierno y pidiendo la renuncia del presidente.

Paralelamente, en el Congreso se ha discutido y se siguen discutiendo otras iniciativas que, de salir aprobadas, podrían debilitar aún más el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala. Entre ellas, se señala por su importancia para la protección de los derechos humanos, los intentos de revertir la elección del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien se ha mostrado independiente del presidente Jimmy Morales y del Congreso, y la reducción considerable del presupuesto para 2019 dedicado a esta institución. Así mismo, preocupan los debates sobre 14 nuevas iniciativas de ley. Entre estas, suscitan especial inquietud la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (iniciativa 5257) que, de ser aprobada, otorgaría capacidad sancionatoria para el Ministerio de Gobernación con potestad para cancelar ONG, dificultando o impidiendo la labor que dichas organizaciones realizan en defensa de los derechos humanos; la Ley de Reconciliación Nacional (iniciativa 145-96) que busca una amnistía que incluiría crímenes contra la humanidad y genocidio; la Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa 5272) que implicaría la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia y fomentaría el discurso de odio hacia los colectivos LGTBI; la Ley Contra Actos Terroristas (iniciativa 5239) que limitaría el derecho de asociación; la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas (iniciativa 5416) que restringiría el derecho a la autodeterminación.

Por último, cabe señalar el debilitamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), con la realización de cambios y nuevos nombramientos en los puestos de responsabilidad de la institución y el incremento de la colaboración de ésta con el Ejército, en un preocupante retroceso respecto a lo establecido en los Acuerdos de Paz.