El 14 de marzo el Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Tal y como señalan la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), esta resolución constituye la enésima muestra de preocupación internacional por la crisis de derechos humanos en el país. Entre las muchas preocupaciones que expone el PE, destacan los intentos claros de las autoridades de Guatemala para perjudicar la lucha contra la corrupción, la impunidad y el Estado de Derecho y la violación, por parte del gobierno de Guatemala, del Estado de Derecho y la separación de poderes. En esta línea el PE ha puesto de manifiesto su fuerte apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitando al gobierno que cese los ataques ilegales contra ésta y su personal.

Con respecto a la agenda de leyes regresivas (Ley de Reconciliación y Ley de ONG), el PE insta al Congreso guatemalteco a no aprobarlas pues son una amenaza considerable para el Estado de Derecho. Así mismo, el PE ha pedido a las autoridades guatemaltecas que cesen todos los actos de intimidación contra la sociedad civil guatemalteca y las organizaciones de derechos humanos en particular, denunciando el aumento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, particularmente en contextos de defensa de la tierra y el territorio. Además, en esta resolución el PE abre la posibilidad de sanciones al recordar al gobierno de Guatemala que "el Acuerdo de Asociación de la Unión con Centroamérica incluye una cláusula de derechos humanos como elemento esencial y que su violación puede conllevar la suspensión de la participación en el acuerdo".

Respecto a los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans el informe de 2018 de ACNUDH en Guatemala concluye que la iniciativa de ley 5272, que contiene disposiciones que podrían provocar crímenes de odio contra este grupo de la población, avanzó en el Congreso y refleja que el Congreso no aprobó la iniciativa de ley 5395 sobre identidad de género, que habría garantizado los derechos civiles de las personas transgénero y promovido su inclusión en la sociedad.

En marzo y abril, se llevan a cabo al menos 3 crímenes de odio, en Jalapa contra Betzy Esmeralda Co Sagastume y Kelly Marisa Villarreal Recinos y en Huehuetenango contra José Díaz. En los tres casos con signos de tortura y extrema violencia, así como con mensajes contra su orientación sexual e identidad de género. El doble asesinato en Jalapa, que fue condenado inmediatamente entre otros por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en el país -la cual puso de relevancia el mensaje “lesbofóbico”-, es solo una muestra de la preocupante situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en Guatemala, en un Estado que no garantiza a través de su legislación los derechos fundamentales de la diversidad sexual en el país.