Contexto de derechos humanos durante el primer semestre de 2024
Contexto socio-político: el cambio de Gobierno entre nuevas esperanzas y viejas frustraciones
El primer semestre de 2024 empezó en Guatemala con la toma de posesión, el día 14 de enero, del nuevo gobierno electo del país, presidido por el binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La toma de posesión del nuevo gobierno fue posible por la movilización popular liderada por las autoridades indígenas que, a partir de conocerse el resultado de la segunda vuelta electoral y durante más de 100 días, resistieron en la calle frente a diferentes acciones impulsadas por el “pacto de corruptos” para impedir el cambio de gobierno. Estas acciones, que han sido definidas como intento de golpe de estado por diferentes actores, culminaron con la obstaculización, por parte de la legislatura saliente del Congreso, de la elección de la nueva junta directiva, hasta el punto que una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo que llamar a concluir las formalidades para que se diera la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Desde un inicio, y durante todo el semestre, lo que ha marcado al gobierno de Arévalo ha sido, por un lado, la compleja relación y convivencia con la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras (quien emprendió en 2023 una cruzada en contra de Arévalo que puso en riesgo la transición presidencial y que ha sido señalada por la CIDH en el Capítulo 4.b sobre Guatemala de su informe anual) y otros actores del sistema de justicia, entre ellos el Director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y múltiples jueces y juezas incluidas, junto con la Fiscal General, en la Lista Engel1 de Estados Unidos y sancionadas, en el mes de febrero, por la Unión Europea por atentar contra el estado de derecho y la transición democrática; y, por el otro, con el Congreso de la República, donde el partido Semillas cuenta con pocos diputados. Con un poder judicial que sigue cooptado y un poder legislativo cuya mayoría la ostentan los partidos del “pacto de corruptos”, los avances del nuevo gobierno han sido escasos. A pesar de ello, analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es «decente», algo no menor en un país que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
En cuanto a las políticas de protección a personas defensoras de los derechos humanos, se aprecia un fortalecimiento de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPADEH) con nuevos nombramientos a nivel nacional, y la reactivación de la Instancia de Análisis de Ataques a Personas, Organizaciones y Comunidades Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación.