Desde 2015, Guatemala vive una profunda crisis política e institucional, iniciada a raíz de un proceso penal impulsado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra de una red de actores estatales y no estatales de alto nivel implicados en la corrupción y la evasión fiscal y que ha puesto de manifiesto la existencia de una estructura corrupta y criminal dentro de las instituciones del Estado. Estos procesos investigativos y judiciales fueron acompañados de amplias movilizaciones sociales y populares exigiendo una profunda reforma del Sistema Político. El resultado fue la dimisión de las más altas instancias del gobierno del Partido Patriota que gobernó entre 2012 y 2015 y la realización de un nuevo proceso electoral que llevó al gobierno a un nuevo partido, el Frente de Convergencia Nacional FCN - Nación, ligado a militares retirados vinculados a vejámenes cometidos durante el conflicto armado interno. El FCN – Nación gobernó entre 2016 y 2019 profundizando la crisis, política e institucional, y entre sus medidas fue la no renovación del mandato de la CICIG que, a finales de 2019, cerró su trabajo en el país.

El actual gobierno, que tomó posesión en enero de 2020 y está presidido por Alejandro Giammattei Falla, con posiciones contrarias al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en favor de la pena de muerte y el uso militar en la seguridad ciudadana, representa una continuidad de la crisis de legitimidad y estabilidad que condicionan el ejercicio del poder político y que caracteriza la situación actual de Guatemala a nivel político, representada por una preocupante situación de corrupción y blindaje a favor de la impunidad y por la ruptura del orden constitucional. Durante los años del gobierno de Giammattei, y públicamente motivada por la crisis a raíz del Covid-19, se ha producido una paulatina remilitarización del país y todo ello, según la interpretación generalizada de organizaciones sociales, en función de imponer por la fuerza todos los proyectos extractivistas, de infraestructura, monocultivos, etc.

Esta situación está agravada por los altos índices de corrupción de los cuales sufre Guatemala ya que, según la organización Transparencia Internacional (TI), Guatemala es "uno de los países con descensos más significativos y constantes desde el 2012" habiendo bajado de la casilla 91 en el año 2012 hasta la 150 en 2021 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC). Ataques a jueces independientes y oenegés, un MP que obstruye las investigaciones y autoridades cada vez más renuentes a luchar contra la corrupción, son algunos de los factores que han posicionado a Guatemala a la cola de este índice. El documento señala que desde la salida de la CICIG las condiciones del país han empeorado y que las acciones contra los operadores de justicia independientes también han sido un factor que ha debilitado la lucha contra la corrupción, especialmente durante los últimos dos años, determinando el exilio voluntario de más de 20 operadores de justicia. El proceso de elección de nuevos magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad (CC), entidad clave para la lucha anticorrupción y la lucha contra la impunidad, que concluyó en marzo de 2021 con la elección de los diez magistrados y magistrados suplentes para el período 2021-2026, ha sido señalado de proceso con falta de transparencia y que busca consolidar al llamado "pacto de corruptos", nombre con el que se le ha bautizado a un grupo de políticos y jueces que buscan cooptar la Justicia para evitar ser procesados por corrupción. Con este mismo objetivo, en 2022 se reeligió, por un periodo de otros cuatro años, la actual Fiscal General, Consuelo Porras, a pesar de su inclusión en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Washington y los llamados de atención emitidos por la comunidad nacional e internacional en relación a la falta de respeto al debido proceso a lo largo de la selección.

Asimismo, el cierre en 2020 de instituciones claves creadas a raíz de la Firma de los Acuerdos de Paz (1996), y la creación en su lugar de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una institución sin fondos y responsabilidades claras asignadas, ha visibilizado el desinterés del actual gobierno por enfrentar las causas que estuvieron a la raíz de conflicto armado interno. En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe sobre Guatemala correspondiente al año 2020 recomienda asegurar que la COPADEH dé continuidad y fortalezca la implementación de las actividades realizadas previamente por la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (SEPAZ), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y que se revisen y reformen las políticas y los programas sobre las tierras, y se fortalezcan las capacidades de las autoridades competentes para abordar los conflictos relacionados con las tierras.

A lo anterior se ha sumado una agenda legislativa regresiva para la promoción de los derechos humanos, con la entrada en vigor en 2021 de la Ley de ONGs, señalada de recortar los derechos de asociación, o la propuesta de la Ley 5920, señalada de buscar la amnistía para todos los procesados por crímenes de guerra.

El resultado es un contexto político caracterizado por la reconfiguración de nuevos pactos de élites que siguen excluyendo los más amplios sectores sociales (jóvenes, estudiantes, sectores urbanos demócratas, pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, artistas, actores de la diversidad sexual, sindicatos de clase) buscando la aplicación de reformas que no apuntan a un cambio estructural sino al mantenimiento de un modelo de estado donde el beneficio de unos poco se alcance a costa de las necesidades colectivas.

Lo anterior está confirmado por los informes anuales sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos publicados en 2022 por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En el informe de la CIDH, Guatemala fue incluida en el apartado que alerta de situaciones y amenazas para los derechos humanos. Ambos informes señalan un acelerado deterioro en lo que respecta a la independencia judicial, represión de grupos minoritarios, gobernabilidad y un repunte de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, del territorio y del medioambiente y a periodistas. Los informes señalan la identificación de un patrón de criminalización alarmante en un contexto de corrupción y cooptación de las instituciones y la justicia.