El 12 de marzo, el comité de expertos en derechos humanos de la ONU examinó al Estado de Guatemala respecto a sus avances o retrocesos en materia de respeto, protección y garantía de derechos civiles y políticos tales como: no discriminación e igualdad de derechos entre mujeres y hombres; medidas para reducir la violencia contra las mujeres, particularmente contra las mujeres transgénero; prevención y sanción de la discriminación contra las personas con discapacidad; prevención y sanción de la trata de personas, en particular de mujeres y niños; situación del sistema penitenciario, sobre todo en lo que respecta al hacinamiento en las cárceles; medidas que se han adoptado para proteger a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Tras el examen y el diálogo con el Estado, los expertos del Comité formularon 21 recomendaciones entre las cuales se destacan la independencia judicial, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, la igualdad de género, la despenalización del aborto, el
esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, el fortalecimiento del Programa Nacional de Resarcimiento y la aprobación e implementación en un corto plazo de una política pública eficaz de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.

En el mismo mes de marzo, Guatemala informó al Consejo de Derechos Humanos su decisión de aceptar 150 de las 205 recomendaciones que le fueron formuladas por los Estados miembros de la ONU en su tercer Examen Periódico Universal (EPU), que tuvo lugar en 2017. Entre los temas abordados en las 50 recomendaciones rechazadas por Guatemala se encuentra el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la protección contra la discriminación de la población LGBTI, la despenalización del aborto o la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte.