A finales del semestre, tanto la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicaron sus informes anuales sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos. En el informe de la CIDH, Guatemala fue incluida en el apartado que alerta de situaciones y amenazas para los derechos humanos. Ambos informes señalan un acelerado deterioro en lo que respecta a la independencia judicial, represión de grupos minoritarios, gobernabilidad y un repunte de ataques a defensoras y defensores de DDHH, del territorio y del medioambiente y a periodistas. Los informes señalan la identificación de un patrón de criminalización alarmante en un contexto de corrupción y cooptación de las instituciones y la justicia.

Los mismos datos están confirmados por el informe Guatemala: una deuda sin saldar, publicado en junio de 2022 por el Observatorio (compuesto por las organizaciones internacionales Organización Mundial Contra la Tortura OMCT y Federación Internacional por los Derechos Humanos FIDH) y la UDEFEGUA tras una misión internacional realizada entre el 24 de marzo y el 1 de abril de 2022. El informe señala el registro de 156 ataques a personas defensoras de derechos humanos en el primer trimestre de 2022 y destaca tres aspectos: i) la persecución y criminalización de personas operadoras de justicia anticorrupción, ii) la represión y criminalización racista contra líderes, lideresas y comunidades indígenas en defensa del territorio y los recursos naturales y iii) una serie de acciones legislativas, políticas y judiciales que han ido cerrando el espacio cívico y consolidando un régimen autoritario.

Solo entre las organizaciones acompañadas por PBI en el departamento de Alta Verapaz se suman más de 1.000 órdenes de captura contra lideresas y líderes comunitarios y hay comunidades que cuenten con más de 40 órdenes de captura. Estas personas, para no arriesgarse a ser capturadas, se mantienen en sus comunidades sin salir, lo que les impide el acceso a centros de salud, de educación y a mercados locales para vender sus productos, todo lo cual contribuye a su empobrecimiento y a la precarización de sus vidas y las de sus familias. Señalamos en este sentido el caso de María Cuc Choc, condenada a finales de junio de 2022 a 2 años de prisión conmutables por usurpación agravada. La defensora fue acusada por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2016, un desalojo contra 58 familias Q’eqchí’ de la comunidad Chab´il Ch´och´. Su labor comunitaria como intérprete del idioma maya Q’eqchí’ al español a favor de las familias desalojadas, fue utilizado por la empresa Lisbal, S.A., que la señaló de usurpar una finca que históricamente le pertenece a dicha comunidad, por lo que se le acusó falsamente, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras IM-Defensoras.

Finalmente, hay que señalar los avances conseguidos en el primer semestre de 2022 en los juicios de casos de alto impacto sobre crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Según instituciones guatemaltecas e internacionales, estos avances, así como los conseguidos en los últimos años, están a la base de los ataques a operadores de justicia señalados anteriormente:

  • Caso violencia sexual contra mujeres achí: el 24 de enero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo A, compuesto por Yassmin Barrios, Patricia Bustamente y Gervi Sical dictó sentencia en el emblemático caso de las Mujeres Achí, condenando a 5 ex patrulleros de autodefensa civil (ex PAC) a 30 años por ser “culpables de delitos contra los deberes de la humanidad en su modalidad de violencia sexual”. Los condenados son: Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Este fallo llega 40 años después de que ocurrieran los crímenes durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y una década después de la denuncia interpuesta en 2011 por 36 mujeres sobrevivientes de violencia sexual.
  • Caso Diario Militar: el 6 de mayo de 2022 el tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, decidió enviar a juicio oral y público a 9 exmilitares y expolicías de los 12 que fueron ligados a proceso en el segundo semestre de 2021 por participar, entre 1983 y 1985, bajo el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores, en la detención y desaparición por parte del Estado de Guatemala de 183 personas registradas en el denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”. A su vez, el 23 mayo de 2022, el juez ligó a proceso a Toribio Acevedo Ramírez, quien dos semanas antes había sido detenido en el aeropuerto de Panamá con una orden internacional de captura. Será investigado por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
  • Caso Tactic: el 24 de febrero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” dictó sentencia condenando al ex comisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio a 45 años de prisión inconmutables, por la desaparición forzada de los líderes Rodolfo López Quej, Francisco Guerrero López y Jacobo López Ac. Los hechos tuvieron lugar en una de las épocas más cruentas del CAI, durante el Gobierno de facto del militar golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983). La sentencia llega casi cuatro décadas después de que los tres dirigentes comunitarios fueron secuestrados de sus casas en la aldea de Tampo, en el municipio de Tactic, en Alta Verapaz. Jacobo López Ac fue una de las 565 personas exhumadas por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) en la antigua Zona Militar No. 21 (conocida actualmente como CREOMPAZ) entre 2012 y 2013 e identificado en 2016 gracias a pruebas de ADN. La familia López aún no sabe el paradero de Rodolfo López Quej y Francisco Guerrero López.
  • Caso Dos Erres: en abril de 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo “A” resolvió ligar a proceso a Alfonso Bulux Vicente, exintegrante de una patrulla militar del cuerpo de elite kaibil, por su participación, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, en la masacre de unas 200 personas en el parcelamiento las Dos Erres, ubicado en el municipio de La Libertad, Petén. La jueza dictó prisión preventiva contra Bulux, quien había sido detenido el 17 de septiembre de 2021. En este caso ya fueron condenados 6 ex-kaibiles, mientras otros dos esperan en la cárcel su juicio.