Noticias de nuestro Trabajo: Acompañamiento a Norma Sancir

En enero de 2024, a nueve años de los hechos, la periodista comunitaria Norma Sancir logró que se hiciera justicia. El camino fue largo y lleno de obstáculos: atrasos, sobreseimientos, apelaciones y múltiples suspensiones, hasta que un juzgado en Chiquimula reconoció la violación a sus derechos. Los hechos juzgados se perpetraron en septiembre de 2014, mientras la periodista ejercía su trabajo informativo cubriendo una manifestación pacífica. A pesar del ambiente de hostilidad contra la prensa y la libertad de expresión en Guatemala1, Norma no cejó en su búsqueda de justicia y reparación, no solo con el objetivo de esclarecer su caso, sino también de abrir el espacio a toda su profesión. 

Los días 17 y 18 de septiembre de 2014, una pareja de voluntarias de PBI observaba una manifestación en el puente Jupilingo, ubicado en el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. La petición para llevar a cabo esta observación nos llegó de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND), organización que acompañábamos en aquel entonces. Esta manifestación se enmarcó en una jornada de paro nacional y concentraciones sociales, en la que miles de personas en todo el país se manifestaron para protestar contra varias leyes. Una de estas fue la conocida como“Estoy satisfecha, han sido nueve años de buscar justicia y ganó la libertad de expresión, se hizo justicia y se ha reconocido el trabajo de los periodistas comunitarios”. Ley de Túmulos, señalada por la sociedad civil como potencial herramienta para criminalizar las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en carreteras2. 

En la mañana del día 18, las dos voluntarias vieron cómo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detenían y esposaban a Norma, junto con otras cuatro personas provenientes de las comunidades. Todas ellas fueron trasladadas a la comisaría de Chiquimula y posteriormente al Juzgado de Primera Instancia, para ser acusadas de los delitos de atentado y desorden público. A pesar de que el Código Procesal demanda que la primera declaración debe ser realizada 24 horas después de la detención, el juez alegó falta de tiempo en ese momento para poder escuchar a las personas detenidas. En consecuencia, fueron trasladadas a la cárcel de Los Jocotes, en Zacapa, donde permanecieron cuatro noches, hasta el lunes de la semana siguiente. Ese día el Ministerio Público (MP) presentó su acusación y las personas detenidas prestaron su primera declaración. El juez concluyó que no había pruebas para sustentar los delitos y las dejó libres.

Ser periodista comunitaria

Norma Sancir, mujer maya Kaqchikel, nació en Tecpán, Chimaltenango. Cuando era pequeña su familia se vio obligada a migrar a Ciudad de Guatemala, debido al Conflicto Armado Interno que se estaba viviendo en el país en ese momento. Allí decidió estudiar periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Al principio de su andadura profesional, colaboró con una radio comunitaria y así empezó a entrar en contacto con las comunidades y a interesarse por los derechos de los pueblos indígenas. Ese trabajo le permitió conocer al equipo de Prensa Comunitaria, con quien empezó a trabajar sobre problemáticas relacionadas con la defensa del territorio en diversas comunidades y regiones, así como con la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Un tiempo después se trasladó a Camotán para acompañar, con su trabajo de periodismo, a las comunidades maya Ch’orti’ en la defensa de su territorio.

Los y las “comunicadoras comunitarias están a la par del pueblo, trabajan para el pueblo y con el pueblo, hablan de cosas de interés para las comunidades. Se comunican con las comunidades en su propio lenguaje, en su propia cultura, en su propia cosmovisión”. Así explica Rony Morales, comunicador social comunitario, el trabajo de los y las periodistas que trabajan en áreas rurales3.

Para Norma fue revelador darse cuenta que los derechos de las comunidades indígenas son violados sistemáticamente y que los medios corporativos no tienen interés en informar sobre sus situaciones, desafíos y luchas, porque sacar a la luz pública estas problemáticas cuestiona el modelo de desarrollo actual de Guatemala, el extractivismo, el cual es promovido por el sector empresarial que financia y gestiona estos medios4. 

Es por esto que los y las periodistas comunitarias están más expuestas a todo tipo de ataques. Desde amenazas, agresiones y criminalización, hasta asesinato, todo ello con el objetivo de silenciarles y que los impactos de este modelo económico, basado en la corrupción y la destrucción de la vida en las comunidades, no salga a la luz. El Informe de los hallazgos de la misión internacional sobre libertad de prensa y de expresión en Guatemala, destaca que las y los periodistas comunitarios e indígenas en las zonas rurales “históricamente se han enfrentado a la persecución estatal, de las élites económicas y del crimen organizado; además de sectores urbanos que les discriminan y se niegan a reconocerles como periodistas en razón de su origen”5.

Buscar justicia

Ante el atropello vivido, Norma Sancir decidió ejercer su derecho a denunciar. Dicha denuncia la interpuso ante la Unidad de Delitos contra Periodistas del MP y fue por detención ilegal. 

El proceso iniciado por Norma ha durado demasiado tiempo. Tuvo que esperar hasta el año 2020 para que cuatro agentes de la PNC fueran enviados a juicio, y no fue hasta el segundo semestre de 2023 cuando comenzó el debate oral y público. Desde PBI hemos acompañado a Norma durante las diferentes fases del proceso judicial, y las dos voluntarias que estuvieron presentes en el lugar de los hechos en 2014 prestaron su declaración por videoconferencia desde sus países de residencia actual6.

“Lo que espero es justicia, por las personas que estamos haciendo periodismo comunitario, que hemos sido abusadas. Lo que espero es justicia por todas las mujeres que hoy están haciendo periodismo en las comunidades, y que no se les reconoce y se les estigmatiza por ser mujeres”, declaró Norma Sancir ante el juez encargado del proceso.

El 31 de enero de 2024 el juez Jorge Douglas Ochoa, del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula dictó sentencia y reconoció a Norma Sancir como periodista que “trabajaba para un medio de comunicación comunitario y que ese día se constituyó al lugar a cubrir esa nota”7. En su resolución el juez señala que los derechos de libertad de prensa y de expresión no pueden ser restringidos, ya que constitucionalmente se le da esa facultad a las personas que hacen periodismo y a las comunidades que reciben la información. Estos derechos están establecidos en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala, así como en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala. La sentencia condenó a las personas acusadas a penas de prisión conmutables, por abuso de autoridad. 

“Estoy satisfecha, han sido nueve años de buscar justicia y ganó la libertad de expresión, se hizo justicia y se ha reconocido el trabajo de los periodistas comunitarios”.

1Articulo 19, Informe de hallazgos de la misión internacional sobre libertad de prensa y de expresión en Guatemala, 22.06.2023.