Coyuntura del agosto de 2025

Sentencia en el caso Hogar “Seguro” a 8 años de los hechos

“Justicia para las niñas del Hogar Seguro”, proclamaron varias de las personas presentes al concluir la audiencia de declaración de la sentencia del caso Hogar “Seguro”. 8 años después del incendio que desembocó en la muerte de 41 niñas, la jueza Ingrid Vanesa Cifuentes declaró culpables a 6 de de las 7 personas acusadas. Las penas de cárcel impuestas son: 6 años para Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); 13 años a Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), quien tenía la llave del salón donde se quemaron las niñas; 15 años para Luis Pérez, exsubcomisario de la PNC; 17 años para Brenda Chamán, exjefa de Protección Especial de la Secretaria de Bienestar Social (SBS); 25 años para Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, y para Carlos Rodas Mejía, extitular de la misma institución en el momento de los hechos. Harold Flores, exprocurador de Niñez y Adolescencia, fue absuelto al considerarse que no tenía el puesto jerárquico ni las funciones que le otorgasen poder de decisión sobre el encierro de las niñas1.

La sentencia es un hito importante en la rendición de cuentas frente al maltrato de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. El incendio, ocurrido el 8 de marzo de 2017, fue el punto culminante de una serie de malos tratos perpetrados en contra de las y los residentes de este hogar estatal. Desde 2010, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU alertó sobre la falta de aplicación de las normas de atención en el centro. En 2013, dos trabajadores de este hogar fueron arrestados después de haber agredido sexualmente a dos niños2. 

Esta sentencia también pone fin a un proceso caracterizado por dilaciones, amenazas y actos de revictimización en contra de las víctimas y sus familiares3. “Ya no me miro como sobreviviente. Para mí sobreviviente queda muy bajo. Sobreviví a todo lo que estaba pasando. Hoy me miro más como una guerrera. Una guerrera que ha sabido enfrentar al mundo”, explica una de las sobrevivientes poco antes del fin del proceso4. De hecho, en múltiples ocasiones fueron señaladas como personas en conflicto con la ley, “personas revoltosas”, con lo que varias pidieron “que dejen de estar señalándolos como que nosotras tuvimos la culpa”. Asimismo, solicitaron medidas de seguridad por temor a sufrir represalias5. 

Tras esta larga lucha por que se hiciese justicia, las víctimas expresaron: “No me siento feliz ni triste”, “siento que es como un peso que se me quitó de encima, porque esas personas sí eran culpables”. La madre de una de las niñas fallecidas considera que “son pocos años, la verdad. Para todas esas niñas y las sobrevivientes, son pocos años. Me entristece mucho, pero aunque sea algo de justicia hubo”6. Otra sobreviviente puso de relieve que el daño cometido es irreparable: “El Estado nunca acabará con su deuda”7.

A través de esta sentencia, la jueza ha respondido a las exigencias de las víctimas frente a hechos que han llegado a ser considerados como un “femicidio de Estado”8. Dentro de las medidas de reparación ordenadas, se contempla la organización de un acto público en el que el presidente de la República pedirá disculpas en nombre del Estado. También se ordena la creación y el cuidado de varios sitios para dignificar la memoria de las víctimas, entre los cuales está el memorial situado en la Plaza de la Constitución, el cual ha sido vandalizado en varias ocasiones9. Además, en seguimiento a la petición de una de las víctimas, se ordenó una investigación sobre la implicación del entonces presidente de la República, Jimmy Morales, en los hechos10. 

Criminalización contra autoridades indígenas no se detiene: capturan a Esteban Toc Tzay tras cuatro meses de las detenciones de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto se denunció públicamente la “persecución política” como una estrategia del Ministerio Público (MP) contra los miembros de los 48 cantones de Totonicapán, de los que son parte los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán11. Ambos fueron detenidos el 23 de abril de 2025, por una orden de aprensión girada desde la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Desde entonces permanecen en prisión. Esta captura es fruto de la criminalización que están sufriendo por su participación en el paro nacional de 2023, que se llevó a cabo en el marco de la movilización social contra las acciones del MP encaminadas a anular el resultado de las elecciones presidenciales. Fue gracias a estas movilizaciones, y al paro nacional, que finalmente Bernardo Arévalo pudo asumir la presidencia. Ambos líderes están siendo acusados de terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita. 

El 25 de agosto, autoridades nacionales e internacionales realizaron una rueda de prensa delante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar los retrasos en el proceso llevado a cabo en el seno del Organismo Judicial. Además, ante la falta de nombramiento de un juez para la etapa intermedia que decide si hay elementos suficientes para que Pacheco y Chaclán enfrentaran un proceso judicial, las organizaciones sociales exigen al organismo judicial asignar un juez que tome esta decisión y que también decida sobre las medidas sustitutivas durante el proceso12.

Lamentablemente, la persecución y criminalización de las autoridades indígenas que participaron y lideraron el paro y las movilizaciones en defensa de la democracia en 2023, no para. El 28 de agosto, a petición del MP fue detenido otro de los líderes de estas movilizaciones, Esteban Toc Tzay, vicealcalde de Sololá entre 2022 y 2023. Cabe recordar que las autoridades indígenas de Sololá fueron de los grupos más activos en el paro nacional13. La Fiscalía Especial contra la Impunidad señala a Esteban Toc de los delitos de terrorismo, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción de la justician. A pesar de su grave situación de salud, al final de su audiencia de primera declaración fue enviado a prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala14. Varias autoridades indígenas publicaron un comunicado rechazando su captura y llamando a “la comunidad internacional a pronunciarse y condenar estas acciones de represión” (ver comunicado al final de este documento).

Detención de Leocadio Juracán: continua patrón de criminalización contra defensores de tierra y territorio

El 13 de agosto, Leocadio Juracán Salome, actual dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y exparlamentario (2015-2019), fue detenido por agentes de la PNC en el Aeropuerto de La Aurora. 5 días después de su aprehensión, el 18 de agosto, tuvo lugar la audiencia de primera declaración. El motivo de la detención está directamente relacionado con el desalojo de 36 familias Q’eqchi’ de la comunidad Río Tebernal (Livingston, Izabal), que el CCDA acompaña desde 2024, ocurrido el 5 de marzo del presente año. La detención de Juracán se enmarca en el patrón de criminalización que llevan largo tiempo sufriendo las organizaciones de base indígena y campesina por defender los derechos humanos (DDHH) y especialmente el acceso a la tierra y la defensa del territorio15. 

A pesar de las irregularidades e inconsistencias del caso, el juez Fabián de León ligó a proceso al defensor por uno de los 4 delitos imputados, usurpación agravada, citándole a la audiencia de etapa intermedia el 5 de febrero del 2026, en la cual el MP debe presentar las evidencias para su acusación. Tanto en este caso como en otros similares, el Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH, junto a otras organizaciones, ha denunciado y documentado la instrumentalización del aparato judicial para criminalizar, perseguir y reprimir a defensores y defensoras de DDHH en el marco de una estrategia de violencia sociopolítica16. 

El CCDA es una organización campesina e indígena que trabaja para la defensa de los derechos de las comunidades, especialmente en lo que respecta a la tierra, el territorio, la justicia agraria y la dignidad del trabajo. Tiene una larga historia de lucha social y política promoviendo el desarrollo rural sostenible y la autonomía de los pueblos. Lamentablemente ha sido perseguida y atacada innumerables veces. Entre 2016 Y 2025 el CCDA sufrió el asesinato de 18 de sus dirigentes; solo en 2024 han estado en prisión 21 integrantes de la organización. Ahora se suma el presente proceso contra Juracán, quien ha declarado que se trata de un caso fabricado para justificar su criminalización. Además, preocupan los señalamientos que la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) realizó contra CCDA y Juracán, en el marco del presente caso17.

Enmarcado en esta crítica situación para quienes defienden la tierra y el territorio, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, en su reciente visita al país señalo que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”18. 

UDEFEGUA publica su informe 2024

Este mes la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humano de Guatemala (UDEFEGUA) publicó su informe sobre la situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de DDHH, correspondiente al año 2024. En dicho documento han quedado registradas 4.133 agresiones. Los picos más altos de violencia se produjeron en enero (transición entre gobiernos), mayo y agosto del (proceso de elección de Cortes). Entre los principales grupos agredidos se encuentran las y los operadores de justicia, defensoras y defensores de la imparcialidad del sistema de justicia y de los espacios democráticos, y periodistas nacionales y comunitarios: 2. 048 casos contra operadoras de justicia y 1.227 contra periodistas. Estos datos muestran una correlación entre casos de criminalización a personas defensoras, procesos electorales e intereses de grupos políticos y empresariales. El objetivo de dichos ataques es asegurar el control del aparato judicial y el amedrentamiento de voces críticas contra la corrupción. Esto preocupa especialmente, teniendo en cuenta los procesos electorales que tendrán lugar en 2026: elección de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC) y nombramiento de Fiscal General19.

Los principales tipos de agresiones recogidas en el informe son estigmatización, difamación y hostigamiento. Los principales agresores son Netcenters, grupos conservadores y partidos políticos. También se pone de manifiesto el deficiente procesamiento de estas denuncias por parte del MP. Según la abogada maya K’iche’ Ana Lucía Xiloj, “las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, no son investigadas o pueden tardar años”20.