El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Este año, representantes de los diferentes Pueblos y territorios del país presentaron ante el gobierno de Bernardo Arévalo sus hallazgos y demandas acerca de la situación del agua. Esto fue el resultado de 24 asambleas por el agua y la vida, realizadas durante el primer trimestre del año en diversas regiones. En ellas participaron más de 600 personas provenientes de más de 35 organizaciones comunitarias, incluyendo autoridades ancestrales.
La situación del agua en Guatemala es preocupante. Desde PBI somos testigos directos de ello cada vez que visitamos las diferentes regiones del país donde acompañamos (ver recuadros). El agua no solo es escasa sino también contaminada, lo que deriva en enfermedades cutáneas y gastrointestinales. Esta contaminación suele ser provocada por la basura y por los agrotóxicos de los fertilizantes que utiliza la agroindustria, los cuales envenenan el suelo y los ríos. Además, según la Universidad Rafael Landívar “hay evidencia inequívoca de una contaminación microbiológica generalizada (presencia de coliformes fecales) en todas las fuentes de agua, independientemente del territorio del país, tipo de fuente (entubada, río, manantial, pozo) y tipo de área (urbana o rural)”.
Ante la falta de respuesta de los sucesivos gobiernos, las comunidades indígenas y rurales de varias regiones del país, donde esta problemática alcanza dimensiones muy graves, han realizado su propio diagnóstico que presentaron al Gobierno de Arévalo y que resumimos a continuación.
“Agua y energía no son mercancía”
Francisco Rocael, del Consejo del Pueblo Maya (CPO), en su intervención criticó la Ley general de electricidad, pues plantea un modelo energético dirigido a satisfacer las demandas de las industrias, los centros comerciales y el mercado eléctrico regional. Bajo su punto de vista el derecho a electricidad se ha convertido en un negocio. El 80% de la generación de electricidad está privatizada y la mitad de la electricidad producida se está exportando, lo que desemboca en la necesidad de construir nuevas hidroeléctricas. Paradójicamente, en las regiones donde hay mayor concentración de plantas hidroeléctricas, como en Alta Verapaz y Quiché, las comunidades no tienen electricidad. Por ello Rocael concluye que hace falta un nuevo modelo energético que reconozca las soberanía y autonomía de los Pueblos y fortalezca iniciativas locales para la construcción de hidroeléctricas comunales, de tal manera que las comunidades produzcan y administren su propia electricidad. “Necesitamos un nuevo reordenamiento territorial basado en cuencas hidrográficas, basado en condiciones y demandas de las comunidades y de la biodiversidad”.
“Demandamos el derecho a la consulta”
Diego Zamprano, del área Ixil, compartió la preocupación por la falta de reconocimiento de las consultas comunitarias. El Estado no ha mostrado interés en reconocer las consultas realizadas en más de 100 municipios. Otorga licencias para proyectos extractivos que secuestran y desvían los ríos que dejan de ser accesibles para las comunidades. Señala que esto además se hace sin que las empresas cumplan con el requisito de hacer y presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Todo ello a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha reconocido en varias sentencias el derecho a la consulta.
“Agua es vida”
Judith Valle, representante de Ciudad de Guatemala y sus alrededores, reconoció privilegios en comparación con las situaciones que se viven en las comunidades rurales y en otros departamentos del país. Aun así, incluso en la capital están aumentando las zonas que no tienen servicio de agua, lo que impacta directamente en la salud de la población. Afecta al descanso también, ya que las familias no pueden dormir pues es durante la noche cuando llega el agua potable y tienen que estar atentas para llenar las pilas y los tanques. Sin embargo, el coste de las facturas es elevado. La alternativa, que es el agua que se distribuye en pipas, está contaminada. A esto se suma el impacto del auge de la construcción de edificios en algunas zonas de la ciudad. Esto hace que la escasez del agua para la población metropolitana aumente.
“Habrá paz si hay agua”
Abelino Mejía, proveniente de la Costa Sur, alertó sobre la desviación y la retención de los ríos que dejan a 49 mil personas de la región sin agua, debido a las actividades de las agroindustrias (azucarera, palmera, bananera, …). Estas actividades han secado los pozos artesanales, lo que afecta gravemente a los cultivos familiares. En cada comunidad hay entre 35 y 40 niñas y niños con desnutrición y familias enteras tienen que migrar a otros países para poder mantenerse. Encima, en los últimos años fueron criminalizadas 36 personas defensoras por defender el derecho al agua. “Defender el agua no es un delito, defender el agua es defender la vida.”
Ecocidio
El maestro Américo González, del Movimiento en Defensa del Agua Qana’ch’och, que representa a las tierras bajas del Norte de Guatemala (Sayaxché, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas e Ixcán), denuncia la contaminación de las tierras por los monocultivos de palma aceitera, las huleras y las cañeras. Como ejemplo de los daños que generan estas empresas, comparte la experiencia trágica de 2015. En el municipio de Sayaxché, el río La Pasión fue contaminado por los desechos de un fábrica palmera (REPSA) que afectó cientos de kilómetros del mismo río y de sus afluentes. Esto causó un ecocidio de dimensiones desconocidas. Hasta el día de hoy no se han dado procesos judiciales contra los responsables de este y de otros desastres ecológicos.
“¿Qué desarrollo ha traído la Mina Marlin a San Miguel Ixtahuacán?”
Rosario Arteaga, integrante del Pueblo Xinka, solicitó en nombre de los cuatro Pueblos un país libre de minería metálica y no-metálica. Señaló que existen más de 300 licencias de explotación minera en el país y que se las presenta como portadoras de desarrollo, pero se pregunta: ¿qué tipo de desarrollo realmente traen a los pueblos?; ¿quiénes se benefician cuando se autorizan las licencias?; ¿qué deja una mina al Estado de Guatemala?; ¿qué hace el Estado con el beneficio que le queda? Los Pueblos tienen derecho a la consulta pero esto no se está respetando. Las empresas anuncian proyectos que supuestamente benefician a la gente, como la reforestación, pero en los EIA las empresas no revelan cuántos arboles van a talar, ni hablan sobre la contaminación de los ríos y las cuencas de agua. Arteaga se pregunta quién está resolviendo los problemas de la contaminación que dejan las minas en los pueblos; quién se encarga de las tierras que se queden infértiles por la contaminación; qué hacen los Pueblos que viven de la agricultura. Además apunta que cuando la gente denuncia y reclama sus derechos, el Estado reacciona con la militarización de los territorios y la criminalización de las personas que se atreven a levantar la voz. Otro aspecto importante que señaló y que hace que la situación sea aun más grave, es que no hay un sistema de salud que atienda las enfermedades generadas por la contaminación. Existen estudios que dejan claro que el agua no es apta para el consumo humano porque contiene metales pesados y otros contaminantes, pero las empresas dicen que el agua está bien. Pero entonces, se pregunta Arteaga, ¿por qué mueren peces y flores?
La paradoja de Guatemala: gran riqueza natural y gran desigualdad
Bertilia Ramírez, delegada del Movimiento Social del Ixcán, manifestó que las empresas llegan a las regiones indígenas porque aquí se concentra la riqueza natural del país. “El Estado y las empresas nacionales y transnacionales han llegado a nuestros territorios no para traer desarrollo, sino para saquear nuestros territorios y para interponer sus proyectos que atentan contra nuestra existencia como Pueblos milenarios. Los proyectos son la mayor amenaza contra nuestros Pueblos y la privatización del agua es sinonimia de muerte para los Pueblos Indígenas.”
“Si no hay bosques, no hay fuentes de agua y no hay vida”
Vilma Angélica Chuy, del Pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa, compartió los efectos de la sequía y la desaparición de cuerpos de agua. Explicó que los pueblos indígenas tienen una comunicación, respeto y conexión armónica ancestral con las fuentes de agua. El agua es la sangre de la madre tierra, es sagrada y es parte de la cosmovisión y la cosmogonía. Por eso para los Pueblos Indígenas el agua no es un recurso sino vida y espíritu.
La sequía ha llegado a sus comunidades y ha traído una pérdida masiva de cultivos, lo que ha disminuido la producción de alimentos y el agua disponible para el consumo humano y animal. Además, el 90 por ciento de todas las fuentes de agua contiene contaminación microbiológica (heces fecales) y su consumo sin tratamientos previos es un riesgo para la salud. Las fuentes de agua que abastecen a las áreas rurales y urbanas están desapareciendo por la masiva deforestación y el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Esta falta de agua afecta más a las mujeres, pues su papel en la agricultura es crucial y son las responsables de la alimentación y el cuidado familiar.
Los Pueblos necesitan la implementación de un sistema de riego sostenible para las comunidades agricultoras. Las políticas de subsidio tienen que llegar directamente a las comunidades vía sus autoridades ancestrales, que son quienes cuidan y conservan el agua y la naturaleza. Se necesita una masiva reforestación de bosques, formación ambiental en las comunidades para el cuidado y la conservación del agua y la implementación de tanques comunitarios.
“El agua no es mercancía”
María Caal, del Pueblo Q’eqchi’, expuso que los Pueblos Indígenas sufren las consecuencias de la mercantilización de agua. Los criminalizan cuando alzan la voz para defender sus derechos y los derechos de los elementos naturales. Ella lo ha vivido en carne propia, junto con su familia, por la criminalización y el encarcelamiento de su hermano Bernardo Caal. En consecuencia, demanda al gobierno dejar de perseguir y criminalizar a las y los defensores que alzan sus voces contra la destrucción de la naturaleza. Porque no son ellos los delincuentes. Son las empresas las que han robado los ríos, el agua y la naturaleza. Los Pueblos son los legítimos dueños de los territorios y de los elementos naturales. Por todo ello demanda al gobierno que haga un EIA sobre los daños que causan las empresas en los territorios. Exige consultas en cada territorio donde operan empresas y que el Estado ya no otorgue más licencias a las empresas extractivas. Sin el agua no hay vida: ni para las personas, ni para las plantas, ni para los animales.
Defendamos juntos el agua, sin el agua no podemos vivir”
Para Salvador Quiacaín Sac, Tzutujil de San Pedro La Laguna, la producción de basura no es el problema, el problema es no saber manejarla. Aunque el aumento de la basura significa riesgo contra la vida, hace 60 años, el 70% de la basura era orgánica, hoy el 70% es inorgánica y altamente contaminante. Por eso urge controlar el manejo de la basura sólida.
Los Pueblos exigen leyes que cuenten con su participación y que regulen la producción de basura altamente contaminante. Exigen que las empresas tomen responsabilidad empresarial social con respecto a este tema. La lucha contra la basura debe ser constante y contar con la participación de todos los sectores. Sin embargo, Quiacaín Sac señala que hay empresas que se benefician de la producción de basura. La contaminación del agua y de los nacimientos de agua por la basura va en contra de la vida humana.
“Exigimos reconocer el agua como un ser vivo y un sujeto de derechos”
Finalmente, Wellinton Osorio del Colectivo Chiviricuarta presenta las propuestas y demandas de las 24 asambleas comunitarias dirigidas al gobierno del país:
- Jornadas masivas de reforestación de bosques con pertinencia cultural, que respeten la diversidad de las especies nativas que permiten restaurar la vida y la diversidad y que garanticen la filtración y el crecimientos de caudales hídricos en nuestros territorios.
- Acuerdos y políticas comunales para la protección y los usos colectivos y comunitarios del agua.
- Acciones para recuperar nacimientos de agua, de ríos y de fuentes de aguas comunitarias.
- Recuperación de prácticas y valores que aporten al cuidado y la defensa del agua, buscando incorporar a las nuevas generaciones.
- Gestión de deshechos sólidos desde nuestros territorios.
- Soberanía alimentaria a partir del acceso al agua.
- Campañas de concienciación sobre la importancia del agua y su cuidado.
- Una ley de agua desde la cosmovisión y práctica de nuestros Pueblos.
- Educación ambiental para crear conciencia sobre el agua, los bosques, los valles y los cerros.
- Declarar Guatemala libre de minería a cielo abierto.
- Cancelación de licencias.
- Que se termine la criminalización de personas defensoras de la Madre Tierra.
- Prohibición de la expansión de monocultivos y del uso de agrotóxicos que dañan el agua y los suelos de manera irreparable.
- Prohibición de materiales plásticos de un solo uso, impulsar la responsabilidad de las industrias.
- Monitoreo estatal de cantidad, calidad, disponibilidad y vida del agua.
- Realización de EIA serios, y que se considere no aprobar nuevos proyectos de construcción de viviendas en zonas donde no hay agua.