Vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas durante la pandemia. El caso del pueblo Maya Ch'orti’

En Iximulew, denominada Guatemala desde la colonia, los pueblos originarios llevan años reivindicando el derecho a decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural y sobre el territorio que habitan, todo ello a través de sus propias formas de gobierno. Este derecho les es reconocido internacionalmente a través de dos instrumentos legales ratificados por la República de Guatemala: el convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

El pueblo Maya C’horti’ se ubica mayoritariamente en el departamento de Chiquimula, en los municipios de Camotán, Jocotán y Olopa. Esta zona oriental del Corredor Seco, se caracteriza por la escasez de agua y sus efectos negativos sobre la cosecha de alimentos básicos, todo ello en una población que vive básicamente de la agricultura. La consecuencia de esta realidad es la desnutrición aguda y crónica generalizada, que afecta especialmente a niñas y niños menores de edad. El origen de esta problemática lo encontramos en la desigual distribución de las tierras, así como en la sequía permanente provocada por la cada vez más irregular distribución de lluvias, el acaparamiento de los ríos por parte de empresas extractivas y la creciente deforestación. Todo ello se traduce en falta de agua para la siembra y para todos los usos imprescindibles de la vida cotidiana de las comunidades, incluso, repercute en el lavado frecuente de manos que se está recomendando como medida principal para evitar la expansión del COVID-19.

Restricciones por el Estado de Calamidad

El 6 de marzo de 2020 entró en vigor el Estado de Calamidad (EdC) en Guatemala. Entre otras medidas, contempla la parada del transporte público y la prohibición de reunión y libre locomoción durante el horario del toque de queda. Esto ha supuesto un impedimento para que las comunidades ejerciesen su derecho a resistir frente a los proyectos extractivistas. Al mismo tiempo ha incrementado su aislamiento, debido a que ni las organizaciones locales, ni las internacionales que les acompañan, pueden mantener su presencia en los territorios.

Estas dificultades vienen acompañadas de una menor presencia de las instituciones del estado responsables de velar por la seguridad de los y las ciudadanas y por el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, las empresas disponen de recursos y permisos para seguir con sus actividades1. Esto ha incrementado los riesgos a los que se exponen las y los defensores de las comunidades que, desde hace años, reivindican el respeto de sus derechos sobre los territorios ancestrales.

En el territorio Ch’orti’, dos proyectos mineros muestran esta preocupante realidad.

Proyecto minero “Cantera Los Manantiales”

En el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, desde el año 2016 opera la empresa American Minerals S.A. a través del Proyecto minero “Cantera Los Manantiales” de extracción de antimonio. Para hacer frente a este proyecto no consultado y con impactos negativos sobre el agua, las comunidades se organizaron, con el apoyo de la Central Campesina Chorti’ Nuevo Día (CCCND), consiguiendo que, en noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviese un amparo provisional a favor del Consejo Indígena maya Ch’orti’ suspendiendo la licencia minera.

Desde que inició la Resistencia, las y los líderes Ch’orti’ de las comunidades aledañas a la mina han recibido amenazas y ataques. Esto se agravó con la entrada en vigor del EdC. Líderes Ch’orti’ de la comunidad La Prensa recibieron amenazas e intimidaciones y fueron objeto de actos de vigilancia. Todo inició después de que denunciasen que personas desconocidas quitaron la cadena de metal colocada por las asambleas comunitarias al inicio del camino vecinal que lleva a la mina. Con esta acción la empresa consiguió llevar maquinaria a las instalaciones de la mina sin la autorización de las comunidades2 e irrespetando la suspensión temporal de la mina ordenada por la CSJ.

Según CCCND, la intimidación y provocación a las comunidades del municipio de Olopa ha sido continua durante el EdC, incluyendo un incendio forestal a finales de abril que se extendió hacia el bosque comunal. Las y los comunitarios sospechan que fue provocado por uno de los operarios de la mina. A raíz de los episodios anteriores, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa presentó a finales de abril un memorial a la Municipalidad de la misma localidad, para denunciar que la mina seguía operando (a pesar de la suspensión ordenada por la CSJ), así como los frecuentes actos de hostigamientos perpetrados por personas vinculadas a la mina.

Asesinato del defensor Medardo Alonzo Lucero

El acto más grave y lamentable ha sido el asesinato, por estrangulamiento, del defensor Medardo Alonzo Lucero, de la comunidad La Cumbre, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 15 de junio. Medardo era hermano de Ovidio Alonzo Lucero, vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Por el trabajo de defensa del territorio contra la industria extractiva, tanto el Consejo Indígena de la comunidad como el propio Ovidio reciben amenazas e intimidaciones constantes que ponen en riesgo sus vidas. La investigación del caso, así como la pronta identificación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Medardo, es fundamental para que se haga justicia y para preservar la vida de Ovidio Alonzo Lucero y demás integrantes del Consejo Indígena de La Cumbre.

Empresa minera “Cantera El Porvenir”

Otro de los proyectos extractivos presente en la zona es el de la empresa minera “Cantera El Porvenir”, ubicada en el bosque comunitario “El Zompopero” en territorio de la comunidad de Lelá Obraje (municipio de Camotán, departamento de Chiquimula). Según CCCND y los líderes y lideresas comunitarias que viven alrededor de la mina, ésta realiza tala del bosque sin autorización legal y a pesar de la oposición de las comunidades3. El 25 de marzo, ya en pleno EdC, en el bosque comunal de Lela Chancó se dio un incendio forestal que inició momentos antes del toque de queda. Las comunidades, que a través de sus propios medios se ocuparon de extinguir el incendio, lo consideran un acto de provocación que además les obligó a exponerse durante el toque de queda. Asimismo, las y los líderes comunitarios han señalado presencia militar desde el mes de marzo en varios caseríos de la comunidad de Lelá Obraje. Hasta el momento nadie les ha informado sobre las funciones que están cumpliendo dichos militares en el territorio.

Agravamiento de los conflictos por el control de los bienes naturales

Estas situaciones son un ejemplo de lo que se está viviendo actualmente en los diferentes territorios de Guatemala, agravando de forma preocupante los conflictos ya existentes entre las comunidades y actores externos, por el control de los bienes naturales. Esto se enmarca en el contexto mundial de lucha por los recursos, los cuales son esenciales para el funcionamiento de un sistema económico basado en su explotación y que tiene impactos muy graves sobre las poblaciones indígenas.

Frente a este panorama, los pueblos mayas, xinka y garífuna han presentado sus propuestas concretas y han pedido, a través del comunicado Demandas ante crisis COVID-19, “…no utilizar el Estado de Calamidad para asentar en nuestros territorios proyectos de inversión gravosos a nuestros derechos y respetar en espíritu y letra nuestro derecho a la consulta libre previa e informada y la respuesta de los pueblos. Convocar a las representaciones de los pueblos para discutir y acordar con nosotros, cualquier medida de emergencia, de mediano o largo plazo que impacte a nuestra población”.

Desde Brigadas Internacionales de Paz nos hacemos eco de la urgente necesidad de escuchar la voz de los pueblos.