Ubicación

Está presente en los cuatro municipios Ch’orti’ del oriente del país: Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, en el departamento de Chiquimula.

Al igual que otros pueblos mayas, los y las Ch’orti’ tienen una relación especial con la tierra. Su concepción del territorio incluye la tierra, las rocas, el bosque y el río. El Río Grande de Jocotán, o Jupilingo (como lo conoce la población de la zona) atraviesa las tierras ancestrales Ch’orti’ ubicadas en Honduras y en Chiquimula, Guatemala. Este río es considerado un milagro por la población Ch’ortí’, ya que Chiquimula pertenece a la región conocida como “Corredor Seco”, donde escasea el agua y la vegetación. El principal sustento de la comunidad Ch’orti’ es la agricultura. Esencialmente cultivan frijol y maíz, productos vulnerables a las frecuentes sequías que sufre la región. Las y los Ch’orti’, al igual que otros pueblos ancestrales de Guatemala, se gobiernan por medio de un consejo indígena elegido por la comunidad.

Área de trabajo y derechos defendidos

Su labor principal es capacitar e informar a las comunidades Ch’orti’ acerca de temas relacionados con economía campesina, medio ambiente, derechos y territorio. Nuevo Día ofrece asesoría legal a las comunidades que buscan reconocimiento formal de su estatus como pueblo indígena Maya Ch'ortí.

Descripción de la problemática

La CCCND acompaña a 43 comunidades Ch'ortí en la región representando a unas 7.000-8.000 familias y, desde octubre de 2018, forma parte del Frente Campesino Iximulew. Su labor gira en torno a la defensa del territorio y sus principales preocupaciones y acciones se centran en los impactos de proyectos extractivos sobre el medio ambiente y las economías locales.

Cabe destacar que durante la segunda mitad del año 2019 y en 2020, se observó un incremento muy notable de la conflictividad y un aumento sistemático de los ataques contra los y las integrantes de la organización. Su situación de seguridad es muy preocupante, particularmente en las comunidades de Lela Obraje y Olopa. Los ataques sistemáticos, como amenazas directas, difamaciones e intimidaciones se han incrementado fuertemente desde 2018 hasta la actualidad.

Acompañamiento de PBI

PBI les acompaña desde el año 2009 y ha intensificado su presencia en las comunidades que forman parte de la CCCND, especialmente las que están buscando ser reconocidas como comunidades indígenas frente a los municipios locales y el Estado guatemalteco.

Información Relacionada

Criminalización de Agustin Díaz Ramírez and Timoteo Suchite de Rosa, autoridades indígenas (actualizado noviembre de 2021)

Sancir, N., Salud y Nutrición del Pueblo Maya Ch’orti’, Capitulo 1, Radio de Derechos Indígenas, 23.02.2021

López, K., 3 Comunidades vencieron a las municipalidades que intentaban usurpar sus tierras, Nómada, 17.08.2020

Icono PDF Informe sobre el cumplimiento de las sentencias de Camotán, octubre 2019

En Guatemala, el 46,5% de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. En el año 2011, cuatro familias ch’orti’ demandaron al Estado de Guatemala por no garantizar la alimentación, salud y educación de la niñez y las familias. 18 meses después, un juzgado de Zacapa, en varias sentencias, declaró culpable al Estado por violar estos derechos, así como el derecho a la vida, la vivienda y el trabajo. El Estado buscó anular estas resoluciones a través de recursos legales, pero la corte de apelaciones y la Corte de Constitucionalidad desestimó las apelaciones y dejó las sentencias en firme.

En 2017 falleció Mavelita Interiano, una de las niñas amparadas por las sentencias, por falta de atención medica.

Este informe fue elaborado por la Coordinadora Central Campesina Nuevo Día, la campaña Guatemala Sin Hambre y la Procuradoria de los Derechos Humanos y presentado en octubre de 2019.

La inseguridad alimentaria en Guatemala: un drama humanitario que se puede evitar (Boletín 38, enero 2018)

Icono PDF Derechos indígenas y proyectos hidroeléctricos en Guatemala: El caso de los Ch’orti’ en Chiquimula (Noviembre 2015)

En mayo de 2015, Nuevo Día invitó a una misión independiente - compuesta por el profesor en derechos humanos Julian Burger y las abogadas Mónica Feria-Tinta y Claire McGregor, todas expertas en la materia de Derechos de los Pueblos Indígenas - para revisar los eventuales impactos de las dos represas hidroeléctricas planeadas sobre las comunidades Maya Ch’orti’. En el desarrollo de esta labor la misión se reunió y recibió información de todas las partes e intereses relevantes, incluyendo una amplia gama de miembros de las comunidades, representantes de la empresa hidroeléctrica, funcionarios de gobierno locales y nacionales, actores de sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Este informe es el resultado de la misión, reúne sus hallazgos y emite recomendaciones.