El Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa es una organización ancestral que defiende la tierra y el territorio Ch’orti’ de actividades económicas extractivas. Reivindica y promueve los derechos individuales y colectivos del pueblo Maya Ch’orti'.
En el año 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina, a través del Ministerio de Energías y Minas (MEM), otorgó a la empresa American Minerals S.A. una licencia de explotación para la extracción de antimonio con vigencia por 25 años en la Cantera Los Manantiales. El terreno para implementar dicho proyecto extractivo está ubicado en la aldea El Carrizal, que pertenece al municipio de Olopa, y abarca una superficie de dos kilómetros cuadrados. Dicha licencia fue otorgada sin haber realizado la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades, tal y como prevé el Convenio 169 de la OIT. A pesar de ello, la empresa dio inicio a sus operaciones en el año 2016.
Esta actividad minera ha tenido diversos impactos negativos en las comunidades, como el aumento de las desigualdades, disputas y limitaciones en el acceso a la tierra y a otros derechos, ademas de la vulneración de los derechos propios de los pueblos indígenas. Por ello, las comunidades iniciaron su resistencia pacífica para expresar su rechazo a la mina y conseguir su cierre definitivo. Esta lucha ha sido respondida con ataques de diversa índole. En enero de 2016, 22 de sus lideres y lideresas comenzaron a sufrir criminalización. Se les acusó de delitos de lesión en riña, allanamiento, amenazas e incendio agravado. Y aunque la persecución penal finalizó dos meses después de la acusación, a través del criterio de oportunidad, los incidentes de seguridad no cesaron. Por el contrario, volvieron con más fuerza durante el año 2018, en forma de vigilancia, intimidaciones y amenazas.
El 30 de septiembre de 2021, a las 10 de la mañana, las autoridades indígenas María Méndez, Bernardino Pérez y Juan Agustín, así como el defensor y la defensora de derechos humanos Santos Gerónimo Ramos Méndez y Rosa Margarita Pérez Canán, se presentaron a una citación para declarar ante el órgano judicial de la cabecera municipal de Chiquimula. Al presentarse ante el juez, se les reveló que fueron citados bajo la falsa premisa de que debían declarar en un caso distinto y en el lugar se les informó de una orden de detención emitida en su contra por un juez de Primera Instancia Penal de ese departamento. En ese momento se procedió a su detención, pero no se les informó de los motivos de la misma. Más tarde, ese mismo día, fueron ligadas a proceso por el delito de detenciones ilegales, según resolvió el juzgado de Primera Instancia de Chiquimula en una audiencia de primera declaración. En esa audiencia se dictó que pasasen a arresto domiciliario y permaneciesen en este durante los tres meses para investigar que se le otorgaron al MP. En cuanto a los delitos, aunque el MP les acusaba de detenciones ilegales y robo agravado, el juez sólo aceptó el delito de detenciones ilegales. Además de estas 5 personas, el Consejo Indígena Maya Ch'orti' de Olopa se enteró de que la denuncia judicial era contra otras 34 personas de las comunidades, de las cuales 12 tenían orden de captura.
Las autoridades indígenas denunciaron la forma en que fue separada Rosa María Pérez de sus dos hijas, quienes aún se encontraban en etapa de lactancia. Las menores también fueron trasladadas sin acompañamiento de familiares en una patrulla de la PNC al municipio de Esquipulas y posteriormente a la comisaría 23 de Olopa. Por la tarde fueron entregadas a familiares que llegaron a la comisaría en compañía de las autoridades indígenas.
Este proceso penal inició el 1 de julio de 2019, cuando Odilio de Jesús Guzmán Salazar, propietario de los terrenos donde se encuentra la minera y esposo de Guillermina Landaverri, propietaria de la licencia de operación de la mina, y su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán rompieron una cadena que habían colocado las comunidades en la puerta de entrada como medida de resistencia ante las operaciones de la minera. Además se destruyó una motocicleta y su personal de seguridad disparó en contra de personas en resistencia pacífica y violentó físicamente a Irma Pacay, autoridad indígena de la comunidad de La Prensa. Además, Odilio de Jesús Guzmán Salazar y su hijo pusieron una denuncia por detenciones ilegales.
El 9 de enero de 2022 fue detenido la autoridad indígena Felipe Díaz Ramos, también bajo la misma denuncia judicial, por el delito de detede manera voluntaria frente a la justicia. El 22 de marzo de 2023, el Juez de Primera Instancia Penal de Chiquimula dictó el sobreseimiento de su caso. Estaban señalados del delito de detención ilegal. El 17 de abril el MP apeló la resolución y la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de ese departamento revocó la resolución de sobreseimiento para que las cuatro personas sean enviadas a juicio oral y público. La defensa presentó, en mayo de 2023, un recurso de casación en la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ) en contra de la revocación del cierre del proceso penal. Aún están esperando tener una respuesta.