“Somos defensores y defensoras de la naturaleza, de nuestra hermana tierra, nuestra hermana agua, nuestro hermano bosque. Es un trabajo bastante amplio, bastante grande, defender y poder descubrir lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos cuidaron: todo lo que era la naturaleza, que es vida para todos nosotros como seres humanos... nos enseñaron lo que es el respeto, a convivir con la madre tierra, la naturaleza. Eso se ha perdido. Hemos perdido mucho... los bosques y el agua, hemos contaminado las fuentes de agua, los ríos, quebradas y zanjones”1.

Hace 10 años, en la municipalidad de Olopa (Chiquimula), se aprobó una licencia para la extracción de antimonio por 25 años a nombre de American Minerals S.A. Esto se hizo sin haber consultado previamente a las comunidades que serían afectadas por dicho proyecto minero. Desde 2016 las comunidades, que en aquel entonces eran parte de la Coordinadora Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND), han exigido el cierre del proyecto, pues supone un grave problema ambiental con serias repercusiones en la salud de las personas, así como en la cosmovisión del pueblo maya, para el cual el cuidado de la naturaleza es de suma importancia.

La llegada de la minería

Autoridades Ancestrales del Consejo Indígena de Olopa y otras personas de las comunidades señalan que la explotación minera en este territorio llegó hace aproximadamente 35 años. La comunicadora comunitaria Norma Sancir, que desde hace años informa de las luchas del pueblo Ch’orti’, nos comparte que en aquel entonces se trataba de minería artesanal. Mucha gente de las comunidades trabajaban allí sin saber el impacto ambiental que se generaría a largo plazo, pues entonces no había mucha información ni medios de comunicación, “pero años después cuando la mina quedó en manos de la empresa, esta ingresó maquinaria pesada y bajaron el cerro, ahí la gente se preocupó”2.

Ubaldino García, líder comunitario de Olopa nos cuenta lo que su padre presenció: “cuando la minería empezó vinieron personas diciendo que esto iba a ser una cooperativa, para que la comunidad lo aprobara, pero en realidad nunca perteneció a la comunidad, siempre fue privado. En ese entonces el mineral estaba a flor de tierra y como no había carretera lo sacaban a lomo de bestia. Luego empezaron a hacer túneles. El registro más antiguo de solicitud de licencia es de 1987, ya que la ley de minería en Guatemala es de 1985, pero en ese entonces los mineros no lograron la licencia y aún así siguieron explotando ilegalmente. Desde siempre las comunidades estuvimos en resistencia”3.

El Observatorio de Industrias Extractivas registró en 2007 una licencia de explotación “solicitada por Guillermina Esperanza Guzmán Landaverry, la licencia originalmente buscaba la extracción de oro, plata, cobre, platino, plomo, zinc y antimonio. 4 meses después, se solicitó el cambio a sólo antimonio”4. La licencia fue aprobado en 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, sin haber consultado a la población afectada, tal y como obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2016 la empresa minera comenzó sus operaciones, a pesar del desacuerdo expresado por las comunidades, lo que derivó en protestas. Francisco Ramírez, integrante del Consejo de Autoridades Indígenas de Olopa, señala que la formación de la Resistencia empezó cuando las comunidades de Olopa se dieron cuenta de los impactos negativos que la mina tenía sobre el agua y el medio ambiente. Esta iniciativa privada impulsada por el Estado no suponía un verdadero desarrollo como les habían prometido. Había que frenarla antes de que los daños fueran irreversibles.

“Queríamos que la empresa respetara nuestros derechos, porque nosotros, como comunidades indígenas no fuimos consultados. Para unos era desarrollo, pero para nosotros no. Más que todo estaban deteriorando nuestras vidas, nuestras tierras y nuestros bosques. Y es por eso que tuvimos que tomar acciones”.

Por la labor en defensa de sus derechos, los líderes comunitarios comenzaron a sufrir amenazas de muerte, intimidaciones, disparos al aire y al suelo y vigilancia. En 2016 inició un proceso de judicialización contra 21 personas de las comunidades que terminó relativamente rápido. Después de dos meses cesó la persecución penal a través de un criterio de oportunidad5, en el cual se les condicionó a no acercarse por un año a la mina.

Otra estrategia de resistencia frente a los proyectos extractivos ha sido buscar el reconocimiento jurídico como comunidades indígenas ante el Estado de Guatemala, convirtiéndose así la comunidad en sujeto de derecho que pueda gozar sus garantías. Después de caminatas, plantones y transitar por arduos procedimientos legales y burocráticos, durante los cuales tuvieron que enfrentar actitudes racistas y trato discriminatorio por parte de las autoridades, 6 comunidades Ch’orti’ lograron este reconocimiento municipal en 2018. Con el acompañamiento legal de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, hasta inicios de 2020 han sido reconocidas 14 de las 22 comunidades indígenas del municipio de Olopa.

Suspensión de la licencia minera

En noviembre de 2018, la Resistencia promovió una inspección “in situ” de las aldeas aledañas a la mina, conformada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A los 3 meses, el MARN presentó su EIA certificando que la mina no cumplía con los requisitos ambientales ni legales y pidió la suspensión oficial de dicha licencia y el cierre definitivo e inmediato de la mina. A pesar de las agresiones constantes, la Resistencia se declaró en asamblea permanente e instaló dos plantones pacíficos en las dos entradas de la mina, con el fin de garantizar que se ejecutaran las decisiones del MARN.

En agosto de 2019, las comunidades indígenas interpusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandando su derecho a la consulta frente a las actividades de la empresa. A finales de 2019 la CSJ resolvió este amparo suspendiendo provisionalmente la licencia de explotación minera a la empresa. Esta sentencia fue definitiva en 2021 y obligó al MEM a realizar una consulta a la población. No obstante, el MEM presentó una apelación y a día de hoy las comunidades siguen esperando la resolución judicial.

Recuperación del titulo de la tierra ancestral

Las comunidades de Olopa han luchado por la defensa de su extenso territorio desde los tiempo de la colonia. Sus ancestros tuvieron que comprar las tierras a la administración colonial al precio de 2 tostones6 por caballería adquiriendo un total de 635 caballerías. A mediados de siglo XIX lograron adquirir las escrituras y el título de la propiedad quedó a nombre del Común de Indios, también llamado Común de Naturales de Santiago Jocotán, territorio que abarcaba los municipios de Olopa y Camotán (Chiquimula), La Unión (Zacapa) y Copán (en el vecino país, Honduras). Pero más adelante, en el periodo liberal, se les arrebató este derecho y los títulos de las tierras pasaron a nombre de la Municipalidad de Santiago de Jocotán.

Por lo anterior, en el año 2015 las Autoridades Indígenas del territorio Maya Ch’orti’ presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitando la devolución de la copropiedad de la tierra. Ese amparo fue otorgado y quedó en firme en julio de 2020. La municipalidad de Jocotán reconoció la titularidad de la tierra a nombre de las Comunidades Indígenas pero aún no se ha materializado a favor de las comunidades de Olopa.

En el 2022 las comunidades indígenas de Olopa retomaron sus actividades de resistencia, llevando a cabo procesos de capacitación para fortalecer su organización y su lucha para restituir y recuperar su derecho ancestral al territorio y que se les devuelva las tierras, que se les reconozca como sujetos de derecho7.

El acompañamiento de PBI

En el año 2021, debido al aumento alarmante de incidentes de seguridad, difamaciones y procesos de criminalización en su contra, el Consejo de Autoridades Indígenas de Olopa, en representación de sus comunidades, solicitó el acompañamiento de PBI para proteger su lucha por la defensa del territorio. Esta petición la hicieron como organización independiente de CCCND. A partir de entonces PBI les empezó a acompañar.

En octubre de 2022 PBI estuvo presente en un taller que tuvieron con medios de comunicación en Chiquimula. Durante la actividad las autoridades indígenas llamaron la atención a los medios sobre la necesidad de que les apoyen y estén dispuestos a acompañarles en las diferentes actividades, así como a difundir información dentro y fuera de Guatemala. Además compartieron su preocupación con respecto al racismo y discriminación que enfrentan constantemente durante las gestiones que tiene que realizar con la administración estatal, lo que se refleja, por ejemplo, en que no les atienden o les niegan información pública cuando la solicitan. Sus mayores preocupaciones siguen siendo la falta del derecho de acceso a sus tierras y las consecuencias ambientales y de salud provocadas por la instalación de la mina.

Francisco Ramírez del Consejo de Autoridades Indígenas de Olopa, hace un llamado para que se proteja la casa común, la Madre Tierra: “Nosotros como defensores y defensoras hemos estado frente a un monstruo que ha estado destruyendo nuestras quebradas: las empresas transnacionales son las que han estado destruyendo nuestros cerros, nuestros ríos, llevándose todo lo que ahí hay, el tesoro más grande que hay en nuestras comunidades”.