El 24 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, tras 4 años y 2 meses de “tortura carcelaría”, el defensor y maestro Bernardo Caal Xol fue liberado. Familiares, amigos, amigas y organizaciones sociales le recibieron con los brazos abiertos cuando salió por la puerta de la prisión. Significativas y contundentes fueron sus palabras tras la liberación: “hoy estoy obteniendo mi libertad, es una clara derrota y triunfo sobre la criminalización, tal vez esperaban que con este encarcelamiento estarían derrotando la lucha por la defensa de los territorios, pero no”.

En la rueda de prensa que dio Bernardo junto con sus abogados, en Ciudad de Guatemala el 31 de marzo, se leyó un comunicado en el que se denunció “la situación que enfrenta el territorio Maya Q’ueqchi’ ante el fenómeno de la criminalización” que “se materializa en la fabricación de delitos en contra de los liderazgos comunitarios que exigen el cumplimiento de sus derechos humanos individuales y colectivos”, como ha ocurrido en el caso de Bernardo. En este comunicado también se explica que la construcción de hidroeléctricas en este territorio tiene su origen en intentos fallidos llevados a cabo en los años 80 del siglo XX, en el tiempo de las masacres más cruentas cometidas por el ejército durante el Conflicto Armado Interno (CAI). Sin embargo fue al terminar el CAI, con la firma de los tratados de libre comercio, cuando se terminó de abonar el terreno para que estos megaproyectos se hiciesen realidad ya en el siglo XXI, mediante engaños a la población y sin informarles de que iban a desviar el río que abastecía a las comunidades de la región. A partir de entonces las comunidades comenzaron a organizarse para exigir sus derechos. Bernardo es uno de sus representantes actuales, motivo por el cual ha tenido que sufrir amenazas, criminaliación e injusto encarcelamiento.

Tal y como señala Amnistía Internacional (AI) en el comunicado emitido con motivo de la liberación del defensor “Bernardo Caal Xol nunca debió pasar un día en prisión”. Esta organización, tras revisar el expediente penal abierto en su contra “encontró que no había evidencia de los delitos de que se le acusa”. Además señala que “el proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humano que la organización ha documentado en
Guatemala”. Por ello, AI declaró a Bernardo preso de conciencia. Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI “es lamentable que en Guatemala las persecuciones penales infundadas con el objetivo de hostigar y obstaculizar el trabajo de las personas defensoras, en particular medio ambientalistas e Indígenas, y quienes luchan contra la impunidad y la corrupción, sea una táctica tan común (...). El pueblo de Guatemala ha sufrido en los últimos años una regresión en materia de derechos humanos sin precedentes. Las autoridades han tratado de desmantelar el sistema de justicia y el tejido social, criminalizando a toda persona que lucha por un país más justo y digno”.

Según informaron los abogados del defensor, un juez ordenó la liberación de Bernardo por buen comportamiento. Bernardo explicó en la rueda de prensa que su liberación no es un acto de buena voluntad del Estado ni del sistema de justicia guatemalteco, sino que se le liberó porque cumplió con la sentencia, ya que existe una ley que establece que los reos que cumplen con la mitad de la pena (y él ya llevaba cumplida más de la mitad) se pueden beneficiar de la redención de penas, siempre y cuando se demuestre buena conducta, como en su caso. Sin embargo, es una libertad condicionada.

Es importante señalar que en este proceso aun queda por resolver un amparo que pusieron los abogados del defensor ante la Corte de Constitucionalidad (CC), donde se alega la violación de DDHH durante todo el proceso penal. Además, aun está vigente otro caso en contra de Bernardo, el conocido como “caso maestro”, en el cual el denunciante es el Ministerio de Educación. La siguiente audiencia de este segundo caso está programada para el 11 de abril. Según el último informe de la organización Global Witness, “Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente (...). En 2020, 13 activistas medioambientales fueron asesinados, una vez más la cuarta tasa más alta de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente per cápita”