Durante los 4 primeros meses del año 2017 han sido desalojadas, aproximadamente, 51 familias en Alta Verapaz. Los desalojos en este departamento han sido una respuesta institucional recurrente desde hace más de una década, en un territorio que, según el Informe de monitoreo de la política y conflictividad agraria (Guatemala, 2017) de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), cuenta con 1,418 conflictos de tierra que involucran 997,460.80 ha. En la mayoría de los casos los desalojos han seguido un patrón similar: destrucción de viviendas, bienes y cultivos, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, ausencia de notificación previa o en tiempo a las comunidades, desconocimiento de acuerdos logrados en las mesas de diálogo e incumplimiento de los estándares legales internacionales en materia de desalojos formulados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Más allá de las cifras, la pregunta es ¿qué sucede con los hombres, mujeres, menores y personas ancianas que sufren estos desalojos o la amenaza de los mismos? Las consecuencias son devastadoras y afectan a múltiples esferas de sus vidas -la psicosocial, la económica, la política y organizacional, etc.- y sin embargo, tienden a invisibilizarse. Los y las vecinas de Santa Inés -municipio de Santa Cruz- y de La Primavera -municipio de San Cristóbal-, ambas ubicadas en Alta Verapaz, nos han compartido sus experiencias en torno a estas situaciones tan difíciles. En el caso de Santa Inés, se reflejan los terribles impactos que genera el desalojo efectivamente realizado, mientras que el testimonio de la Primavera permite comprender los alcances tan negativos que, para la vida de las comunidades, tiene la sola amenaza de desalojo.

Santa Inés

El 5 de enero de 2017, se hizo efectiva una orden judicial de desalojo contra 20 familias Poqomchi’, integrantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), que habitaban en la Finca Santa Inés. Fue el primer desalojo del año 2017, pero el quinto de una seguidilla contra esta comunidad.

Según sostiene la UVOC, pese a que estas 20 familias, en su mayoría no disponen de documentos de propiedad, les asiste el derecho de vivir ahí desde el 20 de noviembre de 1880, cuando en ese entonces, el Presidente de la República Justo Rufino Barrios, firma un acuerdo gubernativo, el cual distribuye las tierras entre sus vecinos. Siendo ellos vecinos y habitantes de esos lugares, les asiste el derecho a ser protegidos por el Estado.

Durante el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala entre 1960 y 1996, las familias de Santa Inés se vieron obligadas a desplazarse a otros municipios y departamentos para poder sobrevivir, retornando en el año 2000 al que consideraban su territorio. Sin embargo, al llegar se encontraron oficialmente sin tierra y por tanto sin manera de subsistir, teniendo que ocupar estas tierras desde entonces, mientras los representantes de la comunidad y la UVOC participaban en un proceso de dialogo con representantes del gobierno, local y nacional, para buscar una solución sostenible y digna. Están a punto de cumplir 17 años participando en este proceso de diálogo y aun no se ha llegado a una solución.

Algunos de los miembros de estas familias se auto denominan ocupantes históricos, despojados de la tierra durante el conflicto armado, que regresaron tras décadas deambulando en busca de tierras productivas donde vivir dignamente. Como sostiene Crisanto Tul, el legítimo derecho de las tierras les pertenece a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, porque la municipalidad se las donó a ellos. El problema aquí, y lo que ha pasado en Guatemala, es que nuestros familiares tuvieron que abandonar la tierra por el conflicto armado. Nosotros todo lo estamos haciendo por la vía legal, pero estos señores pretenden adueñarse de las tierras, y eso yo creo que no es justo. Mientras, el señor juez no investiga, solo le da trámite a las órdenes de desalojo, capturándonos y mandándonos a la cárcel, y yo creo que eso es una injusticia. Otras familias son mozos colonos que reclaman además de la ocupación ancestral, sus derechos laborales que nunca les fueron reconocidos y un trozo de tierra para cultivar.

La vida después del desalojo

Frecuentemente los desalojos suponen la destrucción o deterioro de viviendas y bienes materiales, la pérdida de tierra como medio de subsistencia y la precariedad económica. Cómo explica Crisanto Tul Cojoc, "el desalojo nos afectó mucho, perdimos todo, siembra, cosas, casas y enfrentamos injusto encarcelamiento. A una compañera le fue destruida totalmente su casa, le robaron su lámina, su tabla, todo lo que tenía. Ahora no hay dónde sembrar para el sustento diario. Lo que estamos pidiendo es para mejorar la vida, para sembrar, para tener algo, porque no hay fuentes de trabajo. Y mientras buscando la forma, prestando y prestando."

Asimismo, Cristóbal Mó Ti, también de Santa Inés, explica su situación tras el desalojo: "Mi hermano es el que me está ayudando, vivo en su casa. Él me ayuda para comer. Porque ahora, hoy en día, no es tan fácil que nos den trabajo, porque no muchos nos conocen aquí en el pueblo. Donde nos estábamos sosteniendo y nos ganábamos la vida, era en nuestra comunidad Santa Inés, pero como ahora ya desapareció, entonces no se puede"1.

Tras el desalojo, las familias de Santa Inés han estado esperando la reubicación. Una medida que fue concertada con la SAA a través de la UVOC. Sobre el particular, Crisanto Tul Cojoc señala la falta de avances: Después de 4 meses no ha habido apoyo material, ni apoyo para ubicar a los compañeros. Nosotros nunca fuimos usurpadores, lo único que estamos haciendo es pedir a las autoridades que investiguen esas tierras para ver quién es el dueño. Perdimos siembra, cosas, casas. Ahora algunos compañeros están viviendo con familiares, otros esperando en qué forma les pueden apoyar con la comida, con las cosas materiales y dónde ubicarse para vivir. La otra compañera se fue a pedir posada allí, pues todas las covachas que teníamos se desaparecieron. Para una compañera juntaron unos pedazos de lámina y madera y está allí como que fuera un gallinero… Ahí está, esperando conseguir un pedazo de tierra, mientras, como de emergencia. Ahora es solo para dormir, nada más. Para sustento no hay quien la apoye, ella tiene que ver cómo trabajar para mantener a sus hijos.

Con el paso de los días y sin una solución, se hace cada vez más evidente la afectación al tejido social de la comunidad, la desestructuración de los vínculos familiares y comunitarios, y el deterioro de procesos organizativos establecidos en torno a la defensa del derecho a la tierra y el territorio. Para Crisanto Tul esta es una gran pérdida: antes nos veíamos todos los días, ahora estamos separados, no como estábamos antes. La precariedad económica de las familias, que se agudiza con los desalojos, también impacta en la vida de las y los menores de edad y como señala Crisanto Tul hay niñas que están en edad de ir a la escuela pero por falta de recursos no pueden ir.

La amenaza de desalojo también cambia la vida. Comunidad La Primavera

Los efectos de los desalojos sobre las familias empiezan a sentirse antes de que ocurran. Vivir bajo la constante amenaza de sufrir desalojo genera un fuerte sentimiento de incertidumbre e inseguridad y otros impactos psicosociales. Tal como explica Justino Xollim Tilom de la comunidad La Primavera, la estrategia es amenazar con órdenes de captura, dividir a las comunidades y mantener amenazas de órdenes de desalojo. Nunca dicen una fecha. Solo te dan una pista. No hay para dónde ir si nos echan. No me siento tranquilo en el cuerpo, por el nervio tal vez. Todavía no recibí mi parcela, ¿dónde voy a sembrar? Yo ya estoy aburrido porque no sabemos lo que nos espera en nuestra vida2.

Criminalización

El desalojo de Santa Inés tuvo una característica que se da con frecuencia en este tipo de situaciones: la criminalización de hombres y mujeres de la comunidad. Durante el desalojo fueron capturadas varias personas: Albina Chocooj Col -quién para entonces tenía unos 8 meses de embarazo-, Romelia Veliz Caal, Crisanto Tul Cojoc y Cristóbal Mó Ti. El delito por el cual les acusan: usurpación agravada.

Según el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), Guatemala: Nunca más, el segundo departamento, después de Quiché, donde hubo más masacres durante el conflicto armado interno, concretamente en la década de los 80, fue Alta Verapaz. En total se perpetraron 63 masacres. Algunas de las personas que sobrevivieron a este horror, hoy día están siendo criminalizadas tras el desalojo de Santa Inés. Es el caso de Cristóbal Mó Ti. Su padre, habitante originario de Alta Verapaz, fue despojado de la tierra y desaparecido durante la guerra. En el año 2012 Cristóbal Mó Ti encontró sus restos entre las 588 osamentas exhumadas de las 85 fosas clandestinas ubicadas dentro de la zona militar número 21, actualmente denominada CREOMPAZ (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz). A día de hoy Cristóbal se encuentra cumpliendo medidas sustitutivas en el marco de un proceso judicial por usurpación agravada.

Diferentes voces apuntan que la criminalización de líderes, lideresas y otros miembros de las comunidades, busca desincentivar la organización social y la acción colectiva para la defensa de los Derechos Humanos. Según Quimy De León una de las formas de represión (...) es la criminalización y judicialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente defienden sus derechos, por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.

En la actualidad, las cuatro personas criminalizadas siguen vinculadas a proceso y cumplen medidas sustitutivas. Para no ser enviadas a la cárcel han tenido que pagar una caución de 2000 quetzales, el equivalente a 250 euros, una elevada cantidad para personas que acaban de perder la tierra, su principal medio de subsistencia. El proceso en su contra continua.

Como manifiesta Crisanto Tul Cojoc, me acusan de usurpador pero yo no tengo ningún pedazo de tierra en la mano. Estamos molestos, todavía no estamos libres, cada mes o cada 15 días firmamos un libro porque estamos bajo arresto domiciliario, no tenemos libertad para salir a otro departamento, estamos amarrados. Incluso a una señora embarazada la llevaron presa. Es una injusticia. No es una mujer usurpadora de la tierra.

La precariedad económica en la que se encuentran las personas criminalizadas después de los desalojos, restringe su capacidad para defenderse frente a los tribunales. Cristobal Mó Ti manifiesta: ahora el gran problema que tenemos es que en estos casos se necesita hacer gastos y saber cómo vamos a hacer para cubrir esos gastos. Allí estamos viendo qué hacemos, porque no tenemos recursos para el abogado. Estamos fracasados. Cómo vamos a salir no lo sé. Es muy estrecha la situación donde nos encontramos.

Igualmente, Crisanto Tul Cojoc explica su situación económica tras su salida de la cárcel: Yo trabajo con el estado en construcción de caminos, pero cuando salí de la cárcel ya no me pagaron. El banco Banrural bloqueó durante 4 meses el número de mi cuenta donde me ingresan el pago. Así que viví pidiendo prestado para poder sobrevivir, esperando que el banco pudiera resolver mi problema, por eso es por lo que estoy dando vueltas. Ahora están en proceso de que me van a pagar. Duré 4 meses he estado sin dinero para sobrevivir, me castigaron también por ese lado. Estuve prestando y prestando para ir viviendo.