La desigual distribución de la tierra en Guatemala es una constante no resuelta que afecta profundamente a comunidades indígenas y campesinas, algunas de las cuales son parte de organizaciones que acompaña PBI. De hecho, esta problemática es considerada una de las causas estructurales del CAI que asoló el país durante 36 años (1960-1996), y su abordaje fue unos de los compromisos adquiridos con la firma de los Acuerdos de Paz.
El Gobierno de Arévalo asumió el reto de crear instancias y mecanismos para abordar de forma pacífica y dialogada estos conflictos, pues el Gobierno anterior de Giammattei cerró todas las instancias dedicadas a esta tarea, entre ellas la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Hasta junio de 2025, el organismo que se encargó de la conflictividad agraria fue la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), con la cual las organizaciones campesinas Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Unidad Campesina (CUC) y Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND) firmaron un acuerdo en el mes de febrero de 2024. Sin embargo, si bien se establecieron espacios de diálogo, varias organizaciones campesinas consideran que no se está haciendo lo más urgente y están haciendo llamamientos al Gobierno denunciando los desalojos y la falta de cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. El acompañamiento de PBI al Comité Campesino del Altiplano CCDA – Las Verapaces y a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) se centró en el semestre en el apoyo a comunidades que han sufrido emergencia por desalojos y a posicionar esta problemática a nivel internacional, especialmente frente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, en vista de su visita a Guatemala en el mes de julio de 2025.
En junio de 2025 se anunció la creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON), la cual depende de la Presidencia de la República y que, de forma temporal durante 4 años, se encargará de asesorar y coordinar la atención interinstitucional de los órganos del Ejecutivo para la solución pacífica de conflictos en sus distintas tipologías. Sin embargo, queda sin definir ni constituir una instancia operativa a cargo de proveer espacios de dialogo en conflictos concretos, promover soluciones y monitorear y promover su implementación.
Por otro lado, la COPRECON no puede sustituir las funciones de una fiscalía especializada ni de una agencia con funciones específicas de verificación de la legalidad y legitimidad de la propiedad en litigio. Tampoco se ha institucionalizado una investigación histórica rigurosa sobre los procesos de ocupación y uso de la tierra implicados en los conflictos agrarios, como lo han evidenciado diversos peritajes histórico-registrales. Asimismo, no se ha avanzado de forma sustantiva en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz respecto a la aprobación de un Código Agrario, ni en la creación de Tribunales Agrarios que permitan distinguir adecuadamente entre conflictos agrarios y procesos penales.
Un avance de este semestre fue que, el 20 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo oficializó la devolución de las tierras comunales de Acul al ejido municipal de Nebaj, Quiché. Este acto tuvo lugar tras más de cuatro décadas de lucha por parte de la población Ixil, para recuperar sus territorios ancestrales expropiados en 1983, durante el CAI. Esta expropiación fue parte de la estrategia contrainsurgente desplegada durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, para establecer lo que se conoció como «aldeas modelo», lo cual tuvo consecuencias nefastas para la comunidad: desplazamiento forzado y fragmentación de su tejido social. En 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala falló a favor de la comunidad de Acul, ordenando la restitución de las tierras. Sin embargo, la ejecución de esta sentencia enfrentó retrasos debido a la falta de voluntad política de administraciones anteriores. Fue hasta la actual gestión que se concretó la devolución, reconociendo así los derechos territoriales de la comunidad Ixil. Como señaló el abogado que acompañó el proceso legal, esta restitución sienta un precedente significativo para otras comunidades indígenas de Guatemala que buscan la recuperación de sus tierras. La devolución de las tierras de Acul no solo restituye un recurso vital para la comunidad, sino que también reafirma su identidad cultural y fortalece su autonomía.