Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Bernardo Arévalo fue la firma de un histórico Acuerdo Agrario con 4 organizaciones campesinas: el Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), la Central Campesina C’horti’ Nuevo Día y el Comité de Unidad Campesina (CUC). Este acuerdo busca promover el progreso y bienestar de las comunidades campesinas, a través de medidas que simplifiquen y promuevan el acceso a la tierra. Pretende ser un instrumento que anticipe y resuelva los conflictos agrarios del país y es el resultado de un proceso de diálogo que tuvo lugar durante los últimos meses de 2023. Entre las medidas planteadas en este acuerdo se encuentra la creación de un mecanismo, a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia, para atender la conflictividad urgente y acumulada. Según los datos de la COPADEH, actualmente hay más de 1.500 casos de conflictos agrarios activos en el país, causados principalmente por la falta de certeza jurídica sobre la tierra y la ocupación ilegal de tierras. Las comunidades campesinas e indígenas vienen enfrentando -y denunciando- los violentos desalojos de sus territorios ancestrales en manos de las fuerzas policiales y militares, detrás de los cuales están empresas agrícolas e industrias extractivas avaladas por el Estado. En cuanto al acceso a la tierra, este se impulsará a través de diferentes modalidades, y se reestructurará el Fondo de Tierras, recuperando el espíritu original planteado en los Acuerdos de Paz, e incorporando a su Consejo Directivo a representantes indígenas y campesinos. Si bien la firma del Acuerdo fue un motivo de fuerte esperanza por las organizaciones campesinas e indígenas, la lentitud y tibieza de los resultados conseguidos hasta el momento representan una fuerte frustración para las comunidades indígenas que siguen viendo violado su derecho de acceso a la tierra.
También la implementación de desalojos, tanto extra judiciales como judiciales en muchos casos con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades públicas, se ha incrementado en el semestre, no obstante los diálogos en marcha en la mesa agraria. Estos hechos suponen un atentado contra varios derechos: vivienda, resguardo, protección, acceso a la tierra y seguridad alimentaria. Según diferentes organizaciones campesinas de Guatemala, el Estado no está respetando los protocolos internacionales de protección de derechos humanos en materia de desalojos. A este respecto, la COPADEH emitió en el mes de junio un recordatorio dirigido a los organismos del Estado, sobre la necesidad de aplazar los desalojos debido a las inclemencias del tiempo y exhortando a que, desde la Presidencia, se creen protocolos de emergencia para beneficiar a las familias.