Uno de los mayores retos está siendo la falta de independencia judicial, tal y como señaló la organización Human Rights Watch en un informe que publicó a inicios de año, según el cual esta falta de independencia judicial socava el Estado de Derecho y pone en riesgo la protección de los Derechos Humanos (DDHH). Las causas que señala son sistémicas y vinculadas “al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación opacos, injerencia política e influencia indebida de actores corruptos”.
Por su parte, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, visitó el país del 12 al 23 de mayo, invitada por el gobierno. Se reunió “con abogados, instituciones de justicia, magistrados, fiscales y miembros de la sociedad civil para hacer una radiografía de cómo funciona el sistema de justicia en Guatemala”. La Relatora criticó a la fiscal general del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, sancionada por más de 40 estados, señalada de socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción. Dijo que Porras criminaliza a “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los DDHH o denunciar los abusos de poder”. Según Satterthwaite “la criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al MP, a miembros del poder judicial y a menudo a ciertos actores privados”. A partir de la información recabada en su visita, de casos que se encuentran en el sistema de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la propia ONU, concluyó que en Guatemala “se desprende un cuadro consistente y alarmante de criminalización” y agregó que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los DDHH, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. La Relatora aseguró que “el uso instrumental del Derecho penal por parte del MP parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de derechos fundamentales, dirigido contra grupos específicos”. “Entre los grupos a los que hizo referencia están jueces, fiscales y abogados independientes, periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos, estudiantiles y miembros de las Comisiones de Postulación”. “Se han presentado cargos penales contra más de 60 operadores de justicia y abogados defensores o de DDHH”. “Numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad han sido acusadas de delitos en momentos clave de su trabajo”.
Son bien conocidos casos como el del exdirector de elPeriódico José Rubén Zamora; la exfiscal Virginia Laparra; el exfiscal Stuardo Campo; el abogado Eduardo Masaya; el Viceministro de Desarrollo Luís Pacheco, que junto con el también encarcelado Héctor Chaclán, fueron parte del liderazgo de los 48 cantones de Totonicapán en las protestas contra los intentos de golpe de estado técnico contra el presidente electo Bernardo Arévalo, durante la segunda mitad del 2023. Este último caso de criminalización e injusto encarcelamiento de ambos líderes, ha sido condenado, no solo por amplios sectores de la sociedad civil guatemalteca e internacional, sino también por el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, Volker Turk y por la UE.
Por todo ello la Relatora hizo un llamado al gobierno guatemalteco a “que asuma un compromiso público claro” para poner fin a esta forma de aplicar el Derecho penal y “garantizar que los profesionales del Derecho puedan ejercer su profesión libre de amenazas y ayudar a las víctimas de la criminalización en el exilio”. Además, “mostró preocupación por la elección de magistrados y jueces y el mecanismo para su elección, como las Comisiones de Postulación, que deben ser revisadas y adecuadas para que se elijan los candidatos más idóneos a través de elecciones transparentes, pues las deficiencias de esos mecanismos “han permitido que el proceso se vea empañado por intereses políticos y privados”.
Esta falta de independencia judicial, también afecta a todos los casos relacionados con las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno (CAI). En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil presentaron información que destaca los obstáculos persistentes en el sistema de justicia guatemalteco, evidenciando cómo la corrupción y la impunidad afectan negativamente a las víctimas de violaciones graves cometidas durante el CAI. En respuesta, la CIDH reconoció la falta de avances significativos en la implementación de recomendaciones previas, subrayando la necesidad urgente de medidas concretas para mejorar el acceso a la justicia y la reducción de la impunidad. En la misma línea, en una audiencia ante la Subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo, se denunció el desmantelamiento de la Fiscalía de DDHH en Guatemala. La exfiscal general, Claudia Paz y Paz, expuso cómo este desmantelamiento forma parte de un patrón más amplio de persecución contra víctimas, fiscales y operadores de justicia involucrados en casos de justicia transicional, lo que agrava aún más la situación de los DDHH en el país.
En el terreno de los casos concretos de justicia transicional, son muchos más los retrocesos que los avances. Casos tan paradigmáticos como Genocidio Ixil, Creompaz, Diario Militar y otros, están encontrando muchísimos obstáculos para avanzar. Concretamente en el caso Genocidio Ixil, el 24 de junio La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor del exgeneral Benedicto Lucas García y ordenó que el juicio que se llevaba en su contra, reiniciase. Esta resolución anuló todo lo actuado durante 99 audiencias, en las que se escucharon 150 testimonios de sobrevivientes, peritos y personas expertas, así como pruebas documentales relacionadas con masacres y violaciones cometidas contra el pueblo Ixil durante CAI. La única buena noticia de este semestre, en lo que a justicia transicional se refiere, fue la condena de tres ex patrulleros civiles por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual en el caso de las Mujeres Achi’. Tras décadas de lucha y sufrimiento, estas mujeres valientes lograron que se hiciera justicia y así “reivindicar la memoria y la lucha de las personas que ya no están”, haciendo referencia a sus compañeras fallecidas. PBI dio seguimiento a todos estos casos, a través de los acompañamientos al Bufete Jurídico de DDHH (BDH), a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y a través de la herramienta de observación internacional.