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Al finalizar su viaje a Guatemala, a principio de julio de 2024, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo hincapié en la falta de avances en la búsqueda de justicia, en particular en los juicios sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno, considerando que no se han cumplido a cabalidad las estipulaciones de los Acuerdos de Paz, sobre todo en lo referente a las garantías de no repetición.
En confirmación a lo anterior, en el primer semestre de 2024 hemos asistido a sentencias cuestionables en algunos casos emblemáticos y estancamiento de varios procesos de justicia transicional:
- En enero de 2024, después de casi 7 años y 91 audiencias suspendidas, la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes abrió a debate el juicio contra 8 de las 12 personas acusadas por los terribles hechos ocurridos en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017. Este caso es el primero de tres procesos penales que juzgan los hechos que causaron la muerte de 41 niñas y adolescentes entre 14 y 17 años y lesiones graves a otras 15. Un análisis de las audiencias del caso, realizado por el medio No-Ficción, revela que se han cancelado más audiencias (91) de las celebradas (86) desde que comenzó el proceso en marzo de 2017. Los motivos principales de estas cancelaciones “han sido la ausencia de abogados, la falta de jueces y fallos logísticos, tanto en el Organismo Judicial como en el Sistema Penitenciario”.
- En febrero de 2024, se celebró el juicio por la masacre de la Cumbre de Alaska, perpetrada el 4 de octubre de 2012 y en la que siete personas que estaban manifestando pacíficamente contra el alza a la energía eléctrica y en defensa del derecho a la educación fallecieron por los disparos del ejército. Once años después de esta masacre, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” dictó una sentencia que ha sido considerada injusta por familiares de las víctimas y sobrevivientes con absolución de dos de los acusados y la imposición de penas mínimas en el resto de los casos.
- El 5 de abril de 2024, y tras 42 años de espera, inició el debate oral y público contra el ex-jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Manuel Benedicto Lucas García, en el marco del segundo proceso por el Genocidio del pueblo Ixil. El acusado ocupó dicho cargo entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982, periodo en el que se intensificaron los ataques contra la población maya Ixil en el norte del Quiché, en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.