Entre el estancamiento y el retroceso en la búsqueda de justicia transicional

Durante el primer semestre 2023, los tribunales guatemaltecos siguieron conociendo importantes casos de crímenes perpetrados durante el Conflicto Armado Interno (CAI): caso Genocidio Ixil, en el marco del cual se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio contra la población Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García; caso Diario Militar, que investiga crímenes de lesa humanidad, secuestro, desaparición forzada, tortura y ejecución de al menos 183 personas entre 1983 y 1985, durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores; caso Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez que juzga la desaparición forzada de las dos estudiantes en el año 1982; caso Dos Erres, comunidad del municipio de la Libertad, Petén, donde entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 un comando kaibil del ejército guatemalteco perpetró una masacre de más de 200 personas.

PBI dio seguimiento a todos estos casos a través de los acompañamientos al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), a la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y a la familia de la estudiante desaparecida Luz Leticia Hernández Agustín. Menos en el caso Luz Leticia Hernández, que vio como después de 40 años se acusaba y ligaba a proceso al jefe del comando que secuestró la estudiante, en el resto de casos no hubo avances significativos y se observó una estrategia de dilación de los procesos judiciales con numerosas suspensiones y reprogramaciones de audiencias.