Entre el estancamiento y el retroceso en la búsqueda de justicia transicional

En 2023, los tribunales guatemaltecos siguieron conociendo importantes casos de crímenes perpetrados durante el Conflicto Armado Interno (CAI): caso Genocidio Ixil, en el marco del cual se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio contra la población Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García; caso Diario Militar, que investiga crímenes de lesa humanidad, secuestro, desaparición forzada, tortura y ejecución de al menos 183 personas entre 1983 y 1985, durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores; caso Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez, que juzga la desaparición forzada de las dos estudiantes en el año 1982; caso Dos Erres, comunidad del municipio de la Libertad, Petén, donde entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 un comando kaibil del ejército guatemalteco perpetró una masacre de más de 200 personas.

PBI dio seguimiento a todos estos casos a través de los acompañamientos al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), a la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y a la familia de la estudiante desaparecida Luz Leticia Hernández Agustín. Menos en el caso Luz Leticia Hernández, que vio como después de 40 años se acusaba y ligaba a proceso al jefe del comando que secuestró a la estudiante, en el resto de casos no hubo avances significativos e incluso hubo retrocesos. De hecho, el 7 de noviembre, el Tribunal de Mayor Riesgo E, dictó sentencia absolutoria por los delitos de asesinato y crímenes contra los deberes de la humanidad a favor de los 3 kaibiles acusados en el caso Dos Erres. Este ha sido el cuarto juicio en contra de miembros de la patrulla kaibil que perpetró la masacre. Los debates anteriores llevaron a sentencias condenatorias contra seis acusados. En el debate actual el juzgado descalificó a varios de los peritos y se enfocó en tecnicismos y formalidades para declarar libres a los tres acusados. Sobrevivientes de la masacre apelaron la sentencia. Cabe recordar que, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Dos Erres vs. Estado de Guatemala del año 2009, señaló en el artículo 235 que “para hacer efectivo el acceso a la justicia de las víctimas, los jueces como rectores del proceso tienen que dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y de la impunidad”.

Otra sentencia cuestionada en casos de justicia transicional es la de la masacre de Rancho Bejuco (Baja Verapaz), perpetrada el 29 de julio de 1982 por un grupo de patrulleros de autodefensa civil (PAC) y comisionados militares, donde perdieron la vida 25 personas, entre las cuales había mujeres embarazadas y menores de edad. El 24 de agosto de este año, el tribunal de Mayor Riesgo D, condenó a un comandante militar retirado a 20 años de prisión inconmutable por delitos contra los deberes de la humanidad, pero dejó en libertad a 2 comisionados militares y absolvió a 6 expatrulleros civiles, por considerar que “no actuaron por su voluntad” sino que “estaban obligados”. Según la abogada de las familias de las víctimas “esta sentencia tiene un sabor amargo”, pues el juez obvió que los “comisionados militares y los patrulleros tenían tareas asignadas y estaban bajo un mando militar. Existían pruebas porque se demostró que los patrulleros estigmatizaron a esta comunidad y tenían voluntad de participación en las fuerzas armadas”. Por tanto, considera que se ha hecho “justicia a medias”. Aseguró que apelarán.

En general se viene observando una estrategia de dilación de los procesos judiciales en Guatemala con numerosas suspensiones y reprogramaciones de audiencias. Sin embargo, fuera de Guatemala, en Bélgica, cinco militares guatemaltecos fueron condenados a cadena perpetua. El juicio comenzó el 4 de diciembre en la ciudad de Lovaina, Bélgica y fue por el secuestro, tortura y asesinato de 3 misioneros belgas entre 1980 y 1982, durante el CAI. Los acusados eran en aquel entonces funcionarios y militares del gobierno de facto de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Un jurado popular los encontró culpables por 19 cargos de crímenes contra la humanidad. Ninguno de ellos estuvo presente en el juicio, por diferentes motivos, desde estar prófugo de la justicia hasta estar ya cumpliendo condena en otros casos de crímenes cometidos durante el CAI.