Desde el primer semestre de 2018 el gobierno de Guatemala llevó a cabo varias acciones con el objetivo de buscar la salida de la CICIG. Estas acciones culminaron el pasado 7 de enero de 2019, con la finalización, de forma unilateral por parte del Gobierno, del acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la CICIG, dando un plazo de 24 horas para que sus funcionarios abandonaran el país. La decisión fue comunicada por la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Durante el mes de enero, mientras el presidente presentaba el informe de gestión anual de su gobierno, se dieron diversas marchas populares, tanto en el interior del país como en la capital, mostrando la indignación por las medidas del gobierno en contra de la CICIG y pidiendo la renuncia del presidente. En el ámbito internacional, diversos países han manifestado su preocupación, a través de un comunicado emitido el 8 de enero, en el que se expresa la importancia de que Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la separación de poderes. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado asegurando que la actitud del gobierno pone en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. A esta preocupación generalizada se sumó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhortó al Gobierno de Guatemala a garantizar las libertades democráticas.

El 16 de junio fue detenido Luis Enrique Mendoza García, general retirado y ex-ministro de la Defensa Nacional, quien tenía orden de captura desde 2011 por su presunta participación en el genocidio del pueblo Ixil durante el conflicto armado interno. El detenido fue parte del alto mando del ejército cuando Efraín Ríos Montt era el jefe de operaciones del mismo. El MP le señala de haber planificado y ejecutado planes militares que buscaban el control de la población indígena, como el denominado plan “Sofía”, implementado en 1982 y que incluyó torturas, violaciones, desapariciones forzadas y masacres en poblados del área Ixil de Quiché.

En este caso, si se llega a materializar la aprobación de la ya mencionada iniciativa de ley 5377, que busca amnistiar a personas acusadas por violaciones de derechos humanos, Luis Mendoza sería uno de los beneficiados, aunque no el único, pues es extensa la lista de personas condenadas en la última década por crímenes de guerra y de lesa humanidad.