40 años acompañando la esperanza

[publicado en el Informa Anual 2023 a proposito del 40 aniversario de PBI en Guatemala]

En 1984, la familia de Luz Leticia Hernández Agustín visitó por primera vez la casa de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), entonces ubicaba en la zona 11 de Ciudad de Guatemala. Esta familia era parte del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización que en ese tiempo empezó a reunirse semanalmente en la casa de PBI. El GAM fue fundado por familiares de personas desaparecidas que han llevado a cabo una búsqueda imparable. Iniciaron visitando diariamente todos los lugares imaginables en los que pudieran estar sus seres queridos: universidades, hospitales, centros de salud, estaciones de policía, morgues, cárceles… Acudieron a funcionarios estatales con el fin de averiguar su paradero, a pesar del riesgo que en aquel momento de dictadura militar y terror generalizado, suponían esos contactos. Sin embargo, solo encontraron rechazo, burla y mentiras. Las personas desaparecidas eran estudiantes, docentes, sindicalistas, religiosas, entre otras, que lucharon contra las continuas dictaduras y en pro de mejoras sociales para el pueblo guatemalteco. El GAM fue su manera de organizar acciones conjuntas de búsqueda, compartir sus dolorosas historias, consolarse y apoyarse mutuamente. Así fue como la familia de Luz Leticia, su mamá Valentina Agustín, su papá Jorge Hernández y sus hermanas Flori, Marta y Mirtala, entraron en contacto con PBI y recibieron acompañamiento en su ardua labor de búsqueda.

Los inicios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

En septiembre de 1981, un grupo de activistas internacionales se reunió para crear un movimiento por la paz, la solidaridad y la acción no violenta. Inspirándose en movimientos como el encabezado por Gandhi en la India, o el de los derechos civiles en Estados Unidos, PBI se propuso apoyar la transformación pacífica de sociedades en conflicto, mediante el diálogo y el cumplimiento progresivo de los DDHH. Teniendo muy presentes los conflictos armados que en aquel momento se estaban librando en varios países centroamericanos, se decidió instalar un primer equipo de brigadistas en la región.

Por esas fechas, en el área rural de Guatemala se estaban perpetrando parte de las masacres que décadas más tarde serían judicializadas y que culminarían en genocidio. En marzo de 1982, un grupo de militares dio un golpe de Estado y Efraín Ríos Montt llegó a la presidencia, anunciando una “apertura democrática”, con la idea de contrarrestar la mala reputación del país debida a las múltiples violaciones de DDHH que se estaban denunciando internacionalmente. Lejos de eso, lo que hizo Ríos Montt fue exacerbar la política de “tierra arrasada” iniciada por el anterior gobierno militar. Sin embargo, PBI aprovechó el discurso inicial de apertura del dictador para enviar a brigadistas al país y llevar a cabo una labor de observación internacional.

Las y los primeros brigadistas fueron Hazel, Aurelio, Pablo y Edith. Su labor consistió en sondear la necesidades de activistas y colectivos guatemaltecos, así como los posibles impactos de la presencia internacional. Para ello comenzaron estableciendo contactos que les permitiesen tener información para poder llevar a cabo esta labor. Así fue como en marzo de 1984, Nineth Montenegro, que buscaba a su esposo desaparecido y que fue una de las fundadoras del GAM, se acercó a PBI. Tomando en cuenta todas las limitaciones, y por tanto, todo lo que como personas extranjeras no podían hacer, PBI reflexionó sobre la manera en que sí podía apoyar. Una de estas estrategias fue ofrecer su casa como espacio seguro y de confianza, para que las familias de las personas desaparecidas pudieran reunirse los sábados de cada semana. Además, como fuera de Guatemala no se sabía casi nada de lo que estaba pasando, PBI se convirtió en un canal de información hacia el exterior, alertando a la comunidad internacional sobre amenazas y otras violaciones que se estaban dando contra la población civil, especialmente la organizada.

Nace el acompañamiento

El acompañamiento físico, es decir, estar presencialmente al lado de las personas amenazadas, nació en circunstancias trágicas. Alrededor de la Semana Santa de 1985, los cuerpos de dos personas claves del GAM, Héctor Gómez Calito y María del Rosario Godoy de Cuevas, fueron encontrados sin vida y con signos de tortura. Junto a María del Rosario también se encontraron los cuerpos torturados de su hermano Maynor René, de 21 años, y de su hijo Augusto Rafael de 2 años. De semejante tragedia nació la idea de que, tener físicamente al lado de las personas amenazas una persona extranjera, rebajaba el riesgo de sufrir agresiones, debido al costo político que estas podían suponer. La presión internacional tras estos terribles asesinatos fue suficientemente grande para que dicha estrategia funcionase. Así, las lideresas del GAM fueron las primeras en ser acompañadas físicamente por PBI. De esta manera el acompañamiento internacional nace como un instrumento eficaz en la protección de los DDHH.

Pero el acompañamiento físico no era suficiente, necesitaba acompañarse de acciones complementarias como reuniones con autoridades guatemaltecas. El objetivo era darles a conocer de primera mano, la labor de PBI y que dichas autoridades fuesen conocedoras de la presencia de internacionales que estaban observando la situación de seguridad de las personas y organizaciones acompañadas. Esta fue otra estrategia más para disuadir de posibles ataques, tanto hacia personas acompañadas como hacia brigadistas. Además, se empezaron a establecer y mantener contactos con actores como embajadas, iglesias y otras organizaciones sociales, que pudieran apoyar en situaciones de necesidad. Y por último, se empezó a trabajar en sacar la información sobre la situación de DDHH fuera de Guatemala.

Un área de trabajo que se impulsó mucho durante los primeros años, fue el fortalecimiento de capacidades a través de la facilitación de talleres solicitados por las organizaciones que entraban en contacto con PBI. Los temas fueron muy variados: mediación y resolución de conflictos; dinamización de grupos; educación para la paz; acción no-violenta; técnicas de negociación; metodologías de análisis de coyuntura; Guatemala-España: 500 años; derechos constitucionales; etc. También se impartieron talleres de salud mental a comunidades retornadas, a cargo del médico, psicólogo y promotor de salud Carlos Beristaín, que a día de hoy atesora una amplia experiencia en atención psicosocial a víctimas y sobrevivientes y como asesor de varias comisiones de la verdad en diferentes países.

Organizaciones y colectivos acompañados por el primer proyecto de PBI en Guatemala

A lo largo de los 16 años del primer proyecto de PBI en Guatemala (1983-1999), además de acompañar al GAM se acompañaron otras organizaciones entre las que destacamos1:

• El Consejo Étnico “Runujel Junam” (CERJ) en el Quiché, que resistió al reclutamiento forzoso de las Patrullas de Autodefensa Civil (PACs).
• El Comité de Unidad Campesina (CUC).
• La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), formada por viudas y familiares de personas desaparecidas en diferentes departamentos del Altiplano.
• La Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), creada tras una escisión del GAM.
• Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).
• Sindicatos como la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNISITRAGUA), la Unión de Acción Sindical y Popular (UASP), la Federación de Trabajadores de Alimentación y Afines (FESTRAS), el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la Educación de Guatemala (STAYSEG), etc.
• Delegaciones de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de la Sierra, del Ixcán y de El Petén, durante sus actividades, pronunciamientos públicos y en su salida a la luz pública y asentamientos.
• El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) y las y los retornados de México.

Además, durante las negociaciones de Paz se acompañó a representantes en el exilio, como la premio Nobel Rigoberta Menchú o integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG). También se acompañó, en sus visitas a Guatemala, a la estadounidense Jennifer Harbury, viuda del comandante detenido-desaparecido Efraín Bámaca Velásquez. Y no podemos dejar de mencionar la estrecha relación que mantuvo PBI en aquellos años con la Pastoral Social y la ODHAG.

Acontecimientos que se quedan en la memoria

En el trascurso de los 40 años de PBI en Guatemala, hemos acompañado hechos que quedaron registrados en la historia del país y marcados en la memoria de las comunidades directamente afectadas y en la nuestra. A continuación recordamos algunos de estos hechos.

A principios de diciembre de 1990 acompañamos a integrantes del CERJ y del GAM a sus viajes de verificación y de apoyo a la comunidad de Santiago Atitlán, que la madrugada del 2 de diciembre sufrió una masacre perpetrada por el ejercito que dejó 13 personas muertas y 24 heridas. La presión social de la propia comunidad y del movimiento popular y sindical de todo el país, fue tan grande que los días que siguieron a este crimen los responsables militares fueron asignados a los tribunales militares y el destacamento militar retirado de la comunidad. Según el procurador de los derechos humanos de la época, Ramiro de León Carpio, fue la primera vez que el poder civil lograba imponerse al poder militar.

A inicios del año 1993 y en los años siguientes, PBI acompañó, junto con otras personas y organizaciones nacionales e internacionales, a las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos (CCPP) durante el proceso de retorno de la población que, en los momentos más duros del CAI, se vio obligada a refugiarse en México. También acompañó a las CPR hacia los lugares de asentamiento asignados después de su salida a la luz. Esto nos hizo participes de un proceso muy intenso a nivel emocional, durante el cual las personas retornadas regresaban a sus pueblos, o a nuevos lugares donde se asentaron, recibiendo el cariño y la bienvenida de sus compatriotas.

Otro hecho que impactó especialmente, por ocurrir bajo los ojos de la comunidad internacional, fue la masacre de la comunidad de retornados La Aurora 8 de Octubre, en la finca Xamán, Alta Verapaz, el 5 de octubre de 1995. Mientras la comunidad preparaba su primer aniversario del retorno, una patrulla del ejército que apareció sin avisar, asesinó a 11 personas y dejó a más de 30 heridas de bala. “Las victimas de la represión de los años ochenta, de la estrategia de tierra arrasada, sobrevivientes de las masacres del Ixcán, reviven el horror que les hizo huir de su país y siguen luchando por la esperanza que les hizo regresar a su tierra guatemalteca hace un año”, narra un Boletín de PBI de noviembre de aquel año. PBI acompañó a las y los sobrevivientes de la masacre en su recuperación en el hospital y en su búsqueda por justicia y reparación. Una de las voluntarias que era parte del equipo en aquel entonces, y que acompañó a las víctimas en el hospital, posteriormente hizo un documental sobre la masacre.

Una voluntaria recuerda: “En ese tiempo [el de las visitas a las personas heridas en la masacre de Xamán], me vienen muchas reflexiones sobre el trabajo actual de las Brigadas de Paz Internacionales y el acompañar a la gente en el hospital me ha dado la oportunidad de pensar en lo que realmente significa “acompañamiento”. Antes de venir a Guatemala, no sabía explicar bien a mis amigos en Canadá qué hacíamos aquí. Es bastante simple definir “acompañamiento” si solo se relaciona con evitar violencia hacia las personas con las que estamos. Ahora, sin embargo, cada vez más lo relaciono con estar presente con la gente, escuchar sus historias y, en la medida de lo posible, compartir un poco de su dolor. Creo que tenemos mucha suerte de poder escuchar y, a veces, dar apoyo emocional a gente que ha sentido que nadie, en este gran mundo, fuera de sus comunidades, les escucha. A la vez, he visto que la gente va a hablar, va a gritar y exigir que alguien les escuche, aun sin nuestro acompañamiento. Por lo tanto, estoy agradecida de tener la oportunidad de recordar que no somos imprescindibles, que la lucha por la paz y el fin de la represión y de masacres como la de Xamán, depende del pueblo guatemalteco. Y aquí estamos para acompañarles en su camino…”

En cuanto al segundo proyecto de PBI Guatemala, que inició en 2003, el acontecimiento más destacable fue, sin duda, el proceso y la sentencia por el genocidio del pueblo Ixil cometido durante el gobierno de facto de José Efraín Rios Montt. En aquel momento (año 2013) PBI acompañaba al BDH y a su director Edgar Pérez Archila, abogado de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), querellante en el caso. Este proceso es un hito histórico universal, pues por primera vez un tribunal nacional juzgó un genocidio en su propio país. Quedó patente la posibilidad de que poderes considerados hasta el momento intocables, pudieran ser juzgados por sus crímenes, todo ello gracias a la perseverancia y convicción de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del CAI. La sentencia fue contundente al afirmar que sí hubo genocidio y el 10 de mayo de 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó al general retirado J. E. Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Sin embargo, después de 10 días, y tras fuertes presiones provenientes del poderoso sector económico del país, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la repetición del juicio basando su decisión en errores de procedimiento. El segundo proceso que se llevó a cabo volvió a concluir que sí hubo genocidio, pero el dictador Ríos Montt murió unos meses antes de que se dictase esta segunda sentencia.

Cierre temporal del proyecto de PBI en Guatemala

En la primera etapa de PBI en Guatemala (1983-1999), las organizaciones y personas que más se acercaron a solicitar nuestro acompañamiento fueron todas aquellas cuyas luchas y riesgos estaban relacionados con los grandes crímenes cometidos durante el CAI: desapariciones forzadas, asesinatos, masacres, desplazamientos por la violencia del Estado militar, etc. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que el país había estado sumido en un cruento conflicto armado por más de tres décadas. Con la Firma de la Paz en diciembre de 1996 se abre una puerta a la esperanza. Las violaciones masivas de los DDHH cometidas por fuerzas del estado descienden fuertemente y se crean herramientas para que las organizaciones sociales, indígenas y campesinas puedan demandar el cumplimiento de sus derechos. En esta nueva coyuntura las peticiones de acompañamiento bajaron considerablemente.

Por otra parte, los talleres que ofrecía PBI, sobre todo de Educación para la paz, comenzaron a impartirse desde las organizaciones locales conocedoras de estos temas. Y con respecto al conocimiento de la situación de Guatemala en el exterior, se habían abierto nuevos canales, asumidos por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que la información disponible fuera del país había aumentado considerablemente.

Estos hechos, y una evaluación compartida con las organizaciones guatemaltecas, llevaron a PBI a cerrar el proyecto en 1999.

Sin embargo, este cierre resultó ser temporal, pues la situación de DDHH en el país sufrió retrocesos importantes en poco tiempo. En principio, con la firma de los Acuerdo de Paz el contexto interno mejoró, pero esta firma se inserta en el contexto internacional de globalización capitalista que surgió después del fin de la guerra fría y pronto el neoliberalismo imperante exacerbó la privatización de servicios, la liberalización de los mercados, la firma de tratados de libre comercio y la explotación de los bienes naturales. Todo ello causó un fuerte deterioró de las ya difíciles condiciones de vida de la población guatemalteca. En este nuevo contexto las organizaciones, colectivos y comunidades se toparon con un Estado con poca voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos con la firma de la Paz y con los tratados internacionales en materia de DDHH. Los actores del poder político no cambiaron significativamente y los intereses económicos siguieron marcando la evolución del país. Los conflictos sociales rebrotaron de nuevo, especialmente aquellos relacionados con la tenencia de la tierra, los derechos sobre el territorio y los derechos laborales, los cuales fueron ignorados incumpliendo el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Se constató además la falta de reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas – recogido en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas – los cuales fueron cedidos impunemente para el disfrute de las industrias extractivas.

Frente a este nuevo deterioro de la situación de DDHH, que se comenzó a hacer más evidente con la llegada al poder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el año 2000, PBI recibió peticiones de diversas organizaciones solicitando su regreso al país. En 2001 se organizó una visita exploratoria a Guatemala y a la luz del informe resultado de la misma en abril de 2003 se lleva a cabo la apertura de un nuevo proyecto de PBI en el país.

Desde esta reapertura la situación en Guatemala no dejó de empeorar. La reforma al sistema de justicia fue muy lenta y finalmente impulsada por la presencia y el apoyo técnico de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), activa de 2007 a 2019. Sin embargo, cuando las investigaciones del Ministerio Público (MP), fortalecido por la CICIG, tocaron a sectores poderosos económicos y políticos, la reacción se tradujo en la expulsión de la CICIG y en un progresivo, pero veloz, retroceso antidemocrático. Esto se tradujo en persecuciones, usando el sistema de justicia cooptado, para criminalizar a las personas que se oponían al poder corrupto, con la intención de silenciar las demandas legitimas del sector democrático, indígena y campesino.
 

El regreso de PBI a Guatemala

La labor de PBI tras su reapertura en 2003 se centra en tres enfoques temáticos, identificados como los que abarcan las problemáticas a las que responde el acompañamiento: lucha contra la impunidad por crímenes cometidos durante el CAI y contra la impunidad del presente (criminalización de personas defensoras); acceso a la tierra y derechos laborales con especial atención al problema estructural de la concentración de la tierra en pocas manos; defensa del territorio contra proyectos extractivos.

Las agresiones que motivaron las solicitudes de acompañamiento de las y los defensores en los años 80 y 90 fueron asesinatos, amenazas de muerte, secuestros y extorsiones; y los agresores en aquel entonces eran las fuerzas armadas estatales o paraestatales. Tras la firma de la Paz los agresores ya no están tan definidos, pues el problema reside más en la negligencia de ciertas entidades públicas a la hora de cumplir con su deber de proteger a la población, lo que favorece las agresiones hacia las personas defensoras de DDHH. Y aunque sigue habiendo agresiones físicas, el patrón imperante es usar el sistema judicial para criminalizar y, en los últimos años, también las redes sociales para difamar y buscar la “muerte civil” de las personas defensoras.

Tras décadas de lucha, la búsqueda por la justicia empieza a dar algunos frutos

Como se ha señalado, uno de los enfoques temáticos del acompañamiento de PBI es la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el CAI, por lo que varios de los procesos que se han desarrollado en este campo han sido observados por PBI Guatemala.

A finales del año 1998, PBI acompañaba a las y los testigos del primer juicio contra los actores materiales de las masacres de Río Negro y Agua Fría (Baja Verapaz), cometidas durante lo que se conoció como el periodo de la estrategia de “tierra arrasada”. Como resultado de este primer juicio solo fueron condenados tres ex patrulleros de autodefensa civil (PAC), por la muerte de las únicas 3 personas identificadas de las 270 víctimas de estas masacres. Estos hechos atroces fueron perpetrados en 1982 y motivados porque la población Achí de la región se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Chixoy que, finalmente, se tradujo en las masacres y en el desplazamiento e inundación de sus comunidades.

Como ya se comentó al inicio de este artículo, el juicio por el caso de Genocidio Ixil, iniciado en 2013, también fue observado por PBI, en el marco del acompañamiento brindado al BDH.

En 2018 observamos el juicio del caso Molina Theissen, en el cual se dictó sentencia por crímenes de lesa humanidad, secuestro, tortura y desaparición forzada cometidos en 1981 contra Emma Molina Theissen y su hermano menor Marco Antonio. El paradero de Marco Antonio aún se desconoce. Entre los militares condenados se encuentran varios que ocupaban altos cargos en el momento que se cometieron los hechos, como Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor entre 1981 y 1982 y Manuel Antonio Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia militar en aquel momento.

Cinco años más tarde – y en un contexto político adverso – se inició el proceso judicial contra varios militares (incluidos los dos arriba mencionados2) y policías, responsables de al menos 183 desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y otros crímenes de lesa humanidad que aparecen en el denominado Diario Militar. FAMDEGUA, fundada por varias de las personas que crearon el GAM, ejerce como querellante adhesiva en este caso. PBI observa el proceso en el marco del acompañamiento a esta organización y al BDH, que representa legalmente a parte de las víctimas.

“A lo largo de los 30 años de FAMDEGUA PBI ha estado presente en temas de denuncia acompañando a las fundadoras de la organización. Estas mujeres son buscadoras que nos enseñaron a nosotros, las nuevas generaciones, a buscar y sobre todo a exigir justicia.

Actualmente PBI acompaña a FAMDEGUA en varios de los procesos que llevan, como los casos Diario Militar (DM) y Luz Leticia. La organización también promueve y apoya acciones de exhumación, investigación y búsqueda. Los casos mencionados tocan actores muy poderosos, estructuras clandestinas e ilegales del sistema de inteligencia que llevaron a cabo la estrategia estatal de desaparición forzada en Guatemala durante el CAI.

El acompañamiento de PBI ha sido clave para sostener estos procesos y para frenar, de alguna manera, los ataques públicos que realizan los militares y las personas afines a ellos. Hay que resaltar que las audiencias en el caso DM han sido muy tensas y duras en varios momentos, y ahí la presencia de PBI ha sido clave. Nosotros siempre hemos pedido a PBI que el acompañamiento se haga directamente a las víctimas, porque los casos de justicia transicional se sostienen por ellas, que juegan el papel principal y son la voz de estos procesos.

Somos las víctimas las que estamos allí, representando a nuestros familiares que fueron víctimas también de crímenes de lesa humanidad y del terrorismo de estado. El acompañamiento de PBI para nosotras significa que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pues aunque el ambiente siempre sea hostil, al menos todo el mundo sabe que estamos acompañados por personas que pueden denunciar el actuar fuera de la ley de estos grupos ilegales, tal y como lo vienen haciendo desde hace 40 años”.

Paulo Estrada, presidente y representante legal de FAMDEGUA

La familia de la estudiante Luz Leticia ha mantenido el contacto con PBI a lo largo de los años desde aquella primera vez que visitaron nuestra casa en 1984. En este caso, el principal sospechoso es el ex-policía Juan Francisco Cifuentes Cano, que fue capturado en el contexto del caso DM. En cuanto se inició el proceso judicial del caso de Luz Leticia, la búsqueda que la familia inició hace 40 años empezó a obtener resultados visibles y abrió una ventana a la esperanza. Lamentablemente esto ocurrió cuando el papá de Luz Leticia, Jorge Hernández, ya había fallecido (enero de 2021). Un año después de su muerte, por fin el MP presentó la acusación contra Cifuentes Cano por la desaparición forzada de Luz Leticia y su compañera Ana María López Rodríguez. Tras varios intentos fallidos, la audiencia de primera declaración tuvo lugar en enero de 2023 y en su conclusión Cifuentes Cano fue ligado a proceso por los delitos de desaparición forzada de Ana María y Luz Leticia y por delitos de deberes contra la humanidad. Para 2024 la familia espera la realización del debate oral y público.

“Es difícil condensar la lucha de todos estos años. Pero algo que es determinante y ha sido importante, es que nunca se ha bajado la guardia y esta lucha no se hubiera podido llevar por tanto tiempo, más de 40 años, si no hubiese sido por el apoyo de Brigadas de Paz. Han sido 42 años de constante lucha por reivindicar derechos, no solo de nosotras, si no de muchos familiares de personas desaparecidas, en todos los campos, en todos los estratos, en toda la sociedad. Y creo que si no hubiésemos contado con el acompañamiento de Brigadas y la difusión que han hecho de esta realidad, ya no estaríamos contando la historia.

Hay tantas cosas vividas y recuerdos no gratos… pero la parte más importante ha sido que en mayo del año 2022, inició nuestro caso. El acompañamiento ha sido muy significativo porque la vulnerabilidad que se tiene y se siente ante las autoridades y los órganos de justicia, es una realidad. El tratamiento que las instituciones de justicia nos dan es grosero, descarado e irrespetuoso y así ha sido siempre. Pero con el acompañamiento una no se siente sola, y esto es lo valioso. La situación sigue difícil, pero se vuelve un poquito más balanceada, tanto para nosotras como para otras personas y comunidades que están sufriendo violaciones a sus derechos y su dignidad. Para nosotras, la familia, el solo hecho de haber iniciado el proceso judicial en el caso de mi hermana, haber escuchado las pruebas, haber escuchado las decisiones de los jueces, ha sido muy gratificante.

El apoyo de Brigadas es incluyente, pues PBI no toma acciones, solo acompaña y así permite que nosotras ejercemos nuestros derechos; eso es lo relevante. Nosotras tenemos un agradecimiento infinito a Brigadas, sabiendo que ustedes están aquí y nosotras no estamos solas”.

Mirtala Hérnandez Agustín, hermana de Luz Leticia

Debido a la cooptación del sistema de justicia acontecida en los últimos años, estos dos procesos judiciales ahora parecen entrampados, pues ya son varias las audiencias suspendidas y a varios de los imputados en el caso DM se les cambió la medida coercitiva por arresto domiciliario. A pesar de estos obstáculos, las y los familiares no decaen en su lucha por la justicia, pues consideran que uno de los pasos principales ya se ha dado: la apertura de los procesos y la acusación a los militares y policías identificados como implicados en los hechos.

Desde PBI vamos a seguir acompañando a los y las defensoras en sus luchas pacíficas contra la impunidad, por la defensa de los derechos humanos y por su derecho a la tierra y al territorio. Vamos a estar a su lado escuchando sus historias con la profunda admiración que nos provoca su valentía y perseverancia, y a caminar a su lado en la construcción de un país en paz donde prevalezca la justicia social.

Los hechos relatados en este artículo fueron extraídos de boletines, revistas y otras publicaciones de PBI que van del año 1989 al 1999. Estos se conservan en el archivo del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), ubicado en Antigua Guatemala.