El pasado 7 de enero la crisis institucional que está viviendo Guatemala llegó a su punto álgido. El gobierno de Guatemala dio por terminado, de forma unilateral, el acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dando un plazo de 24 horas para que sus funcionarios abandonaran el país. La decisión fue comunicada por la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, justificó esta decisión acusando a la CICIG de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del último comisionado, el colombiano Iván Velásquez Gómez quien, según Morales, puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala. En contraposición a este posicionamiento del Presidente, la CICIG cuenta con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Esta crisis comenzó a gestarse en agosto 2017, cuando el mandatario guatemalteco declaró “non grato” al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, ordenándole que abandonara inmediatamente el país. La CC, por su parte, declaró con lugar un recurso de amparo que había sido interpuesto para evitar la expulsión y suspendió la decisión hasta que se resolviera el fondo del asunto. Finalmente la CC otorgó de manera definitiva el amparo presentado para evitar la expulsión de Iván Velásquez y la CICIG continuó operando, a pesar de las crecientes dificultades para el ejercicio de su trabajo. El 4 de septiembre de 2018, mediante comunicado de prensa, y aprovechando un viaje a Washington del Comisionado, el Gobierno de Guatemala comunicó su decisión de prohibirle el ingreso al país. Unos días después, la CC resolvió de forma unánime ordenar al mandatario que permitiera el regreso del Comisionado. Pese a ello, el ministro Degenhart comunicó que no dejarían entrar al país al Comisionado y el gobierno guatemalteco interpuso varias acciones legales ante la CC para revocar su decisión, las cuales fueron declaradas sin lugar. Este mes de enero la crisis se agudizó cuando, el pasado 5 de enero de 2019, Yilen Osorio, investigador de la CICIG, fue retenido 26 horas en el aeropuerto de La Aurora, a pesar del amparo emitido por la CC el 21 de diciembre de 2018 a favor de 11 colaboradores de la Comisión a quienes se les habían revocado las visas de cortesía. La CC se vio obligada a recordar el cumplimiento de dicho amparo para que el investigador, finalmente, pudiese ingresar al país.

Según Morales, una de las razones por las que decidió cancelar unilateralmente el acuerdo con Naciones Unidas, fue el hecho de no ver atendida su petición hacia Guterres en cuanto a designar un nuevo comisionado. El silencio, pasividad y negativa para buscar soluciones generaron incertidumbre nacional sobre el actuar de la Cicig, denunció Morales. Sin embargo Guterres afirma que Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses, conforme al Artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG.

Son muchas las voces de alarma dentro y fuera de Guatemala. Según Martín Rodríguez, analista político, periodista y director de Nómada, con la expulsión de la CICIG se ha dado una ruptura del orden constitucional porque no se respeta la palabra de la Corte y supone que el presidente pueda volver a desconocerla o la desintegre y ya no haya ninguna legalidad más que la de las armas. (...) Se trata de un golpe de Estado en cámara lenta porque es difícil de percibir los efectos de este quiebre constitucional de forma inmediata.

El 14 de enero, mientras el presidente presentaba el informe de gestión anual de su gobierno, se dieron diversas marchas populares, tanto en el interior del país como en la capital, mostrando la indignación por las medidas del gobierno en contra de la CICIG y pidiendo la renuncia del presidente. En la misma línea, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, así como Noruega y el Reino de los Países Bajos, emitieron un comunicado el 8 de enero expresando su preocupación por los acontecimientos de los últimos días y resaltando la importancia de que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la separación de poderes. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado asegurando que la actitud del gobierno pone en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. A esta preocupación generalizada se sumó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhortó al Gobierno de Guatemala a garantizar las libertades democráticas.

El 16 de enero, la CICIG fue retirada como querellante adhesiva en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el cual están sindicados José Manuel Morales y Sammy Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. La decisión la tomó el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal aseverando que la CICIG no se presentó a la audiencia. A pesar del evidente relego de la CICIG de su campo de acción, el 24 de enero, ese organismo reiteró su compromiso de trabajar hasta que el acuerdo firmado entre el gobierno y la ONU cumpla su vigencia en el mes de septiembre, apoyando al MP desde la distancia.

Es importante señalar que esta profunda crisis que está viviendo Guatemala ha incrementado fuertemente el nivel de percepción de la corrupción. El país ha pasado a ser uno de los peor calificados por Transparencia Internacional (TI) en el mencionado índice correspondiente a 2018. Ocupa el puesto 144 de 180 países. La organización Acción Ciudadana (AC) capítulo en Guatemala de TI, señaló que durante la gestión de Jimmy Morales el país ha bajado ocho posiciones en el ranquin (…). AC también advirtió que el país podría continuar descendiendo en la medición debido a que este año el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en procurar la expulsión de la CICIG e incluso ha realizado actos en contra del Estado de Derecho.