En marzo de 2022 realizamos una misión de observación a los municipios de Retalhuleu y Champerico1, acompañando a personas defensoras del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) y de la Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG). Durante el viaje verificamos los impactos negativos que el monocultivo de caña de azúcar, y otros proyectos extractivos, tiene sobre la salud, la alimentación y el medioambiente de las comunidades, las cuales también nos compartieron sus solicitudes a las autoridades guatemaltecas competentes, a los ingenios azucareros y a otras empresas de la zona.

La llegada a la Costa Sur desde Ciudad de Guatemala en época seca nos recibió con un brusco cambio de clima. Nos sorprenden las elevadas temperaturas y la homogeneidad verde del paisaje, un verde que a primera vista parece bonito, pero que en una segunda mirada más atenta nos hace preguntarnos: ¿por qué no hay árboles? ¿por qué es todo tan igual y no hay diversidad natural ni de cultivos? Los numerosos camiones que circulan por las carreteras, repletos de finos troncos, responden nuestras preguntas: nos rodean kilómetros de monocultivo de caña de azúcar.

Según datos de la Organización Internacional del Azúcar, Guatemala es el tercer exportador latinoamericano de este producto y el sexto a nivel mundial. El azúcar y sus derivados fue el cuarto producto más exportado por Guatemala en 2020, representando un 6,5% de las exportaciones totales del país. Estos datos evidencian el peso económico del sector (cuya mayoría de ingenios se concentran en la Costa Sur4) y, por tanto, el poder que ostentan las familias propietarias. Estas son parte esencial de la élite agroindustrial de Guatemala y participan, tanto en la matriz energética, como en el sistema financiero y político del país5.

Estudios realizados en la última década6 sobre el sector de la caña de azúcar, han visibilizado varias preocupaciones en relación al impacto de este cultivo sobre la vida de la población local y sobre el medio ambiente. Entre estos destacan la drástica disminución de la disponibilidad de tierra y agua para las familias campesinas, así como el agravamiento de la crisis climática, consecuencia del acelerado proceso de deforestación llevado a cabo para la implantación del monocultivo. Estos impactos saltan a la vista durante nuestra visita al departamento de Retalhuleu.

Pajales Sector Sis: una comunidad en riesgo de desaparición

La comunidad Pajales Sector Sis (municipio de San Andrés Villa Seca), está ubicada en el camino entre la cabecera departamental de Retalhuleu y el municipio de Cuyotenango. Al llegar nos espera José Miguel Sánchez López, defensor del agua e integrante de la comunidad, compuesta por 65 familias. Nada más bajar del carro, percibimos un fuerte olor. José Miguel nos explica que proviene de un canal abierto que lleva las aguas contaminadas por los desechos de 2 ingenios y que descarga en el río que pasa por la comunidad, el Sis. “Nuestra comunidad se ha quedado en medio del ingenio El Pilar y del ingenio Tululá, que en el verano desvían el agua del río Sis a través de diques y la acaparan para regar sus cultivos de caña. Las familias ya no contamos con el agua del río y sólo tenemos acceso a agua entubada durante una hora al día. Además, la contaminación del agua por los desechos de los ingenios impacta en nuestra salud y sufrimos de enfermedades de la piel y otras enfermedades derivadas, como el dengue”.

Seguimos camino hacia el río Sis y nos asombra comprobar su ínfimo caudal. Hay un grupo de mujeres lavando la ropa en una piedra, pero por la poca agua que lleva el río, se tienen que ubicar en medio del cauce para poder hacerlo. Jose Miguel recuerda como hace 30 años allí pescaban camarones, chacalines y mojarras. “En ese tiempo teníamos una alimentación sana. Ahora las familias ya no cuentan con la pesca, no tienen tierra, ni agua para la milpa y muchas dependen de los trabajos en los ingenios para sobrevivir, así que tienen las manos atadas para luchar. En las plantaciones trabajan explotados, incluso la niñez trabaja en la caña”. Lo que nos cuenta Jose Miguel es algo reconocido por la Unión Europea, pues en su estudio de evaluación del Acuerdo de Asociación entre sus Estados miembros y Centroamérica, señala que el sector azucarero viola los derechos laborales, especialmente con respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional, negación de derechos sindicales y empleo del trabajo infantil.

Actualmente, las preocupaciones de la comunidad se centran en el mal estado de los gaviones, muros de contención del río construidos hace 7 años por el ingenio El Pilar, algunos de los cuales están colapsados. “El río Sis es un río caudaloso. Si bien en verano es secado por los ingenios, cuando llegan las lluvias sube con mucha fuerza. Tenemos miedo que el próximo invierno se lleve por delante los gaviones e inunde la comunidad, como ya ha pasado en otras ocasiones. Incluso la CONRED8 ha alertado en varios momentos del peligro. Hemos buscado el dialogo con el ingenio para resolver este problema, pero no ha respondido, ni siquiera se ha presentado a una mesa de diálogo con la comunidad convocada por la Gobernación de Retalhuleu. El ingenio es responsable del mantenimiento de los gaviones. Por eso hemos puesto una denuncia en el Ministerio Público (MP). Sin embargo, no se ha hecho nada”. Las familias de Pajales Sector Sis, no solo tienen que convivir con esta situación de extrema precariedad y riesgo, además varias personas de la comunidad han sido criminalizadas por defender el derecho al agua. El mismo José Miguel ha sido acusado de amenazas y coacción por el ingenio El Pilar y tiene una causa abierta en su contra desde 2017.

En las comunidades de la Costa Sur, como en otras zonas de Guatemala, la criminalización es un problema recurrente para quienes defienden derechos. Solo en Retalhuleu, el CCR cuenta con 12 casos de criminalización de sus líderes y lideresas. Según Abelino Mejía Cancino, integrante de la Junta Directiva del CCR y una de las personas criminalizadas, el propósito de esta criminalización es desgastar a las personas física y psicológicamente, para que abandonen sus reivindicaciones.

Mujeres a la cabeza de la Comunidad Tierra Blanca: defensa del bien común frente a interés privados

Abelino nos acompaña a conocer la situación de la comunidad Tierra Blanca, en el municipio de El Asintal, que se ve afectada por empresas y proyectos privados con prácticas similares a los de la caña. A la orilla del río Nil, bajo la sombra refrescante de las ceibas y los conacastes10, nos espera una delegación de la comunidad que nos comparte su historia de lucha y cuidado. Lorena González (Presidenta) y Eloísa Cifuentes (Tesorera) representan al Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). Como defensoras del agua y de los derechos humanos. nos cuentan que hace 35 años el río Nil era considerado uno de los más caudalosos y limpios de la zona. Los problemas empezaron en el año 2013 cuando una empresa construyó un dique sobre dicho río, sin consultar previamente a la comunidad, desviando sus aguas para el abastecimiento de piletas donde se crían peces y para el funcionamiento de una hidroeléctrica. “Cuando la comunidad se dio cuenta el dique ya estaba construido y el río completamente tapado. Pusimos denuncia en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Retalhuleu, pero viendo que la situación no caminaba, decidimos hacer un acuerdo con la empresa que establecía que pudiera desviar sólo el 50% del agua, dejando el resto para la comunidad. Sin embargo, la empresa no ha respetado el acuerdo y en época seca deja a la comunidad sin nada de agua. Por esto, hemos seguido denunciando los hechos públicamente y ante el MP”. Las defensoras denuncian que el trato que han recibido de las autoridades al interponer las denuncias, ha sido absolutamente machista. Ser mujeres jóvenes y lideresas ha sido motivo para recibir un trato irrespetuoso y degradante por parte de las autoridades. Por otro lado, mientras estas denuncias están totalmente estancadas en el MP, Lorena González ha sido blanco de amenazas de muerte por haber hecho público el desvió total del agua del río Nil. “Quizás alguien piense que estamos locas porqué nunca vamos a ganar esta lucha, pero nosotras consideramos que nuestra lucha es por la vida, la hacemos porqué el agua es vida. Se habla mucho del cambio climático. Nos quieren hacer creer que el problema somos nosotros que no cuidamos el medio ambiente, pero en realidad el problema son los proyectos sin límite de uso de recursos naturales que implementan las empresas y la falta de interés por parte de las autoridades en resolver este tipo de problemas. La lucha no solo es de las representantes sino de todo un pueblo que clama justicia”. El derecho al agua no solo le es negado a Tierra Blanca, sino a un total de 28 comunidades del municipio de El Asintal, todo ello para proveer del vital líquido a empresas privadas que no miran por el bien común, si no por el propio beneficio. “Acá desvían el agua para producir energía eléctrica para la exportación. Sin embargo, nosotros estamos dando lo más preciado, que es el río”, aclara Abelino Mejía.

Sin monocultivos vuelve la vida: huertos familiares y soberanía alimentaria en la colonia 20 de Octubre

El trabajo del CCR, desde su conformación en 2015, se centra en denunciar el incremento de los monocultivos en la región y los impactos sobre la población. A través de este trabajo, consiguieron que 10 fincas azucareras abandonaran los terrenos del municipio de Champerico y 3 más estén en proceso de hacerlo. “Los ingenios extraen 3.600 galones de agua por minuto las 24 horas del día a través de pozos, además de secuestrar los ríos. Donde hay caña no se puede producir nada porque no hay agua” nos explica el defensor mientras nos acompaña a recorrer algunos ríos de la zona: el Bolas, el Pichuy, el Manacal y el Español, donde es evidente la falta de agua y la contaminación de la misma. La grave situación de estos ríos y de las comunidades que utilizan sus aguas, ha sido documentada también en el informe emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tras una visita realizada a la zona en 202111.

Sin embargo, el trabajo del CCR no se limita solo a la denuncia, también apoya a las comunidades a recuperar su soberanía alimentaria. Un ejemplo de este apoyo lo encontramos en la colonia 20 de Octubre, en el municipio de Champerico, donde viven tres mil familias y donde nos recibe doña Reyna López, que preside la asociación de mujeres de la comunidad, la cual aglutina a más de 80 integrantes. Doña Reyna nos explica que a través de la lucha, consiguieron que hace 2 años cesara el cultivo de caña en los terrenos alrededor de la comunidad y que ahora el dueño de la finca alquila estos terrenos a familias para el cultivo de maíz. Nos explica también algunos de los impactos negativos que la caña tenían sobre los cultivos familiares. Por ejemplo, las hortalizas se veían afectadas en su crecimiento por los químicos esparcidos desde avionetas por los ingenios. Además estos insecticidas quemaban las flores de los árboles frutales, impactando en la producción. También el periodo de zafra12 resultaba muy negativo para las familias, ya que la ceniza cubría los cultivos, el agua, la ropa tendida a secar y los pulmones de las personas.

Doña Reyna nos acompaña a visitar el huerto que cuida al lado de su casa, donde cultiva de forma ecológica hierba mora, chipilín, bledo, miltomate, cebolla, zanahoria, remolacha, banano, malanga, yuca, amaranto. “El huerto nos permite abastecer a la familia y, además, da un pequeño superávit que podemos vender al resto de familias de la colonia”. El huerto de doña Reyna es un ejemplo de como la lucha comunitaria puede devolver la soberanía alimentaria a las familias de las comunidades. Aún así, los impactos de los monocultivos se siguen sintiendo, porqué la deforestación que se llevó a cabo en su momento para instalarlos ha afectado mucho a las precipitaciones. “Ya no hay árboles que llamen a la lluvia y los pozos están afectados por la falta de precipitaciones. Estamos obligadas a regar los huertos a través de las aguas de desechos”. La organización es hoy más importante que nunca en la Costa Sur, imprescindible para defender un bien tan preciado como el agua y, con ella, la vida de las familias y de la naturaleza.

Abelino y doña Reyna nos despiden recordándonos que detrás del azúcar y de la devastación que este monocultivo está provocando en la región, hay empresas con grandes intereses, por ejemplo las que producen artículos de lujo como marcas de ron muy reconocidas que se exportan en gran cantidad. “El cultivo de caña de azúcar ha traído a las comunidades pobreza y migración. En la costa vale más un tallo de caña que la vida de un ser humano”.