Ser periodista, comunicador, comunicadora, social o comunitaria en Guatemala es una actividad de alto riesgo. Según el informe de la Organización Reporteros Sin Fronteras del 2020 sobre la libertad de prensa, Guatemala se ubica en la “zona roja”, en el puesto 116 de 180 a nivel mundial. El mismo informe relata que: “El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien asumió su cargo en enero de 2020, heredó una situación desastrosa en cuestión de libertad de prensa. Un legado de Jimmy Morales (2016-2019), quien durante su mandato no dejó de agredir a los periodistas críticos de su gestión y de su gobierno, acusándolos a menudo de difundir noticias falsas y de engañar a la población. Esto generó un clima de gran tensión y autocensura”.

Desafortunadamente, el rumbo no parece haber cambiado con el nuevo gobierno. Los datos de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP), creada en noviembre del 2019, indican que de enero a junio de 2020 se han presentado 43 denuncias de ataques contra periodistas en el país. A pesar de diversos intentos, impulsados desde hace varios años, Guatemala sigue a la fecha de hoy sin implementar un plan de protección para periodistas.

¿Periodistas, defensores de Derechos Humanos?

Según La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) “los periodistas cumplen el amplio mandato de reunir información y difundirla públicamente por medio de la prensa, la radio o la televisión. En el desempeño de su función, no son defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado”. Es por el ejercicio de este último aspecto de su labor, que, en Guatemala, como en otros lugares del mundo, periodistas y comunicadores se enfrentan a riesgos y amenazas constantes.

Además, en Guatemala, como a nivel Latinoamericano, las personas que ejercen la labor informativa y participan de la difusión de la información, desarrollan este trabajo desde contextos diversos y por lo tanto enfrentan riesgos muy distintos. Según explica Norma Sancir, mujer Maya kaqchikel, quien desempeñó su labor como defensora de derechos humanos del pueblo ch'orti’ en el departamento Chiquimula, Guatemala, podríamos decir que existen en el país tres grupos de personas periodistas y comunicadoras. En primer lugar, los periodistas que disponen de un titulo académico, que en su gran mayoría trabajan para medios masivos y corporativos. Por la naturaleza de su trabajo, este grupo de periodistas se han enfrentado a amenazas más que todo cuando han revelado casos de corrupción a nivel nacional. Este fue recientemente el caso del periodista Marvin del Cid.

En segundo lugar, encontramos a “otro grupo de periodistas que se hicieron en la calle, que no necesariamente estudiaron, sino que es su vocación, les gusta, trabajan por su comunidad, su municipio y entonces un día se aventuraron a ser locutores, reporteros, periodistas de un medio escrito y entonces llevan muchos años trabajando en esto”.

Por último, Norma Sancir explica que hace 10 años surgió otro grupo de personas periodistas y comunicadoras comunitarias y/o sociales o locutoras de radios comunitarias. Este grupo apareció a raíz de la falta de medios de información que informaban sobre ciertos temas a nivel comunitario, departamental y nacional pero también por la necesidad de emitir información en el propio idioma. Inicialmente, las personas que se encontraban ejerciendo esta labor no eran ni académicos, ni periodistas, sino esta actividad nació por una necesidad de informar y ser informado sobre los acontecimientos en su localidad, ya sea en la comunidad, el municipio, en el departamento. En efecto, según Norma Sancir: “los grandes medios de comunicación manejan una “agenda” y dentro de la agenda, según estudios que hizo el Centro Civitas, cuando se habla de pueblos indígenas, casi siempre, las notas que salen en los medios nacionales han sido cuando hay un linchamiento en una comunidad, cuando queman, cuando hay un movimiento, una manifestación. Existe una fuerte folklorización, casi nunca se habla de las necesidades que existen en los territorios.”

Imelda Tax Monrroy, maestra de Educación pre-primaria, profesora en Enseñanza Media, Conductora de televisión en la agrupación Jóvenes Dejando Huella y Corresponsal en Prensa Comunitaria en Totonicapán explica que muchas veces, el periodismo comunitario es un medio de comunicación con credibilidad, sin fines de lucro o intereses propios. Se ejerce por parte de miembros de la comunidad, ya sean jóvenes, maestras o maestros, locutoras o locutores de radios de forma totalmente benévola. Además, esta labor ha sido muy necesaria durante la pandemia, fueron ellos y ellas quienes difundieron información sobre el COVID-19 en el propio idioma, ya que las informaciones emitidas por parte del gobierno se difundían solamente en español.

Norma Sancir relata que el hecho de no pertenecer a grandes medios corporativos es un factor de vulnerabilidad, en particular, frente a las autoridades estatales: “para los policías no somos periodistas, es un tema que Civitas ha trabajado mucho, de poder formar a gente de estos espacios, policías, jueces en el tema del respeto a periodistas en el uso de su libertad de expresión. Hasta el momento no somos tan reconocidos o legitimados en el país.” También explica que las personas periodistas y comunicadoras comunitarias se enfrentan a amenazas, particularmente cuando cumplen otro rol como defensoras de Derechos Humanos, de pueblos indígenas y especialmente en el tema de la defensa del territorio contra monocultivos, proyectos de hidroeléctricas y de minería. A nivel nacional, existen muchos casos emblemáticos de criminalización hacia periodistas y comunicadores sociales como el de Carlos Ernesto Choc, Francisco Lucas Pedro (Palas Luin) o la misma Norma Sancir. Ella fue detenida ilegalmente y posteriormente encarcelada por tres días, en el 2014 mientras cubría una concentración pacífica cerca del puente Jupilingo en el territorio Ch’orti’. Imelda Tax Monrroy destaca que a estos riesgos se suman cuestiones transversales como la discriminación y el racismo.

Los impactos de la pandemia y el Estado de calamidad

Situaciones como el Estado de Calamidad, vigente en Guatemala desde el 5 de marzo 2020 y la pandemia dificultan la labor de muchos de las y los periodistas, comunicadoras y comunicadores, en una coyuntura en la que su labor es más importante que nunca. Ya son muchas las voces que se han levantado frente a la falta de transparencia del gobierno a la hora de facilitar información, en particular sobre el alcance de la pandemia, y de abrir canales de comunicación directos con la prensa. En abril del 2020, Nómada ya denunciaba que una de sus periodistas fue expulsada del grupo de WhatsApp del Ministerio de Salud donde se compartía información sobre el coronavirus, y que dos otros grupos de WhatsApp del gobierno fueron restringidos para que la prensa no pudiera hacer preguntas ni comentarios.

Por otro lado, desde el inicio de la crisis provocada por el Covid-19, los casos de intimidación, amenazas e intentos de criminalización hacia periodistas, comunicadoras y comunicadores se multiplican y la lista se está haciendo larga: Manuel Toro, Yobany Francisco Lucas, Jovanna Mariam Garcia, Baudilio Choc Mac, son personas agredidas y que han sido registradas como tal. A finales de junio, Frontlines Defenders emitió un comunicado para expresar su preocupación por este aumento de ataques en medio de una serie de asesinatos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte.

La pandemia y las restricciones establecidas por el Estado de Calamidad dificultan en particular el trabajo en los territorios, ya que desplazarse y acceder a los territorios se hizo más difícil, hasta en algunos casos imposible, mientras las necesidades de cubrir abusos y ataques a derechos fundamentales en particular relacionados a la defensa del territorio están incrementadas. En efecto, según el registro de la UDEFEGUA se documentaron: “405 ataques contra defensores de los derechos humanos de enero a mayo de 2020. El número de ataques durante los primeros cinco meses del año 2020 es equivalente al 80% de los 494 casos documentados en el año 2019.

La situación particular de las mujeres periodistas

Por otra parte, es necesario hacer énfasis sobre las situaciones especificas de las mujeres periodistas y comunicadoras, quienes por el machismo estructural y la violencia de genero, se ven amenazadas de forma adicional. Brenda Guillén, asistente de coordinación de la UDEFEGUA, destaca que las mujeres defensoras que más ataques reciben son las que desempeñan la labor periodística o de comunicación social, y hace una distinción entre las mujeres que ejercen este derecho en el área urbana y en el área rural: “En el área rural las mujeres están informando lo que sucede en estos territorios y es por esto que están sujetas de amenazas, de difamación, de secuestro y sobre todo de ejercer violencia sexual en contra de ellas. Amenazan también a su circulo cercano”.

En este sentido, Imelda Tax Monrroy relata que por los riesgos que corren como mujeres evitan por ejemplo integrarse a ciertas movilizaciones de alto riesgo, lo que les limita en su labor. También explica que existen casos de intimidación y de discriminación: “por ser mujeres nos consideran del sexo débil y que no podemos desempeñar dicho trabajo”. En cuento a los riesgos específicos debido a la pandemia y el Estado de Calamidad, explica que con el toque de queda, las calles quedan desoladas y realizar notas es más peligroso para ellas.

Contrastando con esta realidad en los territorios, Brenda Guillen explica que en el área urbana: “las mujeres periodistas o de comunicación social están recibiendo ataques por medio de redes sociales, difamación y discurso de odio”. Así fue el caso de Jovanna Mariám García quien labora como periodista para el medio feminista Ruda + Territorio. En junio del 2020, García fue acusada de difamación por haber denunciado que Hugo Cabreras Navas, catedrático universitario y Viceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, divulgó un video con contenido sexual que involucra a una estudiante.

Y el daño no está reparado

Las personas comunicadoras criminalizadas casi siempre pasan un tiempo en la prisión preventiva hasta su primera declaración, y además, no hay noticias de las investigaciónes de sus propias denuncias por agresiones. La denuncia de Norma Sancir contra las 4 PNC que la detuvieron en pleno ejercicio de su labor periodistica fue llevada a un juzgado cinco años despues. Tras la primera declaración de las policías ante el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, el juez a cargo declaró falta de merito por no valorar las declaraciones de Norma Sancir como suficiente prueba para imputar un delito contra las agentes de la PNC.

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