“A las comunidades del área rural el agua las agarró en el sueño y tuvieron que salir corriendo, dejando todos sus haberes, ropa, alimentos, animales. Comunidades enteras quedaron inundadas completamente y el agua sigue sin bajar. Aún quedan comunidades donde no se puede llegar”. Así relata la lideresa q’eqchi Lesbia Artola, coordinadora del Comité Campesino del Altiplano CCDA-Las Verapaces, la situación en el área rural de Alta Verapaz, un mes después del paso del huracán Eta y de la tormenta tropical Iota.

Ser periodista, comunicador, comunicadora, social o comunitaria en Guatemala es una actividad de alto riesgo. Según el informe de la Organización Reporteros Sin Fronteras del 2020 sobre la libertad de prensa, Guatemala se ubica en la “zona roja”, en el puesto 116 de 180 a nivel mundial.

En Iximulew, denominada Guatemala desde la colonia, los pueblos originarios llevan años reivindicando el derecho a decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural y sobre el territorio que habitan, todo ello a través de sus propias formas de gobierno. Este derecho les es reconocido internacionalmente a través de dos instrumentos legales ratificados por la República de Guatemala: el convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

A pesar de la complicada situación en la que se encuentran muchas comunidades en el Estor, Izabal, la cual se ha agudizado debido a la pandemia mundial y a las medidas tomadas por el Gobierno para afrontarla, una vez más la fuerza y resiliencia de las mujeres emerge como pieza clave para la sobrevivencia de los pueblos.

Guatemala, un país conocido por su abundante naturaleza y por sus raíces mayas, xinkas y garífunas, sigue albergando uno de los tesoros más preciados para la humanidad: las voces de los Pueblos Originarios que nos recuerdan que somos parte del tejido de la vida1. Sin embargo, esas raíces ancestrales y comunitarias se han visto fuertemente golpeadas por dinámicas depredadoras y violentas desde los tiempos de la colonización hasta el día de hoy, despreciando la vida y poniendo en el centro intereses económicos de diversos grupos de poder.

En Guatemala, el 46,5% de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. En el año 2011, cuatro familias ch’orti’ demandaron al Estado de Guatemala por no garantizar la alimentación, salud y educación de la niñez y las familias. 18 meses después, un juzgado de Zacapa, en varias sentencias, declaró culpable al Estado por violar estos derechos, así como el derecho a la vida, la vivienda y el trabajo.

Tras casi 3 años de la tragedia, por fin se programó el inicio del debate oral y público de este caso para el día 22 de octubre de 2019, sin embargo finalmente no se dio. El abogado de la acusada Anahí Keller, recusó al juez asignado al considerar que ha externado opinión. Esta acción supone una nueva dilatación del inicio del juicio.

Hoy, el 20 de septiembre de 2019, el medioambiente está en el centro de atención global mientras personas por todas partes del mundo participan en una Huelga Global para el Clima, exigiendo acciones concretas por parte de los gobiernos y el sector privado para evitar más deteriorización de nuestro clima y los múltiples impactos en los derechos humanos de la población mundial que eso implicaría.

Esta última semana de mayo, volvió a salir a la luz pública la preocupante situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). En julio 2018, sin mayores explicaciones, fue despedido Gustavo Meoño, quien fue su director desde 2005. Desde inicios de este año, y de forma paulatina, se ha seguido despidiendo personal. Al día de hoy solo unas 35 personas trabajan en el Archivo, cuando en el pasado se llegó a contar con un equipo de 200 trabajadoras y trabajadores.