Las soluciones para la preocupante escalada de la conflictividad agraria1, que se manifiesta en el aumento de desalojos de comunidades, en su gran mayoría indígenas, así como de casos de criminalización de defensores y defensoras de tierra y territorio, enfrenta un cierre de espacios sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Esta situación empeoró considerablemente a raíz de la disolución de la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA), cuyas tareas asumió parcialmente la recién creada Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). La Unión Verpacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), ambas organizaciones campesinas que PBI acompaña en las Verapaces (la primera desde 2005 y la segunda desde 2018) no dan abasto atendiendo emergencias: desalojos y amenazas de desalojos; criminalizaciones; encarcelamiento de líderes comunitarios; apoyo a las familias; ayuda humanitaria a las familias que sobrevivieron a las recientes tormentas y lo perdieron todo2; apoyo moral, económico y legal a las familias de compañeros asesinados y desaparecidos. Todo ello se suma a su trabajo de base que es acompañar procesos de recuperación de tierras para decenas de comunidades indígenas y campesinas.

La UVOC ha contabilizado desde el año 2004 59 desalojos y actualmente estiman que 19 comunidades están en peligro de ser desalojadas. Además, han registrado unos 1.000 casos de criminalización y representan legalmente a unos 50 integrantes de la organización en procesos judiciales. Desde el año 2011, 12 personas defensoras han sido asesinadas y una persona, Carlos Enrique Coy de Pancoc, Purulha, Baja Verapaz, ha sido desaparecida sin que, según la organización, se haya realizado una investigación seria por parte del Ministerio Público (MP).

Lamentablemente el CCDA ha perdido, desde el año 2018, 7 compañeros asesinados y 2 desaparecidos. En el caso de uno de los compañeros asesinados, fueron juzgados dos sospechosos: uno quedó en libertad y el otro fue sentenciado a 5 años de cárcel conmutables. Esta sentencia causó una fuerte indignación en Lesbia Artola, coordinadora del CCDA - Región Las Verapaces: “se ve que la vida de un defensor no vale nada.” Solo unas semanas antes de esta resolución, en octubre de 2019, sentenciaron a dos integrantes del CCDA, Jorge Coc y Marcelino Xol, a 35 años de prisión por homicidio, en un proceso que, según su abogada, está plagado de irregularidades3.

Actualmente el CCDA tiene registrados 1.024 casos de criminalización con ordenes de captura contra integrantes de la organización, entre ellos 324 mujeres. Además, están apoyando a 6 defensores presos y a sus familias. Este año han registrado 6 desalojos extrajudiciales y 3 “supuestamente” judiciales (según el CCDA, los ordenes de desalojo conllevan ilegalidades), que han dejado a 125 familias en un absoluto desamparo: sin vivienda, tierra ni alimento.

Los asesinatos, criminalizaciones y desalojos causan mucho sufrimiento en las familias y comunidades4. En los últimos años han aumentado los desalojos judiciales violentos y los que llevan a cabo actores armados no estatales. Expulsan a comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y, en la mayoría de los casos, esto ocurre en los departamentos que dedican grandes extensiones de tierra a monocultivos de exportación. Los altos índices de pobreza y extrema pobreza en estas regiones, están íntimamente ligados a la falta de acceso a la tierra que sufre la mayoría de la población. La tierra se concentra en pocas manos que la dedican a los monocultivos.

Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2014, Alta Verapaz es el departamento con mayor pobreza (83.1%) y extrema pobreza (53.6%) del país.

La aparición de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), creada en 2019 por terratenientes de la región de AV, ha contribuido considerablemente al empeoramiento de la conflictividad5. Su propósito es “promover, ejercer y proteger el derecho a la propiedad,” ante “las organizaciones internacionales y nacionales qué cometen los delitos de usurpación y usurpación agravada y todos los crímenes conexos contra la propiedad privada de los guatemaltecos”6. La ACDEPRO ha estado muy presente en diferentes canales de televisión y radio, y ha emitido comunicados y ruedas de prensa, denunciando la falta de actuación por parte de las autoridades para ejecutar desalojos en terrenos que afirma están ocupados por personas de ONGs campesinas. Organizaciones como el CCDA, la UVOC Y el Comité de Unidad Campesina (CUC) están sufriendo difamaciones por parte de esta asociación, que les acusa de ser “delincuentes y usurpadores” y pertenecer a “estructuras de crimen organizado”. ACDEPRO está empleando un discurso de odio para deslegitimar la labor de defensa de acceso a la tierra y de los derechos laborales de la población indígena y campesina, que llevan a cabo las lideresas y los líderes de estas organizaciones.

Las organizaciones campesinas mencionadas rechazan enérgica y conjuntamente estos señalamientos y reivindican su derecho ancestral a la tierra – derecho rechazado rotundamente por parte de la ACDEPRO –, considerando los despojos sufridos desde el tiempo de la colonia. La población indígena, no solo siguió perdiendo territorio, sino que fue obligada a trabajar de forma gratuita para los terratenientes y los gobiernos de turno. No fue hasta 1945, durante el gobierno de Juan José Árevalo, que el congreso abolió todo tipo de trabajo obligatorio.

La fuerte desigualdad en la tenencia de la tierra en Guatemala, es el resultado de la historia de despojo y explotación de los pueblos originarios. Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “en Guatemala, el 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra del país, mientras que el 2% de los productores comerciales usan el 57% de la tierra” (2017).

Alianza entre el CACIF y el MP

Otra preocupación para las organizaciones campesinas, es la creación, por parte del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) del Observatorio de Derechos de Propiedad. El objetivo de este Observatorio es “promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad, utilizando fuentes de información oficial que permitan transparentar y coadyuvar el actuar de la institucionalidad pública a cargo de garantizar estos derechos.”

En la actividad de lanzamiento, firmaron un convenio de cooperación con el MP. Seis meses después, el 3 de octubre de 2021, “para dar una respuesta eficaz y oportuna a la población guatemalteca y garantizar la protección al derecho humano de propiedad, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta inauguró la Fiscalía Especializada contra los delitos de usurpación, para la investigación y persecución penal de los delitos de usurpación, usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación de la posesión”. Entre 2020 y 2021 el MP recibió más de 3 mil denuncias relacionadas con el delito de usurpación.

El Estado ha apostado por abordar los conflictos de tierra por la vía judicial, desmantelando la institucionalidad encargada de encontrar soluciones pacíficas y favorables para todas las partes, creada con la firma de los Acuerdos de Paz: la SAA, que fue uno de los compromisos adquiridos con estos Acuerdos, fue cancelada en julio de 2020. Sus funciones fueron trasladadas a la COPADEH, organismo presidencial que se creó recientemente y que solo cuenta con una dirección de atención a la conflictividad que, en dos años de funcionamiento, ha asumido todos los conflictos del país, incluyendo los de carácter no agrario.”7.

De la SAA a la COPADEH

Según Helmer Velásquez, asesor político de UVOC, la SAA fue una institución rectora, creada para la prevención y resolución de conflictos agrarios en Guatemala. Contaba con un equipo capacitado encargado del diseño político-estratégico y de la ejecución, que facilitaba asistencia e intervención para la resolución justa y equitativa de controversias sobre la tierra. La SAA “fue creciendo en términos de calidad, tenía personal bilingüe – que era una demanda de las organizaciones campesinas – y contaba con un bagaje muy basto, archivos muy buenos sobre conflictos de tierra muy bien documentados”8.

Para Velásquez la SAA, aunque tenía fallas, era una institución con capacidades para la resolución de conflictos agrarios. Opinión que suscribe Jorge Luis Morales, integrante del equipo legal de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), quien describe a la SAA como una instancia que tenía voluntad institucional para interlocutar y gestionar demandas de titularización puntuales, pese a las dificultades de orden político 9.

Carlos Morales – coordinador de la UVOC – y Jorge Luis Morales, señalan que durante la existencia de la SAA se obtuvieron lentos – pero significativos – logros, con un impacto importante en la vida de cientos de familias indígenas y campesinas.

Según las organizaciones campesinas, la sustitución de la SAA por la COPADEH ha significado el retroceso de los lentos avances institucionales surgidos de los Acuerdos de Paz. Para Carlos Morales, pese a la voluntad de su personal, la capacidad de gestión de la Comisión es limitada por la falta de recursos para el seguimiento y la asistencia. Asimismo, Velásquez expresa que esta es una unidad reducida para la envergadura que tiene el tema agrario en Guatemala: “la institución es inoperativa, podemos contar con ella, pero el resto de la institucionalidad pública no le hace caso, no atiende sus requerimientos. Ellos dicen, con mucha honestidad, no tenemos capacidad, ni personal, ni tenemos posibilidad de ir al campo”.

Hoy las organizaciones campesinas e indígenas miran con preocupación el horizonte, pues tras años de reivindicación de sus derechos, han constatado que los procesos de recuperación de tierras están a merced de la voluntad política de los gobiernos de turno. Sin embargo, reafirman su compromiso de mantener el diálogo abierto con la institucionalidad disponible, aunque flaquee y los desafíos sean cada vez mayores. Contra la desesperanza, entienden que su lucha histórica por la tierra y la defensa del territorio es de largo recorrido. Por ello van a seguir organizándose y construyendo redes, porque como afirma Carlos Morales, su lucha es por la vida misma, en dignidad.

7 Según su informe de trabajo correspondiente al segundo trimestre de 2022, la COPADEH durante este año atendió 83 casos a nivel nacional, de los cuales 58 eran de naturaleza agraria, y ha contado con 8 mesas de diálogo para atender toda la conflictividad social.