Esta última semana de mayo, volvió a salir a la luz pública la preocupante situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). En julio 2018, sin mayores explicaciones, fue despedido Gustavo Meoño, quien fue su director desde 2005. Desde inicios de este año, y de forma paulatina, se ha seguido despidiendo personal. Al día de hoy solo unas 35 personas trabajan en el Archivo, cuando en el pasado se llegó a contar con un equipo de 200 trabajadoras y trabajadores.

El AHNP está administrado por el Archivo General de Centro América, que a su vez está bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Deportes. A pesar de ello, el próximo mes de junio vence el contrato de alquiler de las instalaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) - dependencia del Ministerio de Gobernación (Mingob) – en las que está ubicado. Hasta el momento, Enrique Degenhart, actual ministro de Gobernación, no ha firmado un nuevo convenio que asegure la permanencia del Archivo en dichas dependencias.

Degenhart anunció el lunes 27 de mayo su intención de crear una mesa técnica, con la participación del Ministerio de Cultura y Deporte y el Mingob, “para analizar el acceso a dichos documentos por considerar que tienen información ‘sensible’ para el país”. El Relator para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, reaccionó a estos comentarios en las redes sociales: “Los archivos que incluyen graves violaciones a los derechos humanos –como los de la Policía Nacional de #Guatemala– deben tener amplio acceso público y preservarse fuera del control de las agencias que participaron en esas violaciones. No aplica Seguridad Nacional".

Esta situación está generando preocupación entre las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, así como en todas las personas e instituciones que trabajan por la memoria histórica. Todas ellas exigen al Estado “tomar las acciones necesarias que garanticen la seguridad, preservación y accesibilidad de los documentos del AHPN en el edificio donde se encuentran, para que las organizaciones de víctimas, de familiares, de derechos humanos, académicos y usuarios sigan teniendo acceso”1. El Estado debe crear las condiciones “para que el archivo pueda contribuir a cimentar el derecho que tenemos todos los habitantes del país de acceder a los archivos y registros estatales, pero, sobre todo, para conocer la verdad de los hechos que han definido la historia del país”2.

El 16 de mayo el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, “presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo en contra de ambos ministerios para solicitar el resguardo de dichos documentos históricos en el inmueble de la zona 6”, donde se encuentra el Archivo, argumentando que “existe el riesgo que, al finalizar el plazo, el Mingob exija la devolución inmediata del edificio y como consecuencia se desordene, destruya, desaparezca o deteriore la información y documentos que lo conforman. Este amparo no ha sido resuelto todavía. Ante las declaraciones del ministro de Gobernación, el Procurador pidió certeza para el uso del inmueble: “Como guatemaltecos tenemos que preservar esto y lo único que se está pidiendo es que suscriban (el convenio) para el uso del inmueble y que la población y las instituciones tengamos acceso, porque es un acceso a la verdad”.

El AHPN fue descubierto en 2005 por la PDH en las instalaciones de la PNC y en condiciones precarias. Gracias al trabajo de resguardo y cuidado de activistas de derechos humanos, se logró habilitar las instalaciones policiales y llevar a cabo un trabajo profesional de archivística, con el fin de recuperarlo y facilitar el acceso público a los más de 80 millones de documentos encontrados, que registran 116 años (1882-1997) de existencia de la Policía Nacional. Durante el tiempo que el Archivo estuvo funcionando a pleno rendimiento, se lograron digitalizar los documentos comprendidos entre 1975 y 1985, la década más cruenta del conflicto armado interno (1960-1996). El AHPN está considerado patrimonio histórico único en Latinoamérica. Los procesos de archivar y digitalizar aún no han terminado.

Los documentos del AHPN han sido claves para llevar ante la justicia a responsables de graves crímenes (varios de ellos altos mandos de la policía y del ejército), en casos tan emblemáticos como: la desaparición forzada del líder estudiantil Fernando García, la masacre de la Embajada de España y el caso Molina Theissen.

El trabajo del AHPN ha sido financiado, fundamentalmente, por la cooperación internacional.