En el 2020 se ha producido un agravamiento de la conflictividad agraria con un aumento de las amenazas de desalojos de diversas comunidades, así como ataques hacia líderes y lideresas que defienden el derecho a la tierra y el territorio, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Un ejemplo de esto fue el desalojo, perpetrado en abril, de más de 36 familias indígenas maya Poqomchi´ de la comunidad de Washington (Purulhá, Baja Verapaz). Este es un caso paradigmático por ser el primero ejecutado durante el Estado de Calamidad, cuando fue anunciado que todas las órdenes de desalojo quedaban suspendidas. Fue ejecutado por actores no estatales y por tanto sin la presencia de las autoridades de seguridad pública ni de las autoridades garantes de cumplir con el respeto a los DDHH. Se perpetró con violencia pues las viviendas fueron quemadas, los cultivos destruidos y las personas desalojadas no pudieron llevarse sus pertenencias ni fueron reubicadas. En el mes de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de las familias y solicitó al Estado de Guatemala la implementación de medidas necesarias para proteger su derecho a la vida y a la integridad personal.