Las preocupaciones por la situación de comunidades campesinas e indígenas que han sufrido, o corren el riesgo de sufrir, procesos de desalojos se han mantenido elevadas durante el año. En el mes de julio, la CIDH y expertas de la ONU expresaron su preocupación por la situación de desalojos forzosos y desplazamiento interno en Guatemala, especialmente en los casos de las familias de las comunidades Laguna Larga (Petén), Chaab´il Ch´och’ (Izabal), Nueva Semuy Chacchilla (Alta Verapaz) y La Cumbre Sa’kuxhá (Alta Verapaz), que cuentan con medidas cautelares otorgadas por esta institución. Además de las preocupaciones por el respeto de las medidas contenidas en las directrices internacionales sobre desalojos, la CIDH señaló la problemática de desplazamiento interno ocasionada por los desalojos forzados, que han dejado a muchas personas en una grave situación de emergencia humanitaria y vulneración múltiples de sus derechos humanos.

El derecho al territorio y a la gestión de los bienes naturales, especialmente de los pueblos indígenas, ha seguido siendo uno de los principales motivos de conflicto en el país durante el año. En el mes de mayo, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas realizó una visita oficial a Guatemala. En el informe final del viaje, la Relatora señaló que la situación de los pueblos maya, xinka y garífuna está caracterizada por graves problemas estructurales, en particular la falta de protección de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos y la discriminación racial que permea todos los ámbitos. Expresó suma preocupación por el recrudecimiento de la violencia, los desalojos forzosos y la criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos y señaló la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional y la extrema desigualdad económica y social como los obstáculos principales para la resolución de los problemas. PBI contribuyó a que defensores y defensoras acompañadas tuvieran la oportunidad de reunirse con la Relatora y que esta tomara en cuenta en su informe preocupaciones de PBI sobre la seguridad y protección de los y las defensoras indígenas.

En relación a los derechos de los Pueblos Indígenas al control de los territorios donde habitan, el 1 de marzo se presentó en el Congreso la iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas. Según los promotores de la iniciativa, la propuesta regula los procedimientos para someter a consulta de este sector el desarrollo de proyectos extractivos con el fin de dotar de certeza jurídica las obras y garantizar el respeto de los derechos de los pueblos de ascendencia maya, garífuna y xinca. Según el Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) -que en el mes de abril presentó a la CC una acción de amparo de esta iniciativa de ley-, y según diferentes representantes de los Pueblos Indígenas, analistas independientes e incluso instancias internacionales como las Naciones Unidas, la Ley brindará la facultad al Estado de decidir qué asuntos son materia de consulta, y a quiénes se les debe consultar, ilegalizando las consultas impulsadas directamente por los pueblos. Además, la consulta ya no será vinculante, sino un mecanismo para llegar a acuerdos entre los pueblos y las empresas, con la implementación de medidas de mitigación para los pueblos. Finalmente, instaurará el mecanismo de toma de decisión a través de representantes “cualificados” de las estructuras organizadas de los pueblos, desconociendo la toma de decisión directa y por consenso que utilizan las comunidades indígenas. A finales de 2018, la ley de consultas comunitarias aún no había sido promulgada.

En este contexto, en el mes de septiembre la CC ordenó que se llevase a cabo una consulta a las comunidades xinkas cercanas a la Mina San Rafael (departamentos de Santa Rosa y Jalapa), de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La sentencia reconoce que los xinkas existen, señala que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cometió una ilegalidad al no consultarlos y establece condiciones para que varias instituciones del gobierno vigilen que la Minera San Rafael opere sin causar un impacto negativo en la comunidad y el ambiente. Si bien los empresarios de la mina rechazan la resolución, catalogando la suspensión como arbitraria, el MEM inició los trámites para la realización de la consulta.

Por otro lado, en el mes de diciembre la Resistencia Pacífica de La Puya, constituida por comunidades de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala) que se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada (suspendido por la CC desde febrero de 2016), denunciaron públicamente que la empresa estadounidense propietaria de la mina presentó una demanda de arbitraje en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglos de disputas de inversiones (CIADI), bajo el amparo del tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. Lo anterior representa una nueva violación al derecho de autodeterminación de las comunidades locales.