El derecho al acceso a la tierra y a la gestión de los recursos naturales, especialmente en territorio de los pueblos indígenas, ha seguido siendo entre los principales motivos de conflicto en el país.

En enero la CC declaró inconstitucional el acuerdo gubernativo 145-2013, (...) por medio del cual se establecía la urgencia nacional para la construcción de las obras del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET) y el Plan de Electrificación Rural, luego del amparo interpuesto por varias organizaciones en el 2017. Con esta sentencia se declara el acuerdo gubernativo contrario a las normas constitucionales (…) y se señala que el Presidente de la República no tiene competencia para tomar ese tipo de declaraciones respecto a la electrificación del país.

En el informe, de marzo de 2019, del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala al Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial con ocasión del examen de país sobre los avances en el acceso a la tierra y defensa del territorio se concluye que:

Sobre los avances en la adopción de una legislación relativa al acceso de la tierra por parte de los pueblos indígenas y la creación de un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales. Medidas adoptadas para prevenir que los pueblos indígenas sean desalojados forzosamente de sus territorios tradicionales y para mitigar el impacto de tales desalojos:

No se ha avanzado en la adopción de ninguna legislación relativa al acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas. Tampoco se ha avanzado en legislar para cumplir el mandato constitucional de respetar y asegurar la posesión tradicional y la propiedad ancestral de tierras indígenas. Cabe mencionar que el artículo 70 de la CPRG, en vigencia desde 1985, establece la obligación de emitir una ley específica para pueblos indígenas, lo cual no ha sido realizado. Por otra parte, no hay ninguna legislación que prevenga los desalojos de población indígena de sus tierras. Por el contrario, continúan realizándose desalojos judiciales sin que los pueblos indígenas hayan tenido acceso al debido proceso; el Estado no ha garantizado un catastro responsable que identifique las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, así como armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales (…)

En relación a la Situación de los pueblos indígenas que se ven afectados por el desarrollo de proyectos económicos o de explotación de recursos naturales, en particular en cuanto a sus derechos a la tierra y recursos naturales, así como al agua, a la alimentación, y a la salud. Información sobre los estudios de impacto ambiental y derechos humanos llevados a cabo antes de otorgar licencias a compañías en la industria extractiva o proyectos hidroeléctricos.

El Estado no ha respetado los derechos de los Pueblos Indígenas ni a su tierra y territorio, ni a su libre determinación sobre el contenido y la forma de obtener su desarrollo. El Estado no garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y ha continuado otorgando licencias para la industria extractiva y proyectos hidroeléctricos, sin que los Estudios de Impacto Ambiental reflejen la realidad de los impactos negativos en los lugares donde son autorizados los proyectos; por lo mismo, los EIA no contienen formas de mitigación o reparación social, cultural y ambiental en los territorios mismos y zonas de afectación directa e indirecta. El Estado tampoco ha sido efectivo en asegurar que las tierras y territorios donde habitan (y han habitado) los pueblos indígenas, sean respetados, incluyendo el manejo de los bienes naturales contenidos en ellos.