Siguen los desalojos y la violación de derechos de las comunidades indígenas

En Guatemala, la conflictividad entorno a la tenencia de la tierra es una problemática histórica y estructural no resuelta, que muchas veces culmina en desalojos de comunidades indígenas y campesinas, socavando derechos ancestrales de estas comunidades y vulnerando derechos humanos básicos. Según la organización Cristosal, en 2022 el Gobierno de Guatemala desalojó a 85 comunidades indígenas. En el primer semestre de 2023 han continuado los desalojos, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, pese a que el principal documento que establece los estándares internacionales sobre desalojos, el Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, en su punto 49 los prohíbe en contexto electoral.

Concretamente, desde PBI dimos seguimiento a diversos casos, a través de los acompañamientos a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y al Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Las Verapaces:

  • Intento de desalojo de la comunidad Nuevo Paraíso (Cobán, Alta Verapaz): el 21 de abril de 2023 recibimos aviso de tentativa de desalojo extrajudicial de esta comunidad por parte de personas armadas, presuntamente ligadas a la empresa Agro Palmito RL. Aunque alertada tanto por la comunidad como por PBI, la Policía Nacional Civil (PNC) no acudió a prestar ayuda.
  • Amenaza de desalojo de la comunidad Lajeb Kej (Tucurú, Alta Verapaz): en mayo de 2023 recibimos aviso de una amenaza de desalojo de la comunidad de su tierra ancestral que está siendo disputada por finqueros y otros agentes privados. Finalmente, el desalojo no se llevó a cabo. Sin embargo, la orden de desalojo sigue vigente.
  • Intento de desalojo judicial de la comunidad Canasec (San Juan Chamelco, Alta Verapaz): el 7 de junio de 2023 recibimos el aviso de emergencia por desalojo judicial de esta comunidad. Finalmente, el desalojo no se llevó a cabo por no cumplir con el protocolo que prevé que se garanticen medidas de reubicación para las familias afectadas. Sin embargo, la orden de desalojo sigue vigente.

Frente a esta problemática, en marzo de 2023, una Icono PDF misión independiente de investigación formada por juristas internacionales especializados en derechos humanos viajó a Alta Verapaz para reunirse con comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del gobierno con el fin de comprender las causas estructurales de la violencia rural. Las y los abogados observaron una criminalización generalizada derivada de las denuncias de propietarios privados contra las comunidades y una falta de reconocimiento legal, institucional y práctico de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos, así como la incapacidad del Estado para impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima contra familias indígenas y comunidades rurales, especialmente durante desalojos.

Por otro lado, el 19 de julio, unas 130 familias de la comunidad de población retornada Kumatz, en Huehuetenango, sufrieron un desalojo violento ejecutado por más de 2.500 agentes de la PNC. El  despojo de tierra a poblaciones indígenas en esta región viene de lejos y se ha producido de forma sistemática debido a la expansión del cultivo de palma aceitera y de actividades extractivas. Las familias desalojadas son de origen maya Q´anjob´al, Akateko y Chuj y son sobrevivientes del CAI y descendientes de personas desplazadas que se vieron forzadas a dejar sus tierras en ese tiempo para refugiarse en México. Ahora han vuelto para recuperar, tanto sus tierras ancestrales, como los restos de sus familiares asesinados. Algunas de estas personas son ancianos que afirman que sus nombres están registrados en las escrituras de propiedad de la tierra y que esa fue la razón que les motivó a regresar. Según el MP, en la diligencia del desalojo también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación, con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al presunto propietario. La creación de esta fiscalía fue empujada por el Observatorio de Derechos de Propiedad, creado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hace un año.

Como contrapeso de este panorama desolador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Guatemala por haber autorizado operaciones de la mina Fénix en propiedades de comunidades Maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal. La CorteIDH ha ordenado al Estado entregar los títulos de las tierras al pueblo Q’eqchi’ y consultar a dichas comunidades sobre el proyecto minero que opera en la zona desde hace más de 50 años. La demanda fue presentada por la comunidad Agua Caliente Lote 9, que pidió reparación, por parte del Estado, por haber violentado sus derechos “frente a la política agraria y proyectos de industria extractiva en sus territorios”, así como la falta de medidas legislativas y administrativas por parte de Guatemala, tales como la inscripción de sus tierras compradas en la municipalidad, para asegurar sus derechos territoriales y de autogobierno. Este caso está enraizado en la historia de despojo que llevan sufriendo los pueblos originarios de Guatemala desde hace mucho tiempo, tal y como se explica en el siguiente párrafo: “El municipio El Estor resume en sus tierras buena parte del despojo de los últimos siglos en Guatemala. (...) sus pobladores originarios fueron expropiados a mediados del siglo XIX para ubicar un establecimiento (The Store) para el comercio de café y otras mercancías desde el área de Alta Verapaz hacia el mar Caribe a través del lago de Izabal (Grandia, 2010; Vásquez Monterroso, 2020, AVANCSO, 2021). Cien años después, los gobiernos militares cedieron el territorio a la compañía canadiense Inco para la explotación de níquel a través de la empresa Exmíbal (Exportadora de Mineral de Izabal). Empezó así el trazo de muerte y represión que ha llegado hasta nuestros días”.