En el 2020 se ha producido un agravamiento de la conflictividad agraria con un aumento de las amenazas de desalojos de diversas comunidades, así como ataques hacia líderes y lideresas que defienden el derecho a la tierra y el territorio, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Un ejemplo de esto fue el desalojo, perpetrado en abril, de más de 36 familias indígenas maya Poqomchi´ de la comunidad de Washington (Purulhá, Baja Verapaz). Este es un caso paradigmático por ser el primero ejecutado durante el Estado de Calamidad, cuando fue anunciado que todas las órdenes de desalojo quedaban suspendidas. Fue ejecutado por actores no estatales y por tanto sin la presencia de las autoridades de seguridad pública ni de las autoridades garantes de cumplir con el respeto a los DDHH. Se perpetró con violencia pues las viviendas fueron quemadas, los cultivos destruidos y las personas desalojadas no pudieron llevarse sus pertenencias ni fueron reubicadas. En el mes de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de las familias y solicitó al Estado de Guatemala la implementación de medidas necesarias para proteger su derecho a la vida y a la integridad personal.
En el 2022 solo entre las organizaciones acompañadas por PBI en el departamento de Alta Verapaz se suman más de 1.000 órdenes de captura contra lideresas y líderes comunitarios y hay comunidades que cuenten con más de 40 órdenes de captura. Estas personas, para no arriesgarse a ser capturadas, se mantienen en sus comunidades sin salir, lo que les impide el acceso a centros de salud, de educación y a mercados locales para vender sus productos, todo lo cual contribuye a su empobrecimiento y a la precarización de sus vidas y las de sus familias. Señalamos en este sentido el caso de María Cuc Choc, condenada a finales de junio de 2022 a 2 años de prisión conmutables por usurpación agravada. La defensora fue acusada por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2016, un desalojo contra 58 familias Q’eqchí’ de la comunidad Chab´il Ch´och´. Su labor comunitaria como intérprete del idioma maya Q’eqchí’ al español a favor de las familias desalojadas, fue utilizado por la empresa Lisbal, S.A., que la señaló de usurpar una finca que históricamente le pertenece a dicha comunidad, por lo que se le acusó falsamente, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras IM-Defensoras.