Siguen los desalojos y la violación de derechos de las comunidades indígenas
En Guatemala, la conflictividad entorno a la tenencia de la tierra es una problemática histórica y estructural no resuelta, que muchas veces culmina en desalojos de comunidades indígenas y campesinas, socavando derechos ancestrales de estas comunidades y vulnerando derechos humanos básicos. Según la organización Cristosal, en 2022 el Gobierno de Guatemala desalojó a 85 comunidades indígenas. En el primer semestre de 2023 han continuado los desalojos, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, pese a que el principal documento que establece los estándares internacionales sobre desalojos, el Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, en su punto 49 los prohíbe en contexto electoral.
Concretamente, desde PBI dimos seguimiento a diversos casos, a través de los acompañamientos a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y al Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Las Verapaces:
- Intento de desalojo de la comunidad Nuevo Paraíso (Cobán, Alta Verapaz): el 21 de abril de 2023 recibimos aviso de tentativa de desalojo extrajudicial de esta comunidad por parte de personas armadas, presuntamente ligadas a la empresa Agro Palmito RL. Aunque alertada tanto por la comunidad como por PBI, la Policía Nacional Civil (PNC) no acudió a prestar ayuda.
- Amenaza de desalojo de la comunidad Lajeb Kej (Tucurú, Alta Verapaz): en mayo de 2023 recibimos aviso de una amenaza de desalojo de la comunidad de su tierra ancestral que está siendo disputada por finqueros y otros agentes privados. Finalmente, el desalojo no se llevó a cabo. Sin embargo, la orden de desalojo sigue vigente.
- Intento de desalojo judicial de la comunidad Canasec (San Juan Chamelco, Alta Verapaz): el 7 de junio de 2023 recibimos el aviso de emergencia por desalojo judicial de esta comunidad. Finalmente, el desalojo no se llevó a cabo por no cumplir con el protocolo que prevé que se garanticen medidas de reubicación para las familias afectadas. Sin embargo, la orden de desalojo sigue vigente.
Frente a esta problemática, en marzo de 2023, una misión independiente de investigación formada por juristas internacionales especializados en derechos humanos viajó a Alta Verapaz para reunirse con comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del gobierno con el fin de comprender las causas estructurales de la violencia rural. Las y los abogados observaron una criminalización generalizada derivada de las denuncias de propietarios privados contra las comunidades y una falta de reconocimiento legal, institucional y práctico de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos, así como la incapacidad del Estado para impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima contra familias indígenas y comunidades rurales, especialmente durante desalojos.