El derecho al acceso a la tierra y a la gestión de los recursos naturales, especialmente en territorio de los pueblos indígenas, ha seguido siendo entre los principales motivos de conflicto en el país. El 1 de marzo de 2018 se presentó en el Congreso la iniciativa de ley de consulta a los pueblos indígenas. Según los promotores de la iniciativa, la propuesta regula los procedimientos para someter a consulta de este sector el desarrollo de proyectos extractivos con el fin de dotar de certeza jurídica las obras y garantizar el respeto de los derechos de los pueblos de ascendencia maya, garífuna y xinka. Según diferentes representantes de los Pueblos Indígenas, analistas independientes e incluso instancias internacionales como las Naciones Unidas, la ley brindará la facultad al Estado de decidir qué asuntos son materia de consulta, y a quiénes se les debe consultar, ilegalizando las consultas impulsadas directamente por los pueblos; además, la consulta ya no será vinculante, sino un mecanismo para llegar a acuerdos entre los pueblos y las empresas, con la implementación de medidas de mitigación para los pueblos; finalmente, instaurará el mecanismo de toma de decisión a través de representantes “cualificados” de las estructuras organizadas de los pueblos, desconociendo la toma de decisión directa y por consenso que utilizan las comunidades indígenas.

En el mes de abril, el Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) presentó a la CC una acción de amparo de esta iniciativa de ley que, a criterio del CPO, violenta varios derechos de los pueblos indígenas, desde el derecho a la consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al derecho de libre determinación y al derecho de consentimiento, libre, previo e informado establecidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas.

En este contexto, entre el 1 y el 10 de mayo la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realizó una visita oficial a Guatemala. Se desplazó a varios departamentos y mantuvo encuentros con diversidad de actores: autoridades, organizaciones de la sociedad civil, personal del Sistema de Naciones Unidas y otros integrantes de la comunidad internacional. Cerca de 10.000 autoridades y representantes de los pueblos indígenas asistieron a las reuniones con la Relatora. La señora Tauli-Corpuz, en su informe final, expresó su preocupación por la discriminación y marginación de los pueblos indígenas en Guatemala, refiriéndose a la pobreza extrema, la desnutrición, los desalojos forzosos y la persecución penal, instando al Estado a reconstruir su relación con los pueblos indígenas, así como a garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno. Algunas de las declaraciones textuales de la Relatora ilustran las preocupaciones mencionadas y su diagnóstico sobre la situación en Guatemala: Mientras estaba en el país, me reuní con un gran número de personas indígenas que habían sido desalojadas por la fuerza sin la provisión de asistencia humanitaria. También visité a varios líderes indígenas encarcelados que han sido acusados de delitos comunes que parecen exagerados y que han sido sometidos a largos periodos de detenciones preventivas. (...) La principal causa de la situación es la inseguridad de la tenencia de la tierra. Guatemala no ha adoptado legislación ni mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Muchos son dejados en situación de vulnerabilidad total frente a intereses en conflicto y a numerosos proyectos que se llevan a cabo sin consulta o sin el consentimiento de los pueblos interesados. (...) La criminalización de las y los líderes indígenas que buscan soluciones específicas y legales a las disputas por la tierra solo aumentará las tensiones en la sociedad. Es necesario que Guatemala identifique, asuma y comience a trabajar para la resolución de estos problemas estructurales.